La primera tentativa de solución monárquica

La cuestión itálica. La primera tentativa de solución monárquica.

En el Libro LUCHAS SOCIALES EN LA ANTIGUA ROMA
Profesor LEÓN BLOCH
Editorial Claridad. Buenos Aires
Revista de Arte, Crítica y Letras
Tribuna del Pensamiento Izquierdista Fundada el 20 de febrero de 1922

La sangre derramada en las elecciones para el tribunado en el año 133 señala una piedra miliaria en la evolución interna de Roma. Hasta en los momentos más agitados de la lucha entre patricios y plebeyos el curso regular de las cosas había sido sólo raramente, y siempre en proporciones mínimas, turbado por la violencia brutal. Pero, dado el gran cambio ocurrido en la situación, ya no era posible atenerse rígidamente a las viejas formas de la constitución y del derecho consuetudinario. Las viejas formas de la vida económica y política, ajustadas a las condiciones de un estado pequeño, ponían limitaciones insoportables para las ideas nuevas. Quien quería remediar real y eficazmente los males existentes; quien llegaba a comprender las contradicciones internas que roían la sociedad civil, no podía detenerse ante aquellas formas rígidas y anticuadas. Tiberio Graco no fue la víctima de algunas medidas ilegales, sino del gran plan en el que él, con muchos otros, veía la panacea universal. Pero con sus varias transgresiones que se referían menos al derecho escrito que al uso tradicional, igualmente respetado, Tiberio dio a los adversarios el pretexto deseado para justificar sus actos sangrientos ante sí mismos y ante los ojos de la multitud. Y estas dos manifestaciones —ruptura revolucionaria de las formas constitucionales, por un lado, y represión sangrienta, por el otro—, constituirán, la característica del último siglo de la república. Esta lucha desesperada entre revolución y reacción no termina sino cuando las nuevas ideas económicas y políticas han conseguido una victoria decisiva. Aun cuando ellas, especialmente las primeras, distaron todavía mucho de ser realizadas, la implantación de la monarquía encauzó la evolución económica por caminos más sólidos y más seguros, frustrando para siempre las veleidades reaccionarias de la aristocracia y creando el ambiente para la burguesía mundial, la que nos habla desde las muchas, grandes y ricas ciudades de las provincias orientales y bárbaras y que al fin encontró también su reconocimiento exterior en la concesión del derecho civil romano a todos los habitantes del Imperio.

No hay que admitir que Tiberio Graco hubiera pensado, ni en sueños, en semejante evolución. Si más tarde otras medidas democráticas, intentadas y en parte realizadas por otros conductores del pueblo, fueron calificadas como su programa, esto no es más que una deducción "a posteriori". Lo que mayormente impulsaba a Tiberio Graco era el restablecimiento de un pueblo sano, y con toda seriedad abrigaba la esperanza de que una renovación de la antigua clase agrícola pudiera constituir la base sólida para la joven potencia mundial. Mucho más se acercan a aquella finalidad los planes de su hermano, Cayo, superior a él en talento y energía, quien diez años después ocupó el cargo de tribuno, intentando, con medidas profundas y vastas, no sólo eliminar los males presentes, sino evitar para siempre su retorno.

Empero, ¿qué curso había tomado, entretanto, en Roma el movimiento reformador? A pesar de que la aristocracia mostraba abiertamente su indignación y su sed de venganza contra los partidarios del asesinado, su obra había quedado intacta. En el regocijo por la victoria se mezclaba también el miedo ante el rumbo recién escogido, ante el inaudito espectáculo de la lucha callejera. Los vencedores se cuidaron mucho de provocar al proletariado con nuevas medidas reaccionarias. Una segunda vez la multitud no habría, por cierto, bajado sus brazos frente a los altos magistrados y las cabezas grises de los "yunkers" enfurecidos. En los numerosos procesos incoados después de la muerte de Tiberio, los vencedores se cuidaron mucho de perseguir a los cabecillas del movimiento, prefiriendo vengarse contra modestos ciudadanos, figuras secundarias y extranjeros, cuya desaparición excitaba poco los ánimos. Hasta se permitió que su hermano y su suegro, conjuntamente con un sustituto de Tiberio, continuaran ejerciendo el comisa-riado para la aplicación de la ley agraria. La nobleza quería demostrar que se había recurrido a la violencia sólo por causa de las aspiraciones "monárquicas" del tribuno, pero que ella se sujetaba lealmente a la ley y a la voluntad expresa del pueblo. El negocio se llevó adelante y los nuevos campesinos entraron en posesión de las tierras asignadas. Si las listas ciudadanas de aquella época muestran un aumento de casi 80.000 cabezas, mientras que antes se había advertido una disminución, esto da una idea de los efectos de la ley agraria.

