El principado de Augusto

El principado de Augusto
M. Rostovtzeff

en el libro ROMA De los orígenes a la última crisis de Eudeba

La lucha del Senado contra un despotismo militar duró mucho tiempo. Aunque parecía que los golpes que César había asestado a esa institución habían acabado con ella, sin embargo, en su manera de tratar el sistema existente, César fue demasiado lejos y con una rapidez excesiva. Se negó a tener en cuenta la forma que por espacio de siglos había servido de molde al Estado romano y, sobre todo, quiso ignorar el deseo de los ciudadanos de mantener su situación privilegiada dentro del Imperio y desconocer la alta posición que habían alcanzado las dos clases dirigentes de la comunidad: los senadores y los caballeros. Sin embargo, el Senado fracasó, por falta de apoyo militar, en su intento de restaurar el viejo orden de cosas y recobrar su autoridad después de la muerte de César. El control supremo del Senado ya no era el objetivo esencial en la contienda entre Antonio y Octavio: la cuestión era obtener jefatura militar. También era de importancia secundaria el problema de cuál de los dos contendientes era más aceptable para el pueblo. Las verdaderas e importantes cuestiones eran éstas: ¿Se debía mantener la unidad del Estado? Y, si debía conservarse, ¿qué forma de autoridad sería más aceptable para las clases dirigentes de la población, es decir, para la totalidad de los ciudadanos romanos?

Se sugerían dos formas de monarquía militar. César, cuyos puntos de vista había heredado Antonio, había insistido en un gobierno militar basado en el apoyo de la población de todo el mundo. Sostenía que Italia, o sea los ciudadanos romanos y las provincias, o sea los subditos de esos ciudadanos romanos, debían mezclarse en un solo cuerpo y rendir idéntica lealtad al gobernante supremo. Pero las capas superiores de la sociedad, apoyadas por todos los ciudadanos romanos, todos los itálicos y algunos provinciales, aun reconociendo que el jefe de las fuerzas armadas del Estado debía tener la autoridad suprema, sin embargo no estaban dispuestas a abandonar su posición privilegiada y a sumergirse entre la población de las provincias. Se suscitó el orgullo nacional de Italia. Los ciudadanos exigían que se les reconocieran los derechos que habían conquistado tras largos años de conflictos. Octavio derrotó a Antonio porque advirtió la pujanza de ese sentimiento nacional y lo explotó en la disputa con su rival. Basándose en ese sentimiento adquirió el compromiso tácito de mantener inviolado el predominio político de Italia y las formas esenciales de la sociedad romana. El Estado romano necesitaba sangre nueva; se hacía inevitable una restauración, pero nada más que una restauración: nadie contemplaba ni quería la creación de un nuevo Estado sobre las ruinas del viejo. ¿Para qué entonces, entonar cantos fúnebres antes de tiempo? Tal era la convicción que prevalecía en Italia y es muy probable que también fuera la del propio Octavio. Es obvio que, en esas condiciones, Octavio no tenía las manos libres para hacer la constitución. Su derecho a los honores de la grandeza estriba en que no solo comprendió la relación entre las diversas fuerzas en juego, sino que también estaba dispuesto a trabajar honestamente para sacar de ese estado de cosas las justas consecuencias prácticas. Repito que no hay razón alguna para suponer que sus acciones estaban dictadas por el puro cálculo o, dicho de otro modo, que su línea política fue una mera concesión a la opinión general de los ciudadanos. No cabe duda de que él mismo creía que la opinión pública estaba en lo cierto, que Roma no había muerto y que él estaba llamado a restaurar su antigua gloria.

Esta fue, pues, su tarea: combinar el poder militar heredado de sus predecesores que, como los hechos habían mostrado, era indispensable para restaurar y mantener la paz, el orden y el buen gobierno, con el deseo fuertemente expresado de Italia y de los ciudadanos romanos de conservar su posición privilegiada, si no en un sentido político, al menos en las relaciones económicas y sociales. Con esa condición, Italia estaba dispuesta a aceptar y apoyar un gobernante militar que fuera casi un autócrata. Las provincias también estaban preparadas para reconocer cualquier autoridad que les asegurase paz y orden.

Octavio dedicó los dos primeros años que siguieron al término de la guerra civil a dar ciertas disposiciones que consideró indispensables para que las reformas posteriores y más radicales tuviesen éxito. Era el jefe del Estado romano y nadie le disputaba el derecho a administrarlo. Pero, desde el primer momento, mostró que no abrigaba ninguna intención de seguir los pasos de César. El objeto de sus primeras medidas fue restablecer las clases superiores de la sociedad romana y el conjunto de los ciudadanos, y restaurar la ciudad de Roma. En el año 29 a. C, revisó la lista de senadores y expulsó a 190 miembros indignos de pertenecer a esa institución, una buena parte de los cuales habían sido nombrados por César. La renuncia fue voluntaria pero sugerida por Octavio. Por decreto de César, esos antiguos miembros del ejército habían ingresado al Senado; no pertenecían a la clase senatorial y mucho de ellos acababan de recibir de César la ciudadanía. El Senado pues, vino a representar de nuevo a la gran nobleza romana. Un año antes, Octavio tomó una serie de disposiciones para depurar el cuerpo de ciudadanos a fin de que estuviera compuesto principalmente de romanos e itálicos. En su opinión, no debía reclutarse a la manera de César, o sea, mediante la admisión de provinciales, sino que debía crecer desde dentro; con ese objeto, insistió en que todo ciudadano debería casarse y formar una familia, y que la sangre de esos nuevos ciudadanos debería ser puramente itálica. Estaba prohibido el matrimonio con libertos. Esas medidas se tomaron en forma deliberada y expresaban una íntima convicción del pensamiento de Octavio, como lo prueba el hecho de haber sido confirmadas, con algunas modificaciones, en el 18 a. C. y en el 9 d. C. También se adoptaron otras medidas para evitar matrimonios desiguales entre las clases superiores; se prohibieron estrictamente, en el caso de los senadores, los matrimonios con esclavos manumitidos, pero fue imposible imponer esta disposición a todos los ciudadanos. Por último, en el año 28 a. C. Octavio comenzó su tarea de restaurar la capital reconstruyendo los templos más venerados.

Al mismo tiempo, Octavio procuró volver gradualmente a las formas externas de que se revestía antes el gobierno republicano. Sin embargo, no abandonó en esos primeros años sus poderes extraordinarios: aún era el jefe militar al que la población debía obediencia en virtud del juramento de fidelidad. Como jefe militar, conservó el título que sustentaba desde el 40 a. C. y que indicaba su estrecha relación con el ejército. En Roma, era costumbre agregar Octaviarais a su nombre de Cayo Julio César y llamarlo solo por aquel nombre; pero él mismo no usaba el nombre de "Octaviano" y, en cuanto al de "Cayo", lo sustituyó por el título de imperator que el ejército le había conferido. Este título, puramente militar, que para él no fue solo un título, sino un nombre, lo aceptó para distinguirse de los demás jefes revolucionarios, que habían sido saludados de esta manera por sus ejércitos después de una victoria, y que lo usaban como un título puro y simple. Octavio lo siguió usando aun después de que su autoridad había dejado de ser únicamente militar; esa denominación se había convertido en costumbre. Además, en las provincias, ese título llegó a relacionarse muy pronto con la idea de la naturaleza universal e ilimitada de su poder, idea ésta que Octavio no deseaba desarraigar. Este hecho explica por qué los habitantes de las provincias orientales le juraron fidelidad personal cuando su autoridad quedó ratificada definitivamente. No pertenecía a los Julios; pero era menos deseable el nombre de Octaviarais que mostraba su parentesco con los Octavios y no con los Julios. Pero conservó el nombre de César, porque heredó de César el derecho a mandar el ejército. Además Octavio puso de relieve su relación con César por otro procedimiento: César había sido deificado- después de muerto y su sucesor se hizo llamar "hijo del César deificado". Por consiguiente, su nombre completo era Imperator Caesar Divi filius. Pero, aun cuando retuvo sus atribuciones extraordinarias y su título revolucionario, consideró conveniente ejercer el cargo de cónsul y fue elegido todos los años a partir del 31 a. C, junto con un colega; esta elección, así como la de los otros magistrados, se hacía mediante el voto popular expresado en las asambleas populares ordinarias. Octavio gobernó el Estado en persona, pero actuaba a través del Senado y de la asamblea popular, que se reunían en las fechas acostumbradas para decidir los asuntos corrientes.

Después de dos años de transición, Octavio consideró posible coronar su obra y, por último, restaurar el viejo orden de cosas. En una reunión del Senado, celebrada el 27 a. C, hizo entrega de sus poderes especiales y proclamó solemnemente la vigencia de la antigua constitución. Pero, en la misma reunión, el Senado insistió en que aceptara cierto número de atribuciones militares y administrativas, de las que se hablará más adelante. Esos poderes fijaban su posición como jefe del Senado y Primer Ciudadano o princeps: ese día, surgió la nueva forma de gobierno que nosotros llamamos, siguiendo la denominación de los propios romanos, "Principado".

En la misma ocasión, Octavio recibió el título adicional por el que se le conoce universalmente y que se convirtió en su nombre personal. El Senado agregó a su primera denominación de Imperator Caesar Divi filius el título de "Augusto". Con anterioridad, ese epíteto solo se había aplicado a ciertos dioses para indicar implícitamente que eran "incrementadores" y creadores de algo diferente y mejor, la misma idea que se encuentra en la raíz de la creencia romana sobre el genio individual. Este título, pues, fue conferido a Octavio (a quien llamaremos de aquí en adelante Augusto) como el restaurador y el "incrementador" del Estado, y como hombre investido de la máxima autoridad (auctoritas), palabra esta derivada de la misma raíz que la palabra "Augusto". Los propios romanos desde hacía tiempo, llamaban a su Estado "Imperio Romano", es decir, la parte del mundo en que la autoridad del pueblo romano constituía la suprema ley; por eso, el representante de esa autoridad se convirtió, después del período revolucionario, en el "Emperador".

En el año 27 a. C. se inició un período en el que la resuelta actividad de Augusto creó una nueva constitución para el Imperio; Trataré de describir esa constitución en su totalidad, según la forma que asumió después de la declaración solemne de Augusto. En ella no había nada de sorprendente o de revolucionario: Sila, Pompeyo y César habían echado ya los cimientos de esa nueva construcción. Pero Augusto tuvo la habilidad de combinar los aportes de sus predecesores con las formas externas de la vida pública consagradas por muchos siglos de uso. Así se edificó el principado, y el hecho de que esa institución se mantuviera firme por cerca de dos siglos prueba que Augusto supo aprender las lecciones del pasado, calcular las fuerzas reales del Imperio y comprender la actitud mental de sus contemporáneos.

Sería inútil buscar una única fórmula constitucional que permita definir los resultados de lo que Augusto hizo en realidad. ¿Qué había creado él? ¿Era una monarquía, una diarquía compartida con el Senado o una restauración de la misma república? Los eruditos han discutido durante cincuenta años este problema de terminología y sus debates han sido por completo estériles. La tarea principal de Augusto fue precisamente la de borrar, con un trabajo minucioso y paciente, la distinción entre esas concepciones y, a la vez, suavizar las aristas en exceso afiladas. De ahí que la constitución que él creó pueda ser descrita, pero no definida con una sola palabra o una breve fórmula. Augusto quería que se lo considerase restaurador de la vieja constitución; insiste en esto enfáticamente al dar cuenta de sus actividades en el documento que su sucesor Tiberio hizo público, después de muerto Augusto, en Roma y las provincias. Pero cuando Tácito, desde la atalaya de la historia, pasó revista a la obra del Emperador cien años después de completada, vio claramente que esas manifestaciones no eran satisfactorias; de esa misma opinión habían sido ya algunos contemporáneos de Augusto. Éstos, así como los historiadores modernos, se inclinaban a simplificar la cuestión diciendo que Augusto creó una monarquía. Esas opiniones son acertadas y erróneas a la vez. Es imposible calificar el tipo de constitución creada por Augusto por medio de una fórmula única y simple. Por ese camino, dejaríamos de comprender su naturaleza esencial, que se gestó históricamente con diversos elementos.

Después que Augusto hubo derrotado a Antonio, su poder se basaba en el mando absoluto sobre las fuerzas armadas del Estado. Al renunciar a sus atribuciones extraordinarias, el año 27 a. C, también renunció a su mando sobre el ejército. Retuvo el título puramente militar del que ya hemos hablado con anterioridad, pero el Senado le restituyó de inmediato el mando sobre el ejército. No sabemos cómo habría actuado Augusto, si el Senado no lo hubiera hecho. El Senado le confirió el poder proconsular por diez años en todas las provincias en donde hubiera tropas destacadas, salvo África y Macedonia. Pero es notable el hecho de que el Senado no intentara quitarle el rilando; sus lazos con el ejército eran demasiado estrechos para que se pudieran romper mediante un simple decreto.

No era posible desmovilizar de inmediato a todos los soldados que habían luchado al lado de Augusto o de Antonio. Algunos habían sido licenciados y se les había dado tierras, pero más de la mitad, unos 250. 000 hombres, estaban todavía en filas y distribuidos en las provincias que necesitaban protección militar. También era necesario conservar la flota; de lo contrario, los piratas volverían a ser dueños del mar.

Roma precisaba un ejército permanente bien organizado y que, al mismo tiempo, no pudiera decir la última palabra en cuestiones políticas; en lo posible, debería permanecer neutral en tales asuntos. Por cierto, César y Antonio, heredero de sus ideas, habían reconocido la importancia de este punto y trataron de evitar el peligro formando un ejército que no se compusiera de ciudadanos romanos sino de habitantes de todo el Imperio. Fácilmente alistaron en sus legiones a los provinciales; los mejores, los que llegaban a ser centuriones, tenían abierta una espléndida carrera que podía culminar en el Senado. Pero Augusto no podía hacer lo mismo; su victoria era el triunfo de los ciudadanos sobre las provincias. El Estado que debía gobernar sería un Estado en que Italia y los romanos fueran señores y los provinciales, meros servidores y subditos. Un imperio de tales características solo podía ser defendido por un ejército cuyo núcleo estuviera constituido por ciudadanos romanos.

No se puede decir que Augusto superara esta dificultad, en la que se encontraba obligado por la fuerza de las circunstancias. Su organización del ejército fue una transacción. En este aspecto, como en otras esferas del Estado, Augusto convirtió en sistema las costumbres que se habían introducido durante las guerras civiles. El ejército romano se transformó en una fuerza permanente, no solo de hecho sino también en teoría. Constituían su núcleo las legiones de ciudadanos romanos, cuyo período de servicio se fijó, en el 63 a. C, en dieciséis aros, aumentando hasta veinte en el 52 a. C. En realidad, no todos los soldados recibían la honesta missio o "baja honrosa" al término de los veinte años; la dificultad de obtener nuevos reclutas y, por otra parte, el deseo de mantener en filas a hombres con experiencia y disciplinados, así como la necesidad de entregar a los veteranos tierras o dinero, todas esas consideraciones indujeron a Augusto y a sus sucesores a mantener en filas a hombres cuyo período de servicio había expirado. Se mantuvo el principio de que las legiones debían componerse de ciudadanos romanos. Bajo el gobierno de Augusto, los legionarios eran en su mayoría nativos de Italia y ciudadanos romanos de las provincias, pero, en ocasiones y en especial para el Oriente, esta regla no fue muy rigurosa y se siguió la costumbre que estableció Antonio. Augusto se reservó el derecho de conscripción y todos los ciudadanos estaban obligados, en principio, a servir en las legiones; pero ni él ni sus sucesores recurrieron a la conscripción salvo en momentos críticos. Después de las guerras civiles había muchos hombres dispuestos a entrar en el ejército y, en consecuencia, era muy fácil llenar las filas con voluntarios para un largo servicio.

Desde ese tiempo en adelante, las legiones del ejército permanente no se estacionaron nunca en Italia, sino en los lugares en donde había guerra o amenazaba ese peligro: en las provincias de Galia y España, en la región del Danubio, en Siria, Egipto y África, que tenían en sus fronteras pueblos fuertes y belicosos. Los soldados vivían en campamentos fortificados, aunque no permanentes; así era el caso, al menos, en teoría, pero, en la realidad, muchas de esas guarniciones se convirtieron en campamentos permanentes. Una legión no estaba fija en una provincia; en caso de necesidad, podía pasar a otra. Los soldados no podían casarse, en flagrante contradicción con las leyes de Augusto, según las cuales todo ciudadano romano tenía la obligación de crear una familia. El sistema de mando era, en general, el mismo que ya existía antes. Los centuriones todavía representaban la disciplina y la tradición, pero, por razones políticas, no se quedaban de un modo permanente en una legión particular, sino que pasaban de una a otra. Con Augusto terminó la posibilidad de que habían gozado los centuriones de ser promovidos a las dos clases superiores. Solo los pocos que pertenecían a la clase ecuestre podían aspirar a una carrera propia de esa clase. Todos los oficiales pertenecían a las clases privilegiadas. Como antes, algunos tribunos militares eran elegidos y otros, nombrados por el emperador; por norma ejercían sus mandos por poco tiempo. Superiores a éstos eran los comandantes de las legiones, que se llamaban legati; pertenecían a la clase senatorial y, por lo general, habían sido antes cuestores o pretores; como los tribunos y también por razones políticas, no desempeñaban sus cargos durante mucho tiempo. El mando supremo de un ejército provincial lo ejercía el legado del Emperador en las provincias imperiales y un procónsul en las provincias senatoriales. El ejercicio de esos cargos rara vez se prolongaba más de un año. Oficiales, centuriones e incluso los soldados recibían una instrucción preliminar antes de entrar en el ejército. Por iniciativa del Emperador, los hijos de personas de clase senatorial o ecuestre recibían un adiestramiento especial en Roma; con" esa finalidad, formaron cuerpos especiales y su comandante honorario, llamado princeps iuventutis (jefe de la juventud), era el presunto heredero. Los primeros en llevar ese título fueron Cayo y Lucio, nietos de Augusto e hijos de Julia y Agripa. Las otras ciudades de Italia tuvieron instituciones similares, que retomaron la tarea de antiguas organizaciones que reunían a los jóvenes ciudadanos en un cuerpo o asociación única.

Augusto hizo una innovación cuando, en adición a las legiones destacadas en el extranjero, creó un cuerpo militar numeroso que tenía por objeto la guarda personal del Emperador. Todo comandante en servicio activo había dispuesto siempre de un cuerpo de este tipo, llamado "guardia del pretor" (cohors praetoria). Puesto que el comandante supremo en contradicción con las normas constitucionales establecidas por el Senado, debía residir de un modo permanente en Roma, era natural que sus guardas también tuvieran allí su cuartel general. No una, sino nueve cohortes (más tarde, se agregó una décima) exigía la dignidad del comandante en jefe de todas las tropas; cada cohorte se componía de mil hombres, que servían durante un período de doce años y, más tarde, de dieciséis; los oficiales (el prefecto del pretorio y los tribunos militares bajo sus órdenes) pertenecían a la clase ecuestre. Además de la guarda pretoriana había tres "cohortes urbanas" (urbanae cohortes), con asiento en Roma; se reclutaban entre los ciudadanos y formaban una policía militar. Había también siete cohortes de bomberos, en las cuales podían alistarse los libertos. Tanto los policías como los bomberos estaban mandados por prefectos propios. Finalmente, el palacio del Emperador estaba custodiado por bárbaros armados, en su mayoría germanos, que no se consideraban parte del ejército, sino al servicio de la casa imperial.

Una segunda innovación de Augusto, perpetuó un procedimiento al que el Senado había recurrido en la época republicana, pero solo en casos de emergencia. Se trata de la formación de un segundo ejército compuesto en su totalidad de provinciales. Eran regimientos de caballería e infantería (alae et cohortes) de mil o de quinientos hombres, comandados por oficiales romanos de la clase ecuestre; después de veinticinco años de servicio, los soldados pasaban a ser ciudadanos romanos. La formación de ese ejército, casi igual en número al primitivo ejército de ciudadanos, era una concesión a las ideas de César y también el reconocimiento del hecho de que Roma era ahora un imperio; pero tuvo una posición de inferioridad. Esas tropas se llamaban "auxiliares" (auxilia), y estaban agregadas a las legiones. Su objetivo era aligerar la carga del servicio militar para los ciudadanos y hacer innecesaria la conscripción forzosa. Los aliados de Roma, principalmente los reyes tributarios, enviaban tropas a Roma, en ciertas ocasiones, para reforzar al ejército romano.

Otra novedad fue la creación, de una flota permanente. Una sección se hallaba en Miseno y la otra en Ravena, en el Adriático. La tripulación se componía, al principio, de esclavos del Emperador; más tarde, fueron ciudadanos de las clases más bajas, libertos o provinciales. Los oficiales eran caballeros. La flota no era numerosa; es probable que el número de remeros, marinos y soldados no excediera de 10. 000 hombres. Los barcos eran pequeños y ligeros, y se utilizaban para fines de vigilancia, es decir, para ahuyentar y capturar piratas.

Pero la innovación principal con respecto al sistema republicano era que los asuntos militares quedaban fuera de la competencia del Senado y de la asamblea popular; tampoco incumbían tales asuntos a los magistrados anuales, cónsules y pretores; eso era atribución exclusiva del Emperador. Augusto no tenía el monopolio del poder militar (imperium); en teoría, correspondía a todos los cónsules, en Roma, y a todos los procónsules y propretores, en las provincias. Pero como los ejércitos tenían su destino, casi sin excepción, en las provincias gobernadas por Augusto "y, además, la guardia pretoriana defendía su persona, resultaba que, en definitiva, él tenía el control militar completo sobre las fuerzas militares.

El Senado confirió a Augusto el poder proconsular por diez años, en el 27 a. C, para qué gobernara ciertas provincias, precisamente las que tenían enemigos en las fronteras y en las cuales, como era natural, se destinaban fuerzas armadas; ese poder se renovó cinco veces por períodos de cinco años. Su potestad en el ejército se extendía a todos los aspectos y cuestiones militares. Augusto nombraba los legados de legiones y de cohortes auxiliares, y a los prefectos y tribunos que mandaban la caballería. Todos ellos pertenecían a las clases senatorial y ecuestre. También nombraba a los centuriones o comandantes de las centurias en que se dividía la cohorte y a los asistentes no combatientes de los oficiales superiores.

Augusto era el único que tenía atribuciones para distribuir las tropas en las provincias y para determinar sus objetivos, militares o civiles; entre estos últimos se incluía la construcción de vías y puentes. Augusto pagaba a los legionarios, los cuales recibían la mitad de lo que percibían los guardas pretorianos, pero más que los auxiliares. Finalmente, fijaba y pagaba sus pensiones. (La institución de un sistema regular de pensiones fue otra innovación. ) Con este objeto, se creó un fondo especial, el aerarium militare, en el que el propio Augusto puso una parte de su fortuna personal y en el que se vertía una porción de la renta pública. El nuevo sistema de organización militar confirió a Augusto un poder tan absoluto como el que había tenido César; la única diferencia estribaba en que su poder se hallaba disfrazado con otro nombre y asumía otras formas menos repulsivas para la tradición romana.

[pagebreak]
Sin embargo, es preciso observar que todas las disposiciones que acabamos de indicar no resolvieron el problema fundamental de Augusto. Con ellas, no se aseguraba la reposición de tropas, ni su capacidad para la guerra, ni tampoco su apartamiento de la política. Por tratarse de una fuerza armada compuesta de voluntarios de largo servicio, se corría el riesgo de que el ejército permanente se convirtiera en una casta, un cuerpo de combatientes profesionales distintos del resto de la población y sin ninguna simpatía por parte de esta última. Su poder bélico quedaba disminuido por las consideraciones políticas, que imposibilitaban la formación de un cuerpo de oficiales y suboficiales, bien adiestrados y en permanente relación con sus hombres. Por último, resultaba muy difícil garantizar la neutralidad política del ejército. Los guardas imperiales tendían a ejercer una fuerte influencia política e incluso los ejércitos provinciales advirtieron pronto que el Emperador dependería, tarde o temprano, de ellos para afirmar la fuerza y permanencia de su autoridad.

Un asunto de no menor importancia para comprender el sistema establecido por Augusto como princeps, es su relación con las finanzas del Estado y los recursos materiales del Imperio. No se modificó el sistema tributario y las rentas continuaron como antes. Los ciudadanos no pagaban impuestos sobre las tierras que poseían en Italia; la única carga a la que estaban sujetos era un impuesto del cinco por ciento del valor de los esclavos manumitidos y un impuesto sucesorio, también del cinco por ciento, que introdujo Augusto. en los últimos tiempos de su reinado (el 6 d. C). El Estado obtenía sus rentas fundamentalmente de los dominios que le pertenecían, incluidas las provincias; pero esas fuentes de ingresos no bastaban para cubrir los gastos de un gran ejército permanente. Por eso, durante el siglo I a. C, el Estado pagaba a los soldados mediante la guerra: el botín del que se apoderaban servía sobre todo para esa finalidad. En el campo de batalla, el ejército se mantenía por sus propios medios. Durante la guerra civil, los jefes de los ejércitos revolucionarios siguieron el mismo sistema; sus tropas se mantenían, en parte, con las propiedades confiscadas a los enemigos políticos y, en parte, saqueando las provincias escenario de las guerras.

Al terminar las guerras civiles, no podía continuar tal estado de cosas. Mientras tanto, los gastos se habían elevado enormemente debido a la formación de la guardia pretoriana, el establecimiento de una flota permanente y la introducción de un sistema regular( de pensiones. El ejército permanente estaba ahora en paz y sus campañas ocasionales no producían ingresos. Se invirtieron vastas sumas en las vías militares provinciales y también en las construcciones que Augusto mandó hacer en Roma; se hicieron gastos en magníficas exhibiciones en el Circo, teatros y anfiteatro; se requería más dinero para la distribución de cereal a los ciudadanos romanos, una institución que Augusto había heredado de la época republicana y que para entonces estaba firmemente establecida. Los ingresos ordinarios no bastaban para cubrir los gastos. Por otra parte, no era prudente introducir nuevas cargas en Italia o aumentar el peso del impuesto en las provincias; los itálicos y los provinciales, en especial estos últimos, habían sufrido duramente a causa de las guerras civiles y la única consecuencia del aumento de los impuestos sería el descontento universal. Era posible incrementar los ingresos, poco a poco, mediante un método más ordenado y sistemático en la recaudación, un severo control de las compañías arrendatarias de los impuestos hasta sustituirlas, si llegara el caso, por funcionarios estatales que se ocuparan de las recaudaciones. Un paso preliminar en ese sentido se inició con el censo general de la propiedad que se poseía en las provincias; Augusto fue el promotor. de tal censo que Druso, su hijastro, llevó a buen término en Galia; tal vez se hizo lo mismo en Galacia, Siria y Palestina, las nuevas provincias de Oriente. Pero todo eso exigía mucho tiempo y el dinero se necesitaba con urgencia. El Senado tenía plena conciencia de su incapacidad en este asunto; solo el Princeps estaba en condiciones de hacer algo para resolver el problema.

Augusto comprendió las ventajas de su posición. Después de la guerra civil, era el hombre más rico del Imperio. No sabemos cómo adquirió su asombrosa riqueza. En aquellos calamitosos años, ningún jefe revolucionario observaba cuidadosamente los límites entre la propiedad privada y la pública; además nadie tuvo la imprudencia de preguntárselo. La riqueza personal de Augusto siguió aumentando, incluso después de establecerse la paz, mediante legados de hombres acaudalados que le dejaban parte de su propiedad, sea por afecto personal o guiados por el deseo de legalizar títulos dudosos —después de la guerra civil todos los títulos de propiedad eran controvertibles— dando al jefe del Estado un interés directo en su validez. Su fortuna asumió proporciones todavía más gigantescas, si nos atenemos a las vagas afirmaciones de nuestras fuentes, en el sentido de que Egipto pasó a ser propiedad particular de Augusto a la muerte de Cleopatra. