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Las reformas de Diocleciano y de Constantino: el despotismo militar de Oriente M. Rostovtzeff En el libro ROMA De los orígenes a la última crisis Tras décadas de anarquía y guerra, tanto en el interior coma fuera el Imperio, Diocleciano restauró el orden por algún tiempo, defendió al Estado contra los enemigos del exterior, puso límites a la ola de pasiones y ambiciones, y llevó a buen término un prudente y extenso plan de reformas en la vida pública y en la privada. Su éxito se debió a las mismas causas que habían favorecido a Augusto doscientos cincuenta años antes. Personalmente, Diocleciano no era superior, en ningún sentido, a muchos eminentes gobernantes del siglo, y todas sus reformas fueron iniciadas por sus antecesores. Diocleciano debía la solidez del trono al cansancio y repugnancia que predominaban en el ejército y en la sociedad, fenómeno similar al que existía en Roma en el momento de ascenso al poder de Augusto. El mundo estaba sediento de paz y deseoso de volver a una vida más o menos estable. Por ese motivo, la gente se fue agrupando en número cada vez mayor en torno al Emperador, para ayudarle en la difícil tarea de restablecer Ja paz y el orden. No quiero negar que Diocleciano fuera un gran hombre. Su fuerza, como la de Augusto, estriba en que supo advertir el estado de ánimo de su tiempo y en su capacidad para aprovechar las circunstancias. A semejanza de Augusto, tampoco creó nuevos principios; lo único que hizo fue reunir lo que crecía a ciegas en la confusión de la época, sistematizarlo y darle la permanencia de una forma legal. Su objetivo básico no 'fue el bienestar de los subditos, sino la mejora y fortalecimiento del Estado; Diocleciano sacrificó los intereses del pueblo en aras de la cosa pública, con más decisión que cualquiera de sus predecesores. Así, la actividad de Diocleciano se dirigió hacia tres objetivos: reforzar el poder del gobernante, reformar los métodos de gobierno y renovar el ejército. No se puede decir que invistiera al trono de atributos nuevos realmente asombrosos; de hecho, en el siglo III d. C. todos los emperadores eran ya monarcas absolutos del tipo que nos es familiar en el Oriente. Había desa­parecido todo rastro de gobierno constitucional. El Senado había descendido a la categoría de consejo municipal de la capital y el gobernante lo conservaba como un recuerdo del pasado, más que como una institución viva y activa. Solo el ejército, junto con el Emperador ocupaba la escena de la vida pública y el Emperador, continuamente amenazado de abdicación y muerte, tenía que se­guir, a menudo, los dictados de sus soldados. Incluso en la segunda mitad del siglo III d. C, los emperadores se hallaban en esa situa­ción; ni Diocleciano ni sus sucesores fueron capaces de recobrar, de un modo definitivo, su independencia: el ejército aún conser­vaba el voto decisivo en la elección de un gobernante. Pero su insolencia fue domada, en cierta medida, por Diocleciano, median­te algunas disposiciones dinásticas, militares y administrativas. El poder autocrático del Emperador que debía decidir sobre todas las cuestiones que afectaban al Estado universal había mos­trado su ineficacia para gobernar el Imperio y defenderlo. Por esa razón, varias provincias habían tratado de desprenderse del Es­tado y de hacer una vida independiente gobernadas por empera­dores locales. Como reconocía que un gobernante único no podía defender la totalidad del Estado ni imponer el orden en todo el territorio y como, por otra parte, deseaba mantener el prin­cipio de unidad, Diocleciano planeó un sistema, un tanto artificial por el cual se dividía el Imperio y el poder imperial sin sacrificar la integridad del Estado. Sin renunciar a su condición de único y autocrático jefe del Estado, Diocleciano introdujo como institu­ción permanente la corregencia, que ya se había ejercido antes ocasionalmente. Transfirió su autoridad sobre la parte occiden­tal del Imperio a un gobernante que él mismo eligió, Valerio Máximo, uno de sus generales más capaces. De ese modo, ya no había un solo Augusto en el Imperio, sino dos y, para asegurar la sucesión, cada uno de ellos adoptó a un jefe militar, capaz de gobernar y de proteger al Estado. Los hijos adoptivos recibieron el título de Caesar y debían suceder a los gobernantes en caso de muerte o incapacidad debida a la edad. El gobierno se dividió entre los cuatro dirigentes. Cada uno de ellos tenía su propia capital, su propio ejército, su propio organismo ejecutivo y un jefe ayudante en la persona de un prefecto del pretorio. Esta innovación siguió los mismos principios establecidos por Augusto, con la soberanía del poder como base. El poder imperial todavía se consideraba como la magistratura suprema del Impe­rio, que pasaba por adopción del mejor al mejor. Pero había una alteración radical en la naturaleza del poder en sí. El emperador ya no era únicamente uno más, aunque fuera el mejor entre los ciudadanos romanos, el Primer Ciudadano o Princeps. De una vez y para siempre, se convirtió en "señor y dios". Este hecho apa­rece con claridad en el ceremonial externo que lo rodeaba. Los emperadores romanos reproducían casi sin cambios el culto que se tributaba a los reyes sasánidas: todos los que eran admitidos ante la presencia sagrada tenían que bajar profundamente sus cabezas y besar el borde de la vestidura real. Sin embargo, la función más importante del emperador se­guía siendo el mando del ejército. Su sitio normal era entre los soldados y cerca de las fronteras en peligro. La defensa militar del Imperio se convirtió en el asunto de mayor importancia del gobernante y todo lo demás pasaba a segundo término. Con esta finalidad, el ejército se reformó según las tendencias que ya hemos observado a lo largo del siglo III d. C. Los soldados de Diocleciano y de sus sucesores procedían definitivamente de los pueblos más atrasados del Imperio. Cuanto menor fuera el impacto de la anti­gua civilización en el soldado, tanto más subía el aprecio que se le tenía. Los más estimados de todos eran los germanos, que ni siquiera eran subditos del Imperio. Las mejores tropas y las más aptas para el servicio solían ser bárbaros mercenarios contratados por Roma que acampaban cerca de las capitales de los gobernantes, los dos Augustos y los dos Césares. Esos destacamentos, llamados comitatenses constituían una sólida fuerza expedicionaria dispuesta a marchar hacia la frontera en cualquier momento. Esa fuerza había tenido su origen en la guardia pretoriana y era, en realidad, una guardia personal, en el sentido amplio de la palabra. Pero para velar por el empe­rador era demasiado numerosa de modo que divisiones especiales de tropas domésticas llamadas palatini y otra fuerza aún más pequeña, denominada scholae y candidati, esta última con blancos uniformes resplandecientes, estaban constantemente en servicio dentro del palacio. Los guardias y la fuerza expedicionaria no tardaron en eclipsar al antiguo ejército provincial. Este último se convirtió en una guarnición, compuesta de colonos con una obligación hereditaria de servicio militar; se les llamaba ripenses o riparii y, más tarde, limitanei. Su obligación principal era vigilar las fronteras; en la guerra pasaban a segundo plano. Las flotas en el mar y las flo­tillas en los ríos adquirieron una gran importancia en la defensa del Imperio; también fueron de importancia las tribus bárbaras (gentes foederatae), ligadas a Roma mediante tratados y depen­dientes de ella en mayor o en menor grado. Esas tribus, cuyos servicios se pagaban, ayudaban a Roma en la protección de las fronteras, aunque vivían más allá de sus límites; en caso de nece­sidad, proveían destacamentos, de hombres armados al mando de príncipes nativos, y permitían a los oficiales reclutadores alistar hombres de sus territorios para la fuerza expedicionaria y las guardias antes mencionadas. En conjunto, esos cambios dieron lugar a un enorme incre­mento en el tamaño del ejército. Lactancio, escritor cristiano de fines del siglo III y comienzos del IV d. C, dice que el número se cuadruplicó. Tal vez sea exagerada esa afirmación, pero, en todo caso, se duplicó, por lo menos; el número de oficiales aumentó en proporción. Como ya se ha dicho, el carácter de los oficiales en tanto cuerpo cambió en el siglo III. Además, cualquier soldado podía ascender a la categoría de guardia y, luego, a la de oficial con mando sobre cien hombres; más tarde, podía estar sucesiva­mente al mando de una fuerza independiente, como jefe (dux) de todas las tropas de una provincia o jefe supremo de todas las tropas de un ejército. Las únicas condiciones exigidas eran cono­cimiento de la profesión, valor, fidelidad al Emperador e interés. Los nobles senadores no tenían relación alguna con el ejército. Así surgió una nueva aristocracia, basada en el servicio militar y civil, reclutada regularmente en el ejército y en los cuerpos de guardias, cuyas figuras más destacadas no eran romanas ni siquiera provin­ciales, sino bárbaros, en particular germanos de las franjas terri­toriales del otro lado de la frontera. La carrera militar no exigía la educación general necesaria para el servicio civil. La misión principal de la administración civil consistía en recaudar las cargas e impuestos y organizar las finanzas; también debían servir en los tribunales, en relación con los asuntos antedichos. De ahí que la instrucción de esos