El partido reformista moderado, a cuya cabeza estaba el "juicioso" Lelio, opinaba que sobre esa nueva base se hubiera podido vivir en paz durante cierto tiempo, es decir, hasta que la inevitable decadencia del viejo sistema, ligeramente reformado, descompusiera de nuevo las condiciones más ventajosas del presente. En su fatua miopía creían haber encontrado la salvación en la inalienabilidad de los bienes y no contaban con el aumento de la natalidad a raíz del mejoramiento de la situación material, con la impotencia de los nuevos propietarios indigentes frente a las crisis económicas, a las adversidades, a las malas cosechas, etc. y con los efectos de la libre elección de domicilio. A este partido le parecía que lo más urgente e importante era poner término a las actividades ulteriores de la Comisión de los tres, lo que, por otra parte, estaba plenamente justificado. Dentro del territorio romano propiamente dicho la tarea estaba terminada, y la Comisión había ya empezado el reparto en las regiones de los Confederados, como eran llamados los itálicos, de las tierras confiscadas en el pasado y arrendadas en gran parte a aquéllos. Pero con este acto se tocaba uno de los problemas más candentes: el de las relaciones de los Confederados con Roma. Se debe a esta acción inicial de la Comisión el que la cuestión itálica se transformara de entonces en adelante en uno de los elementos más esenciales del problema social de Italia. La posición de los Confederados itálicos frente a Roma era, conforme a los convenios, desde la guerra contra Aníbal (219, -201) favorable en la medida según la cual en la antigüedad se determinaban generalmente las relaciones de los aliados con la potencia preponderante. La Confederación reposaba principalmente sobre la comunidad del ejército. Los itálicos estaban exentos de tributos y corveas , por lo cual no se sentían molestos si en épocas de peligro común tenían que reconocer el mando romano al incorporarse en el ejército. Pero esta obligación se tornó mucho más pesada desde el momento en que se trató no ya de defenderse contra un enemigo cercano y común, sino de conquistar con graves sacrificios nuevas fuentes de explotación para los graciosos señores y superiores en Roma y de procurar al proletariado urbano de la metrópoli pan barato y magníficos espectáculos en el circo. A este respecto hay que observar que, aun cuando el contingente militar romano estaba ya en aquella época integrado prevalentemente por proletarios, tal preponderancia del elemento indigente no se advertía aún entre los Confederados. Sin embargo, éstos debían suministrar el contingente completo convenido, sin tenerse en cuenta la eventual falta de hijos y los perjuicios económicos resultantes por la ausencia del único sustentador de la familia. Por otra parte, participaban en proporciones modestas en la división de las ventajas de las guerras, recibiendo sólo una ínfima parte del botín, siendo hasta en esto pospuestos a los soldados romanos. Todo esto no compensaba ni aproximadamente las desventajas de la política imperialista romana. Llenos de envidia los Confederados contemplaban las ventajas que Roma sacaba de esa política, por lo cual la conquista de los derechos civiles vino a ser su aspiración principal. No todos los Confederados veían la solución del problema en el otorgamiento de la ciudadanía romana. Hasta tanto se hubiera quebrantado el principio de la Ciudad - Estado, la posesión de los derechos civiles y políticos era de muy poca importancia para los que habitaban lejos de Roma . Una parte de los Confederados rechazaba, pues, cualquier política mundial y trataba de librarse completamente de una unión demasiado cara.

Por otra parte, la población de Roma estaba poco dispuesta a satisfacer aquel deseo. La concesión de los derechos civiles a todos los itálicos aparecía a los romanos como una desvalorización de las "acciones" del Estado en más del 50 %. Sólo los estadistas romanos más perspicaces y clarividentes comprendían que se debía romper el sistema de despojo, que el viejo ideal del Estado unilateralmente consumidor se había sobrevivido y que la ciudad - estado era demasiado débil para servir de base al Imperio mundial, y por eso apoyaban las aspiraciones de los Confederados. Ellos habían aprendido de los ejemplos de los fenicios, de los atenienses y de otros pueblos a dónde llevaba la política expansionista que careciera de bases sólidas. Los Confederados representaban ahora, por su superioridad numérica y sus contingentes militares no inferiores a los de Roma, un peligro para la metrópoli, tanto más cuanto que la creciente proletarización de ésta debía con el tiempo minar la fuerza física del pueblo. Roma iba perdiendo sus sanos y vigorosos reclutas rurales, mientras los pueblos montañeses del Apenino, principalmente los samnitas, habrían podido sacarla de una manera exuberante del grave embarazo.

El problema se planteó, ante todo, en el sentido de si la confiscación de las tierras fiscales debía detenerse ante las posesiones de los Confederados. En caso de una decisión negativa era imprescindible otorgarles la ciudadanía romana y hacerlos partícipes de las ventajas de la política imperialista. Roma hubiera ganado con este procedimiento, por cuanto, aunque en los Estados federados la clase agrícola se encontraba en fuerte regresión, la situación no era tan mala como en el territorio romano. Considerable número de ciudadanos romanos hubiera podido hallar su sustento en los territorios de los Confederados. Empero, si se hubiesen confiscado sin indemnización y en favor de proletarios romanos las tierras fiscales que se encontraban en poder de los Confederados, habríase provocado una sublevación general de los damnificados. Mas Roma no estaba preparada para una guerra itálica, como lo demostró el hecho de! que aun con la ayuda de los Confederados apenas se pudo dominar las revueltas de los esclavos estalladas en las provincias.

En esta situación apremiante tanto los antirreformistas como los reformistas moderados sostenían que no se debía ni acceder a las pretensiones de los Confederados, ni irritarlos con confiscaciones. En ese sentido obraba especialmente Escipión el Africano, recién llegado de España con nuevos laureles de gloría . Escipión hizo tomar algunas resoluciones, por las cuales, si bien no se suprimía la Comisión de los tres, se la convertía en órgano impotente, por cuanto se le sustraía la decisión suprema sobre la fijación de las antiguas tierras fiscales. Durante la viva agitación provocada por el grave asunto, Escipión falleció repentinamente, y a menudo se expresa la suposición de que aquí se trata de un asesinato político, de un acto cobarde de venganza de parte de los graquianos. Pero entonces nadie pensó en un asesinato: ni el hermano del muerto, ni su amigo Lelio, ni el Senado, los que difícilmente habrían dejado escapar tan excelente ocasión de atacar a los demócratas. Para los asesinos del vencedor de África y España el pueblo romano no hubiera, ciertamente, tenido ninguna simpatía. Sólo la creciente exasperación de los partidos dio lugar con el tiempo a la invención de aquella leyenda. Si Escipión murió realmente de muerte violenta, como dejan suponer algunos detalles de su entierro, a los asesinos no había que buscarlos, por cierto, en el campo democrático. Y su familia no hubiera tenido ningún motivo para hacer desaparecer las huellas del crimen. Se trató más bien de una venganza privada, la que podía arrojar alguna sombra también sobre el asesinado. También el hecho de que se prescindió por completo de funerales públicos, habla más bien en contra de Escipión que en contra de sus adversarios políticos.

Escipión murió o fue asesinado justamente cuando había anunciado un discurso acerca del problema de los Confederados. A éstos no les interesaba para nada el ser excluidos de la ley de Tiberio. Muchos de ellos reclamaban justamente ahora, y con ímpetu, la ciudadanía romana, aunque con su obtención quedaran sujetos a la susodicha ley. El precio no les parecía muy elevado y, por otra parte, una regulación de la posesión no podía tampoco perjudicarlos. La agitación se hizo tan viva que el Senado ordenó la expulsión de los Confederados que se habían establecido en Roma, para así privarlos del contacto con los tribunos romanos, los cuales favorecían sus pretensiones. El Senado había logrado inducir a un tribuno a presentar a la Asamblea popular la propuesta de expulsión y el pueblo, a pesar de la opinión contraria de sus valientes jefes, aprobó, en su estrechez política, la expulsión, oponiéndose al mismo tiempo a la moción de un ardiente graquiano, Fulvio Flaco, por la cual se buscaba facilitar a los Confederados la adquisición de los derechos civiles.

El rechazo de la proposición de Flaco fue la señal de la guerra. Una de las Comunas confederadas más próximas y más poderosas, Fregella, se declaró de inmediato libre de sus obligaciones federales, esperando evidentemente que se le unieran otras Comunas igualmente perjudicadas. Empero, la sublevación fue prematura. Los itálicos carecían todavía en absoluto de organización, por lo cual faltó la ayuda esperada. Fregella sola no pudo resistir a la potencia romana, tanto menos cuanto que algunos traidores dentro de sus mismas murallas facilitaron la entrega de la ciudad a los sitiadores. El terrible tribunal romano, el Senado, dispuso la destrucción total de Fregella. Mas la causa de los Confederados había recibido su bautismo de sangre, igual que antes el problema social con el asesinato de Tiberio Graco y sus adherentes, por lo que existía la garantía de que con el tiempo la cuestión itálica encontraría una solución radical.

Cayo Graco, hermano del tribuno asesinado, fue el que comprendió ambos problemas, el social y el itálico, en su relación indisoluble y en toda su trascendencia. Vio también claramente que los medios hasta entonces empleados no eran más que paliativos para ocultar los síntomas del mal y que el remedio radical consistía, desde luego, en una nueva base de la vida social, en una nueva constitución del Estado. Pero no había llegado aún el momento para convertir en realidad todo lo que él reputaba necesario. Era preciso obrar con mucha prudencia para hacer aceptar poco a poco al pueblo los nuevos conceptos políticos. Hasta que no se hubiera descubierto y desarrollado el parlamentarismo, la liberación económica de las masas no podía alcanzarse más que por su espontánea y firme subordinación a una voluntad poderosa y renunciando a desgastar las energías en una estéril politiquería para dedicarlas a los intereses prácticos de la vida y al trabajo social y productivo. La soberanía popular, con su órgano principal, la Asamblea popular, constituía ya ahora la mayor injusticia hacía los abe habitaban lejos del centro y por eso un absurdo político.; Qué habría sido de ella el día en que se hubiera debido acceder a la aspiración de los Confederados de ser considerados como ciudadanos romanos? Protección contra la dominación del pueblo de Roma y contra la del Senado: esto era lo que se requería y que no podía obtenerse más que con el gobierno unipersonal.

Sin embargo la monarquía, el gobierno unipersonal, la tiranía, no eran el lema bajo el cual Cayo Graco hubiera podido realizar entonces su programa. Todavía cien años después Augusto tendrá que cuidarse de dar al pueblo la impresión de que la República había cesado de existir. Cayo Graco se puso, pues, a la obra preliminar con mucha circunspección, procurando de una parte establecer la base para un poder unipersonal, y por la otra, despojar los poderes existentes de su fuerza y prestigio, y todo esto menos por el camino rumoroso de la legislación que por la silenciosa creación de precedentes, los que bastaba repetir a menudo para convertirlos en partes integrantes del derecho consuetudinario, tan potente en Roma.

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La base para su actividad la constituyó el tribunado del pueblo. Cayo ocupó esta magistratura por dos años sucesivos (123 y 122), no obstante fuera poco antes rechazada una proposición por la que se quería declarar admisible el ejercicio continuado del cargo de tribuno. A él le bastaba que ninguna ley lo prohibiera expresamente. Sus enemigos no se atrevieron a oponerse a la reelección, consolándose con el mezquino argumento de que no había habido candidaturas adversarias a la de Graco. Este presentó su candidatura por tercera vez, dando así a entender claramente cómo él se figuraba el fundamento legal para el necesario gobierno unipersonal. Y si no consiguió ser elegido por tercera, vez, enseñó, sin embargo, el camino que un siglo después siguió Augusto con mejor éxito.

Si examinamos la actividad de Cayo Graco, especialmente la legislativa, en sus detalles, sin considerar que la mayor parte de sus leyes debían ser solamente leyes transitorias de combate, aquélla debería aparecemos en muchos puntos demagógica, incongruente y equivocada; como su hermano, también aspiraba a robustecer económicamente a la clase agrícola itálica, pero su plan no se limitaba a Italia, donde las tierras disponibles debían ir agotándose en el transcurso del tiempo. Esperaba mucho especialmente de la Colonia Junonia, establecida por él en África en el lugar de la antigua Cartago. Una Cartago floreciente como parte integrante del Imperio romano descentralizado debía, en realidad, constituir una perspectiva muy atrayente para un hombre de Estado de largas miras. Medíante una colonización bien ordenada en las provincias, se podía conseguir la romanización de las mismas y un desarrollo orgánico con la metrópoli, perdiendo así ellas su carácter de objetos de explotación.

De otro lado, Graco no temía debilitar el éxito de sus leyes con hacer concesiones a las corrientes del día. Mientras con su política colonizadora buscaba poner un dique al crecimiento del proletariado, dio a éste la posibilidad de seguir vegetando en la capital estableciendo por ley la distribución regular de cereales, y precisamente de trigo, a mitad del precio del mercado, lo que hasta entonces había constituido sólo una medida de carácter extraordinario en los tiempos de carestía. Su normalización significaba hacer al proletariado urbano partícipe de las entradas que Roma sacaba de las provincias, por lo cual la injusticia consistía sólo en que esa participación estaba limitada a Roma, mientras que los habitantes de afuera quedaban excluidos de aquella ventaja. La intención de Graco era la de fortalecer la independencia de los ciudadanos, inutilizar las ofertas corruptoras de los aspirantes a los cargos públicos y suprimir de tal manera el indigno mercado del voto. Empero, el subsidio estatal no podía ser tan relevante como para no dejar subsistente la atracción de los ofrecimientos privados. Además, aquella medida atraía nuevas masas proletarias de la campiña a la ciudad, mientras que las leyes agrarias tenían por objeto la reducción del proletariado urbano. Pero Cayo Graco no podía aún renunciar al apoyo de este proletariado. Tenía que disponer de un factor de fuerza, constitucionalmente reconocido, para afirmar su poder personal extraconstitucional. Mas en el fondo de tales inconsecuencias hay siempre móviles grandes y reales, y no deseos mezquinos y egoístas de dominio o sed de venganza. Por la profundidad y amplitud de su programa se percibe que Graco no esperaba ver su completa realización en el curso de su vida. Sí sus fines hubiesen sido de carácter personal, hubiera podido entonces alcanzarlos más fácilmente por el camino de la rebelión abierta. El proletariado romano hambriento, los Confederados itálicos muy descontentos, los montones de esclavos muchas veces en abierta insurrección: éstos eran factores de fuerza que hubieran podido destruir fácilmente el poderío del Senado. Pero tal resultado no hubiera sido de larga duración, pues sólo estaría ligado a la personalidad del conductor, míen-tras que Graco quería evitar en absoluto la anarquía que habría sobrevenido con su desaparición. Por eso dejó que una época más lejana y más madura cosechara lo que él sembraba.

También su tentativa de romper la estrecha unión entre el poder de la alta magistratura y el capital, entre la clase de los senadores y la de los caballeros, pudo producir efectos duraderos sólo en el transcurso del tiempo. Por cierto que el capital financiero podía adquirir aún gran importancia en el desarrollo de la industria y el comercio, pero Cayo Graco difícilmente abrigaba muchas simpatías hacia los capitalistas de entonces. Sin embargo, hizo todo lo posible para convertirlos en aliados de su política. Propuso conferirles los privilegios y las insignias propias de la clase senatorial, logrando así, a un precio muy bajo, provocar profundo malhumor entre los dos grupos hasta entonces aliados. Procedió de manera aún más radical al transferir a los caballeros los jurados hasta entonces reservados a los senadores. La tarea esencial de esta magistratura era la de fallar en las acusaciones de los provincianos contra los gobernadores ávidos —procónsules o propretores—, y justamente entonces algunos de esos gobernadores habían sido absueltos por sus compañeros de clase a pesar de su evidente culpabilidad. En las provincias los intereses de los gobernadores, provenientes de las filas del Senado, chocaban a menudo gravemente con los de los arrendatarios de las contribuciones fiscales (publicani), pertenecientes a la clase de los caballeros, por lo cual era muy presumible que de ahora en adelante aquellos jurados habrían de pronunciarse siempre en favor de los arrendatarios y en contra de los funcionarios. También aquí Graco llegó hasta renegar de sus principios político - económicos. La provincia de Asia, es decir, la heredad de Pérgamo, la que hasta entonces había sido tratada con mucho tino, fue entregada al despojo despiadado de los "publicani", quienes cumplieron su noble tarea de manera tan radical hasta provocar, una generación más tarde, una masacre general de los romanos de parte de los nativos. Por cierto, Graco consiguió el fin inmediato que se había propuesto. Los capitalistas (caballeros) adquirieron la conciencia que hasta ahora les había faltado frente a los privilegios de los senadores, mientras que éstos y su clase veían con profunda amargura como ahora también otra gente podía imponerse por su porte a las masas.

Que Graco también haya limitado con algunas leyes el poder de la burocracia, por ejemplo en lo que se refiere a la conscripción militar y a la ejecución de las penas, es menos importante por el alcance de las mismas cuanto significativo por el espíritu que informaba toda su legislación. De mayor trascendencia es el hecho de que Graco intentó socavar el poder del Senado, fundado más en la tradición que en la ley. Con razón pensaba que la confianza depositada hasta entonces por el pueblo en el Senado y en la cual se basaban los poderes delegados o conferidos a aquél, constituía el sostén más excelente para la clase senatorial. Para destruir esa confianza, muchas veces inmerecida, Graco no recurrió a la reforma de la constitución, sino que prefirió conformarse con la creación de antecedentes, cuya eficacia debía mostrarse en el futuro. Desde el punto de vista constitucional, Graco estaba perfectamente en el terreno legal al presentar al pueblo proyectos de ley, sin pedir antes el parecer del Senado, y sí esto era contrario al uso generalmente reconocido, él, por otra parte, hacía el uso más amplio de aquel derecho. Llevaba por eso ante la Asamblea popular, la de las tribus, los más variados asuntos de gobierno, especialmente los de carácter financiero, hasta entonces reservados a la sola decisión del Senado; así pudo promover con particular celo, por medio de la Asamblea popular, los trabajos públicos, procurando de esta manera trabajo y sustento a una gran cantidad de gente. Con estas medidas arrancaba a los senadores la posibilidad de explotar esos negocios para su provecho personal, mientras, por otra parte, afianzaba en el pueblo el convencimiento de que podía muy bien prescindir de la tutela política del Senado.

Por este camino hubiera podido alcanzarse, por cierto no rápida, pero seguramente, la gran meta: el equilibrio entre la potencia exterior y la situación política y social interna. Todo parecía marchar óptimamente. En los dos años de tribunado Cayo Graco había sido reconocido como jefe del colegio de los tribunos; en cambio, se había revelado muy débil la oposición del partido aristocrático, temeroso por su existencia. Las cosas iban tan bien, que Graco sobreestimó la solidez de su posición y creyó poder obtener el apoyo del pueblo para una propuesta a éste antipática. Aquí se mostró clarísimamente que la plebe romana ni estaba en condición de apreciar la potente personalidad del gran hombre de Estado, ni comprendía en lo más mínimo la vastedad de su política. Hasta tanto las proposiciones de Graco parecían producir una ventaja inmediata y material, el pueblo las acogía con entusiasmo; pero si éste creía ver en alguna de ellas un perjuicio, aunque pasajero y pequeño, el estrecho vínculo entre el jefe y la masa quedaba roto de improviso. Cayo Graco quería —a pesar de que la ley itálica de Fulvio Flaco había encontrado pocos años antes un "no" terminante— intentar de nuevo una solución de ese candente problema, porque veía claramente cuan grande y próximo era el peligro que amenazaba a Roma, especialmente en una época de graves contiendas interiores. Y dio, por eso, el primer paso con una proposición provisoria y conciliadora. Solamente los latinos, es decir, los Confederados más estrechamente unidos con Roma, ya entonces favorecidos en muchos aspectos, debían obtener la plena ciudadanía romana, mientras que a los demás itálicos se les acordaban los privilegios de que hasta entonces gozaban los latinos . Empero, también esta proposición fracasó ante la estrechez política de la multitud y costó a Graco buena parte de su popularidad.

El partido del Senado había advertido, por este hecho, que Cayo Graco debía su posición dominante no a su fuerte personalidad, ni tampoco a su meta final, sino a las pequeñas ventajas materiales que sus proyectos aportaban a la masa. Fue, por lo tanto, una idea muy ingeniosa la de suplantar a Graco en la estimación del pueblo presentando a éste medidas más demagógicas. Un instrumento dócil lo encontró el Senado en el tribuno Marco Livio Druso, un aristócrata muy ambicioso, quien buscaba en el ejercicio del tribunado la base para su carrera política. Cayo Graco se encontraba entonces en África, ocupado en la organización de la Colonia Junonia en el lugar de la antigua Cartago. Druso presentó la resolución de fundar, en lugar de las colonias extra-itálicas propuestas por Graco, doce colonias itálicas, lo que no hubiera sido posible sin perjudicar sensiblemente a los Confederados. Esto importaba poco a la multitud, que prefería recibir los medios de sustento en el país de origen que deber emigrar a regiones extrañas. El mismo Livio Druso conocía perfectamente las insuperable dificultades que se habrían opuesto a la realización de su proyecto, y por eso, muy astutamente, declaró que no quería, bajo ninguna condición, formar parte de la comisión ejecutiva, suscitando así buena impresión, tanto más cuanto que los Gracos habían ya provocado resentimiento por haber hecho ocupar a miembros de su familia las comisiones ejecutivas. Además, se atemorizó fuertemente a la multitud con el cuento horrible de tempestades y animales feroces, los que azotarían las fronteras de la nueva colonia Junonia y destruirían las obras iniciadas. No podían faltar los augures en esa tarea de intimidación, anunciando la disposición hostil de los dioses respecto a la nueva colonia.

Cuando Cayo Graco regresó de África, encontró su lugar en el corazón del pueblo ocupado por su colega Livio Druso; y cuando presentó por tercera vez su candidatura para el tribunado, no resultó electo. El Senado, visto que el gran adversario había perdido su anterior influencia entre las masas, reputó llegado el momento de empezar la obra de reacción, tanto más cuanto que uno de los cónsules electos, Lucio Opimio, el conquistador de Fregella, era enemigo encarnizado y enérgico de la política graquiana. La lucha estalló al presentarse la proposición de suprimir la colonia Junonia. Las escenas que se habían desarrollado en ocasión del asesinato de Tiberio, se renovaron en proporciones aún mayores. Muchos centenares de graquianos fueron muertos, entre los cuales los representantes más ilustres de la política reformadora: Cayo Graco y Fulvio Flaco (121).

La reacción celebró sus saturnales de sangre. Por todas partes ful en busca de graquianos. A montones éstos eran procesados y cerca de 3.000 fueron estrangulados en las cárceles. En parte se llegó hasta suprimir todo procedimiento ordinario, y cuando un tribuno llamó al cónsul para que diera cuenta de su conducta abiertamente ilegal, el pueblo, intimidado, hasta lo absolvió. Los cadáveres fueron tirados al río, sus herencias confiscadas y a la viuda de Graco se le quitó hasta su dote. Se llegó a prohibir a los supérstites llevar señales de duelo. Pero el escarnio más feroz fue el hecho de que el cónsul Lucio Opimio pudo celebrar la carnicería como una victoria y elevar para su recuerdo en el Foro un magnífico templo a la... "Concordia". Pocos años después el vencedor Opimio fue condenado, porque como general en jefe en la guerra contra Yugurta, príncipe de los númidas, se había dejado corromper por éste, debiendo así el campeón de la nobleza concluir su vida en el destierro.