Las nuevas aristocracias romanas. Nobleza y capital

Las nuevas aristocracias romanas. Nobleza y capital.

En el Libro LUCHAS SOCIALES EN LA ANTIGUA ROMA
Profesor LEÓN BLOCH
Editorial Claridad. Buenos Aires
Revista de Arte, Crítica y Letras
Tribuna del Pensamiento Izquierdista Fundada el 20 de febrero de 1922

Los éxitos democráticos constituyen sólo fenómenos aislados; son, al contrario, innegables los progresos de una nueva aristocracia que iba surgiendo de esa situación y logró al fin tomar en sus manos el poder económico y político. Cuanto más difíciles los tiempos, cuanto más persistentes las guerras, tanto menos estaban los no acaudalados en condición de tomar sobre sí el peso de los cargos públicos. Viceversa, de las filas de los pudientes salían en gran número generales y hombres de Estado, a quienes se dirigían las miradas del pueblo agradecido. Las dotes políticas y militares son realmente, hasta cierto grado, hereditarias. En las respectivas familias está almacenado un acervo de tradiciones profesionales, que da a sus vástagos una ventaja natural frente a los hijos de otras familias. Para cada cuestión, para cada peligro, para cada situación el "yunker" encuentra un modelo en la historia de su familia, y a menudo halla instintivamente en esas tradiciones la solución justa, mientras que otro está obligado a largas y penosas reflexiones. El hijo acompaña al padre en la guerra, convirtiéndose gradualmente en oficial y general; le acompaña también en el Senado, adquiriendo temprano la capacidad de pensar y hablar "políticamente"; le acompaña hasta en las embajadas, adiestrándose así en el arte de la diplomacia. La situación de Roma era a menudo demasiado seria y peligrosa para que no se aprovechase de tales ventajas. El pueblo romano daba con placer, durante el largo período de las guerras exteriores, su voto en favor de los descendientes de los grandes capitanes y hombres de Estado, y el éxito inmediato premió bastante a menudo ese desinterés popular. Así los cargos superiores, las magistraturas llamadas curules , llegaron a ser casi hereditarias en algunas familias, y la pertenencia a esta nobleza oficial (nobilitas) fue con el tiempo una de las mejores referencias para la carrera política.
Empero, ya en su comienzo ese sistema revelo sus inconvenientes y abusos. Las consideraciones reales, objetivas, no prevalecían frente a las simpatías e inclinaciones personales, desarrollándole! así necesariamente, un gobierno de camarilla. Pero, entretanto, las familias de esa nueva nobleza habían consolidado de tal manera su posición, que no era tan fácil sacudirla. Prescindiendo del hecho de que grandes masas votaban ya por costumbre por los nombres conocidos y celebrados, éstos aprovechaban con gran resultado las ventajas económicas que la influencia política les ofrecía, para reducir a un estado de subordinación a la parte más baja y necesitada del pueblo. La clientela voluntaria, que se basaba sobre la ayuda material del patrono y sobre el correspondiente apoyo político de los clientes en las Asambleas, fue asumiendo una extensión cada vez mayor. Y como esta relación no estaba fundada sobre la coacción exterior de una ley, sino que conservaba siempre la apariencia de la espontaneidad, ataba tanto más firmemente a las partes.

Más, a pesar de tales relaciones entre altos y bajos, las diferencias sociales se hacían cada vez más pronunciadas. El continuo acrecentamiento de la posesión estaba ahora acompañado también por sus naturales consecuencias histórico - culturales. El poseedor iba alejándose de las viejas y sencillas costumbres campesinas. El choque con pueblos de más alto nivel cultural —cartagineses, griegos, egipcios y asiáticos— enseñó también a los romanos a apreciar y cuidar esa cultura. Justamente los elegidos del pueblo y los señores del comercio tenían más oportunidades para conocerla y trasplantar sus productos en el suelo patrio. Su porte, su tenor de vida, asumieron un corte helénico, tal como Apio Claudio había querido conferir a Roma. Al hombre común, que no podía, por supuesto, participar todavía de semejantes modales, todo eso saltaba enormemente a la vista. Empezó a considerar a esa gente, que aparecía, hablaba y sentía de una manera completamente distinta de la suya, como seres superiores y privilegiados, los que ya por derecho podían pretender veneración y ventajas en el Estado. Y si esos seres superiores se dignaban entrar en contacto con el hombre común y darle algo de su superfluo, éste se mostraba cordialmente agradecido a su señoría y creía haber conseguido todo lo que tenía derecho de reclamar. Este rasgo, por lo general humano, de servilismo frente a la pompa exterior, esta necesidad de reflejar el esplendor hacia abajo, es lo que particularmente explica los éxitos, diversamente incomprensibles, de la nueva nobleza en las votaciones. Por eso, tampoco la introducción de la votación secreta en las Asambleas populares llenó enteramente las esperanzas que en ella se habían cifrado. Aún prescindiendo del hecho de que los clientes esperaban ventajas particulares del triunfo de sus patronos, estaban apegados también con buena parte de su corazón a las personalidades destacadas. Solamente las peores crisis económicas podían disuadir al pueblo de la adoración de sus ídolos. Los grandes tribunos, que en el último siglo de la república querían abatir, en el interés de las masas, el gobierno corrompido de la nobleza, no lograron esa finalidad también porque no se presentaron como señores, sino como iguales y servidores del pueblo. Apenas Julio César supo y pudo romper el dominio de la nueva nobleza, sirviéndose de los mismos medios utilizados por ella.