funcionarios fuera, sobre todo, legal: conoci­miento del derecho cotidiano y facilidad de expresión. Ya se ha dicho que el ejército de Diocleciano y de sus sucesores era predominantemente mercenario. Los mejores soldados se re­clutaban entre los germanos, independientes de Roma o bien tri­butarios. El servicio en los ejércitos fronterizos era hereditario: los soldados eran, de hecho, siervos del Estado, obligados a luchar por el Estado a cambio de una recompensa y el derecho a ocupar tierras. Sin embargo, no se había abrogado nunca la ley que exigía que todos los ciudadanos sirvieran en el ejército. Por eso, cuando Caracalla extendió los derechos de ciudadanía a todos los provin­ciales (año 212), todos los subditos del Imperio podían ser llamados a las armas. Durante el siglo III y, más aún, en el IV, los empe­radores conservaron esas disposiciones no para obligar a todos los ciudadanos a servir en el ejército, sino para llenar con conscriptos sus filas en caso de necesidad. Además, tenía otro objetivo. La ley les permitía imponer un nuevo impuesto a sus subditos: los que eludían el servicio militar, pagaban un impuesto especial llamado aurum tironicum, "el dinero de los reclutas" que se utilizaba para pagar a los soldados mercenarios. Por conveniencia de la administración, en general, y para facilitar la recaudación de impuestos, en particular, el Imperio se dividió en 101 provincias. Éstas formaban grupos más extensos, las dioeceses (diecisiete en total) y en cuatro praefecturae. A la cabeza de cada una de las prefecturas, un Augusto o un César; cada diócesis estaba gobernada por un vicarius y cada provincia, por un gobernador. La autoridad militar en cada provincia corres­pondía a un jefe llamado dux que era independiente del poder civil. El gobierno provincial estaba controlado por tres oficinas centrales que se ocupaban de la justicia (al mando de un cuestor), do las finanzas y de la propiedad privada de los emperadores. Se daba gran importancia a un cuerpo cuidadosamente organizado de poli­cía secreta (agentes in rebus) que tenían como misión especial la seguridad personal del Emperador. A la cabeza de la policía secreta, del palacio y de los funcionarios relacionados con éste, había un cuarto ministro, el magister officiorum o "ministro de la corte". El consejo del Emperador (consistorium) se componía de los cuatro ministros y de otros miembros que el propio Empe­rador elegía. [pagebreak] Estas reformas administrativas y militares, que tenían por finalidad sostener y fortalecer al Imperio, aumentaron los gastos del Estado, el presupuesto militar y civil. Las necesidades pecu­niarias fueron en aumento debido a los nuevos gastos para el ejército, el servicio civil, la corte, los edificios que mandaba cons­truir el Emperador, los caminos militares, los fuertes fronterizos, las fortificaciones de las ciudades (en tiempos de Aureliano se construyó una muralla, que todavía existe en torno a Roma y, poco a poco, se hizo lo mismo en todas las ciudades importantes del Imperio), las flotas de guerra y comerciales que aseguraban el suministro de alimentos para los ejércitos y los habitantes. La deficiente educación y la baja moralidad de los funcionarios civiles y militares condujeron a costumbres impropias y corrompidas. Todo el peso de estas cargas recayó sobre las espaldas del pueblo, muy empobrecido ya a causa de las guerras civiles del siglo m. Me he referido antes al incremento tributario de este período. Además de los impuestos ordinarios sobre la tierra y sobre el ejercicio de cualquier comercio o profesión, se creó un tributo especial (annona) en productos para el mantenimiento del ejér­cito de los soldados y de los oficiales; se debían suministrar caballos de carga y carretas para transportar los efectos del Estado y el correo; también había que pagar para eludir el servicio militar. Los consejos municipales o los propietarios de los grandes fundos situados fuera de los territorios urbanos eran responsables del pago completo de esos impuestos y del trabajo forzoso. Ya apunté en el capítulo precedente cómo y por qué el comercio y la industria se desorganizaron y de qué manera los emperadores causaron una grave crisis financiera con su absurda política de rebajar el valor de la moneda acuñada. No hubo una gran mejora de este estado de cosas, aun después de que Diocleciano restauró la integridad del Imperio y logró esta­blecer una apariencia de orden en el Imperio. El mundo, saqueado y agotado, era un escenario de violencia universal. Se esperaba que Diocleciano haría resurgir las condiciones de vida normales. Pero, ¿cómo sería posible volver a condiciones normales, cuando e] país estaba reducido a la mendicidad y el Estado, tal como lo orga­nizó Diocleciano, imponía una carga excesiva a la capacidad tribu­taria del pueblo? Sus intentos de cambiar las condiciones existentes resultaron fallidos: todo lo que pudo hacer fue ordenar y sistema­tizar la opresión y la coerción por las que se había regido el Im­perio en el siglo III. Simplificó todo el aparato tributario para adaptarlo a las condiciones económicas primitivas de un Estado empobrecido y degenerado. La tarea principal de todos los centros económicos y sociales del Imperio consistía en servir al Estado y trabajar para él. La vida pública de Egipto, en la época helenística, se basaba sobre todo en eso: Diocleciano introdujo esa concepción en todo el Im­perio. El sistema tributario no se alteró en esencia, pero lo que había sido excepcional en el siglo III y solo se justificaba por la persistencia de la guerra, ahora se legalizaba y se convertía en una institución regular. Se introdujo una responsabilidad general para el pago de todos los tributos y el cumplimiento del trabajo obligatorio; se hizo res­ponsable solidariamente a todos los habitantes que pertenecían a esta o aquella ciudad; en definitiva, esto quería decir que Ios ver­daderos responsables eran los representantes de la comunidad, el consejo ciudadano (decuriones) y los magistrados. Pero como la clase media de las ciudades estaba ya en quiebra y trataba de eludir por todos los medios la responsabilidad por las deudas atra­sadas de la ciudad, el servicio en los consejos de ciudadanos y en las magistraturas se hizo obligatorio, y los designados estaban obli­gados a residir en su propia ciudad y cumplir con sus obligaciones. Las clases laboriosas, en especial las que trabajaban en el campo, no estaban menos arruinadas que la clase media. También ellas hacían todo lo posible para evadir los impuestos y el trabajo obligatorio. Un procedimiento corriente para eludir sus obliga­ciones consistía en cambiar de domicilio y de oficio, pero, cuando ese procedimiento se generalizó en todo el Imperio, el Estado sujetó los trabajadores a la tierra, fuese de ellos o arrendada, y los con­virtió en siervos del gobierno que, aunque legalmente libres, no tenían derecho a abandonar su parcela de tierra; otros servían a los grandes propietarios en las mismas condiciones. Tal clase de sujeción era corriente en Oriente; en Occidente, ese sistema encontró el camino expedito gracias a las condiciones financieras y sociales de los siglos II y ni d. C, en que la gran mayoría de los trabaja­dores agrícolas no era propietaria de la tierra que cultivaba, sino arrendataria del Estado o de los terratenientes. - En la industria y el transporte, hallamos una situación seme­jante. En cada rama industrial indispensable para el Estado, fá­bricas de armas, telares y panaderías, el gobierno exigía a los propietarios que suministraran una cantidad fija de sus productos a un precio que no era remunerador; las uniones de fabricantes que existían en cada ciudad, eran responsables del cumplimiento de esa orden. Cuando esas uniones no podían hacer frente a tales exigencias, el Estado obligaba a los propietarios y a sus trabaja­dores libres a quedarse laborando en el mismo lugar. Si también fallaba esa medida, entonces el Estado nacionalizaba ciertos sec­tores de la industria y aprovechaba el trabajo forzoso de los siervos empleados allí. El mismo trato se daba a los que se ocupaban del transporte; las principales víctimas eran los propietarios de barcos que recorrían el mar o los ríos. De este modo, los territorios urbanos habitados por ciudada­nos romanos, libres según la ley, se habían transformado en dis­tritos ocupados por siervos del Estado, sin tener en cuenta la posición social, la ocupación de los individuos o el grado de civili­zación que habían alcanzado. Durante el gobierno de Diocleciano y después de él, el Imperio estableció, sin duda alguna, una igual­dad entre la mayoría de sus subditos, pero en el sentido de que todos eran siervos o esclavos. Las cosas no se presentaban mejor en los distritos que no formaban parte de los territorios urbanos, sino que pertenecían al Emperador o a los miembros de la clase senatorial. Los pequeños arrendatarios de tales dominios pagaban los mismos impuestos: la única diferencia era que los impuestos no se abonaban a las ciu­dades sino al propietario, junto con la renta. Los propietarios eran responsables ante el Estado por el pago del impuesto, pero en los fundos imperiales la responsabilidad recaía sobre los grandes con­tratistas que arrendaban un área extensa y que la administraban a voluntad. El resultado natural de todo esto fue que los cultiva­dores de la tierra se endeudaron, y los arrendatarios y terratenien­tes quedaron en la ruina. Los campesinos