La igualdad social, que antaño existiera entre grandes y pequeños agricultores y hasta los siervos rurales, fue desapareciendo con el florecimiento de una nueva capa señoril, imbuida de cultura extranjera. La distancia, como en todas partes, estaba llenada por una capa media, de la cual se habla muy poco en nuestras fuentes. Eran las personas que, viviendo modestamente, no exigían nada de los de arriba, ni eran envidiados por los de abajo. Las conocemos más de cerca por sus viviendas sólidas, pero sencillas, descubiertas en gran número en varios lugares de Italia. Pero también entre los ricos había las más variadas hendiduras y matices, tales como tiene que producirlas cualquier competencia. Los distintos grupos de intereses buscaban aumentar la parte de ganancia de sus componentes por la mayor delimitación y restricción posible de sus respectivos círculos, y en parte por el uso, en parte por ley, se tendieron límites que documentaban ya exteriormente las diferencias y contrastes existentes.

Dos grupos principales de esa clase señorial alcanzaron especial importancia. Una era la nobleza oficial (nobilitas), ligada precisamente a las altas magistraturas (curules). Por el hecho de constituir también un poder tan importante, como era el Senado, tenía en sus manos el medio más eficaz para hacer servir la política a sus propios intereses. Por cierto, no era posible, dado el número limitado de los senadores —el número normal era de 300—, asegurar a todos los pertenecientes a esas familias una banca en el Senado. Empero, la conciencia de clase no tenía su límite en las paredes de la curia . El concepto de clase era más amplío que el jurídico. Aun el noble menos afortunado en su carrera política podía contar, para la defensa de sus intereses, con el apoyo de sus parientes y amigos, siendo considerado por éstos, desde el punto de vista social, como igual, aunque no tuviese derecho alguno a las distinciones honoríficas pertenecientes, por ley y tradición, a los senadores: por ejemplo, la túnica especial, las sandalias senatoriales, el mejor asiento en el circo. Es significativa la existencia de esos privilegios ya por sí misma y particularmente porque los asientos especiales en los juegos públicos habían sido acordados a los senadores por deliberación popular. Esto revela, por lo menos, un sensible retroceso en aquel espíritu democrático, del cual había surgido toda la política imperialista romana. Dicha distinción fue votada, lo que explica en cierto modo el hecho, poco después de terminada la segunda guerra macedónica (200- 196), que siguió inmediatamente a la segunda y decisiva guerra púnica. Tal condescendencia de la multitud era como nunca explicable en aquel entonces: en esas guerras el Senado había merecido honestamente la confianza del pueblo tanto en el terreno militar como en el diplomático.