desaparecían y los propietarios y grandes arrendatarios abandonaron las tierras, las cuales quedaron yermas y, por consiguiente, sin rendir frutos. El Estado recurrió al procedimiento regular de transformar a los cam­pesinos en siervos, y exigir a los terratenientes y grandes arren­datarios que pagaran todos los impuestos sobre el área total que poseían o habían arrendado. En algunos casos, aunque no en muchos, la suerte de los que vivían en grandes fundos era más favorable que la de los trabaja­dores empleados en los territorios urbanos. Me refiero a los casos en que las tierras pertenecían a una persona con influencia en la corte, algún gran general o funcionario superior que mediante pre­sión o cohecho podía eludir el pago de los impuestos y otras cargas. Los que podían refugiarse en tales fundos encontraban que la escla­vitud con un gran señor era más llevadera que la esclavitud del Estado. Así, pues, el Estado se hallaba enteramente organizado según los principios del despotismo oriental: un gobernante auto­crático controlaba una burocracia omnipotente, que suprimía la menor huella de gobierno propio, aun cuando proclamara que la conservaba, y una población de siervos, que vivía y trabajaba para los objetivos del Estado. ¡Qué apartamiento de los ideales grecorromanos de libertad y autonomía! Tal fue el modo de vivir que Diocleciano creó para sus sub­ditos. Las disposiciones que se debían directamente a las condi­ciones sociales y económicas existentes se mantuvieron durante muchos siglos y formaron la base sobre la que descansó el Imperio. Sus reformas en administración, procedimientos judiciales, finan­zas y organización militar resistieron la prueba del tiempo. Menos fortuna tuvo al encarar el problema de la autoridad central, pues trataba de unir dos cosas incompatibles: una magistratura del pueblo romano y un despotismo de tipo oriental. Sus disposiciones fracasaron aún antes de que él muriera; después de su abdicación, alcanzó a ver una repetición de la guerra civil entre los Augustos y los Césares que él mismo había nombrado. Constantino fue el vencedor en esa guerra; dio al Imperio una definición de la autoridad central que se conservó en vigencia durante siglos. Abandonó de una vez para siempre la idea, sostenida por Augusto, los Antoninos y Dioclecianos, de que A Empera­dor era el magistrado supremo del pueblo romano. El trono se hizo hereditario en la familia de Constantino, de modo que también en este punto el gobierno se identificó con un despotismo oriental. La dinastía se apoyaba en la lealtad del ejército por una parte y en la religión, por la otra. Constantino se dio cuenta de que la religión era la única sanción concebible para el poder despótico. Aunque todos sus predecesores, a partir de Augusto, tenían el convencimiento de esa verdad, el culto al Emperador que Augusto introdujo se convirtió, después de la muerte de éste, en una mera institución del Estado, que apenas estaba vinculada con la religión. El principado de Augusto y de sus sucesores inmediatos y el prin­cipado de los Antoninos no tenía sanción religiosa: descansaba en la relación del princeps con el Senado y el pueblo romano, en el hecho de que el príncipe era su representante legal. En el siglo III, esa relación se quebró; es, pues, natural que los emperadores de aquel tiempo trataran de adscribir su autoridad con la corriente religiosa más pujante de la época, la corriente que predominara entre sus soldados. Pero había muchas tendencias distintas y ninguna de ellas tenía prioridad indiscutida entre el ejército. Por eso, Heliogábalo y Aureliano no pudieron establecer ninguna de ellas como religión oficial, a pesar de los esfuerzos que hicieron en ese sentido. Constantino vio con toda claridad el estado de cosas del Imperio: hizo una nueva tentativa para crear una única religión del Estado y, al mismo tiempo, extraer de ella un fundamento para la autoridad imperial. Su intento se vio coronado por el éxito. En el próximo capítulo hablaremos de la causa de ese resultado favorable. Pero el simple hecho de que Constantino crease un poder despótico y hereditario, estrechamente unido a la religión del Estado e inseparable de ella, pone a las claras que el antiguo Es­tado romano del Senado y el pueblo de Roma dejó de existir en el reinado de Constantino y cedió su lugar a un nuevo sistema, que habría de gobernar Oriente y Occidente durante muchos siglos: la monarquía de derecho divino. La misma época vio la muerte de otra idea fundamental de la civilización grecorromana: el ideal de ciudadanía y libertad. En la monarquía que siguió a Cons­tantino ya no cabían los ciudadanos que habían poblado las ciudades-Estado de Grecia e Italia: su lugar fue ocupado por subditos.