Mas el pueblo seguía reclamando ciertas garantías, para impedir en lo posible la ilimitada explotación de los medios y recursos del Estado en favor de particulares. Hemos recordado ya la restricción de la libertad de comercio para los senadores. Al lado de esa medida, equivocada respecto a sus fines como ineficaz, en la ejecución, era más importante la de la prohibición para los senadores de participar en los contratos y licitaciones del Estado, es decir, en los negocios entre el Estado y; los particulares. La administración de la Hacienda romana era extremadamente parca en la creación de empleos. Dondequiera le parecía posible, entregaba tanto las entradas como los gastos a privados, a los que confiaba el cobro de sus impuestos y créditos o la ejecución de obras públicas, recibiendo o pagando en cambio una determinada suma global. En esa forma se arrendaron las salinas de Ostia —pero estableciéndose por el Estado el precio de venta de la sal—, el cobro de los arriendos de pastos comunales, los derechos de aduana, los impuestos fijados a las provincias. Los arrendatarios se llamaban publicani (publícanos), y éstos cobraban los impuestos bajo la protección del Estado. Las entradas eran, por supuesto, adjudicadas al mayor postor; los gastos, a su vez, al menor, y no solamente los más importantes, como la construcción de grandes edificios y caminos, sino también los insignificantes, como la alimentación de los gansos sagrados en el Capitolio . En ambos casos, es decir, tanto para las recaudaciones como para los gastos se exigía cómo garantía cierto nivel de bienes. Los gastos (provisiones, obras públicas, etc.), no podían confiarse más que a personas de quienes se sabía "a priori" que no tendrían necesidad, por su situación angustiosa, de sacar ganancias exageradas, lo que hubiera perjudicado gravemente la ejecución de los encargos otorgados. Igual garantía era necesaria para las recaudaciones. Las finanzas del Estado no debían ser perjudicadas por la eventual quiebra de los arrendatarios (publicani), ni la sed de ganancias excesivas debía ocasionar una injusta opresión de los contribuyentes. Por consiguiente, sólo el gran capital podía concurrir a esos negocios provechosos; aun más, para empresas tan vastas, como el encargo de cobrar los impuestos de provincias enteras, no bastaba tampoco el crédito de una sola persona, y así surgieron sociedades por acciones con un personal numeroso y capacitado, no muy distintas de las de hoy.

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Para el Senado ese sistema ofrecía, sin duda alguna, grandes ventajas, porque así estaba por anticipado seguro de sus entradas y su tarea resultaba simplificada en grado sumo. Mas los contribuyentes estaban menos satisfechos. Por una vieja experiencia se sabe que los particulares, interesados con su propio bolsillo en las recaudaciones fiscales, proceden con mucho menos contemplaciones que el poder estadual. Este, por lo general, reconoce en cada contribuyente a un miembro del conjunto social, a una parte o, si se trata de provinciales, a un objeto del pueblo soberano, al cual se deben ciertas atenciones. El Estado tiene que pensar en el porvenir y sabe que una mayor recaudación momentánea puede aniquilar por muchos años la potencialidad tributaria del país; el arrendatario particular, por el contrario, ejerce la rapiña, contempla sólo la duración del contrato, que él naturalmente se cuida mucho de renovar si no ha de sacar del mismo ninguna ventaja más. Además, los particulares son menos fácilmente víctimas de defraudaciones que los empleados del Estado, tanto más cuanto que los funcionarios romanos quedaban en el cargo sólo poco tiempo; los particulares conocen mejor las estratagemas y artimañas de los malos pagadores, y tanto más cuanto que entre los arrendatarios no eran raros los oscuros "hombres de honor". El Estado tenía, pues, motivos de sobra para mirar bien la cara de las personas con quienes concluía tales contratos, especialmente después que arrendatarios deshonestos le ocasionaron graves perjuicios. Los senadores habrían sido las personas indicadas para tales arrendamientos, por cuanto la carrera política presuponía siempre la posesión de un patrimonio no insignificante y había una cierta garantía contra los fraudes vulgares en la conciencia y honor de casta. Eso no obstante, se procedió bien al excluirlos por principio de semejantes negocios.

Siendo los contratos concluidos por los funcionarios bajo el control del Senado, todo el negocio hubiera podido convertirse en un asunto interno de ese cuerpo. Ambas partes contratantes se hubieran reunido en las mismas personas, lo que habría tenido, en las condiciones de la moral política de entonces, resultados muy deplorables. Aun hoy se considera, con razón, como poco decoroso el que miembros de corporaciones públicas participen en servicios de la colectividad. Por la prohibición se buscaba de evitar que el Senado se convirtiese en una gran sociedad por acciones, cuyo campo de explotación lo constituía todo el territorio sometido a Roma. Empero, con el tiempo se eludió también esa prohibición medíante la presentación o empuje de testaferros, quienes se conformaban con una menor participación en las ganancias. Además, la ley afectaba sólo a los senadores y no a los1: demás miembros de la "nobilitas", los que, desde el punto de vista social, pertenecían también a la casta senatorial. Había, pues, siempre amplías posibilidades para las camarillas.

Mas, aún fuera de la nobleza, había gente rica, capaz de hacerle eficaz competencia justamente en el terreno de los arrendamientos fiscales. Esta potencia financiera independiente, que no se sentía obstaculizada en su libertad de movimiento ni por obligaciones, ni por prejuicios de casta, mostró en aquel terreno su gran superioridad quizá por el hecho de que podía dedicar todo su tiempo y todas sus energías para semejante clase de negocios.

Esta potencia financiera, la segunda capa dominante de la Roma republicana, es ordinariamente llamada la casta de los caballeros. Esta denominación no es, empero, del todo apropiada y corresponde sólo en cuanto caballero y capitalista estaban a menudo reunidos en una misma persona. Sí el rico banquero romano se acordaba más de su dignidad caballeresca que de su actividad profesional, eso no constituye un fenómeno extraño ni sí-quiera según las experiencias más recientes. Según el derecho público, la expresión de caballero se adapta sólo para los 1. 800 ciudadanos asignados, por la avaluación de los censores, a las centurias de los caballeros, pero aquellos ciudadanos dejaron pronto de prestar servicios de caballería en el ejército. La caballería de los Confederados itálicos era muy superior, en calidad v cantidad, a la romana, por lo que se renunció de muy buena gana a esa tropa ciudadana muy cara. Pero en el tiempo en que se la necesitó, la cifra tradicional de 1. 800 caballeros, quienes tenían el derecho a montar un caballo de propiedad del Estado, pareció insuficiente, por lo cual tos censores establecieron, en la evaluación de los bienes, la obligación para los ciudadanos más ricos de servir en el arma de caballería con su propio caballo. De aquí se formó la idea de que la pertenencia a la casta de los caballeros reposaba sobre una determinada cantidad de bienes (unos 80 mil marcos en la época republicana).

Como a la casta de los senadores pertenecía socialmente un gran número de ciudadanos que nada tenían que ver en los asuntos del Senado, análogamente se adjudicaba a la casta de los caballeros también a muchos que nunca habían montado un caballo, pero que, por su patrimonio, bien habrían podido prestar el servicio de caballería. Por otra parte, se adscribía a la casta de los caballeros, en el sentido jurídico - estatal, un gran número de personas que socialmente pertenecían a la casta senatorial, como tal vez un miembro de la caballería podía llegar a ocupar una magistratura o una banca en el Senado, sin por ello ser asignado en seguida a la nobleza. En tiempos más antiguos los senadores votaban hasta en las centurias de los caballeros; y padece que sólo Cayo Graco declaró incompatibles esas dos dignidades. Mas esa medida no se extendió a los hijos, hermanos y demás parientes de los senadores, por lo cual, encontrándose en las condiciones patrimoniales establecidas, podían ser incluidos en la clase de los caballeros. Al emplear la palabra "caballero", cabe, pues, preguntarse siempre sí se trata de la casta jurídicamente cerrada y privilegiada, es decir, los 1. 800 miembros de las centurias de los caballeros o del partido político de los capitalistas. En realidad, los capitalistas tenían la mayoría en las centurias de los caballeros, así que los dos conceptos podían fácilmente cubrirse.

Aun cuando la clase de los caballeros constituía al lado de la de los senadores la segunda, no por ello faltaron muy pronto celos y serías hostilidades. Los senadores debieron advertir la superioridad de los caballeros en el manejo de los negocios, tanto más cuanto que no eran, como ellos, obstaculizados por prohibiciones legales; los caballeros, por otra parte, debían roerse por el hecho de que estaban a disposición de los senadores algunas gruesas prebendas y distinciones, a las que en vano aspiraban su codicia y vanidad. Especialmente en ocasión de los contactos requeridos por los negocios, apenas si se podían evitar las discrepancias. Funcionarios y senadores debían estipular los contratos con los caballeros, y el vivaz regateo por el provecho debía necesariamente provocar gran descontento y exacerbación. En las posesiones extraitálicas, en las cuales tanto los funcionarios como los caballeros querían asegurarse su parte en las ganancias, las dos clases llegaban a menudo a una tirantez de relaciones inquietante.

Los gobernadores (ex cónsules o ex pretores, llamados por esto procónsules o propretores), exclusivamente miembros de la nobleza, tenían que fallar en los eventuales litigios entre contribuyentes y arrendatarios, y, por otra parte, tenían en los caballeros, de cuyas filas salían los arrendatarios, molestos contralores de sus actividades explotadoras. En los numerosos procesos por extorsión, incoados contra muchos gobernadores romanos y que se habría debido intentar con razón casi contra cada uno de ellos, la sentencia dependía frecuentemente de las declaraciones de los arrendatarios (publicaní).
Pero, no obstante todas las estridencias y desavenencias, ambas clases tenían que apoyarse mutuamente. Fue, por eso, un golpe muy astuto del genial jefe del movimiento proletario, Cayo Graco, el de romper, mediante el ofrecimiento de grandes ventajas a la clase de los caballeros, la alianza entre las altas magistraturas (grandes terratenientes) y el capital (caballeros). Para ambas capas su discordia fue igualmente perniciosa en la época revolucionaria; pero, de cuando en cuando, conscientes del peligre, se unen tanto más estrechamente contra el enemigo común, el movimiento democrático - proletario.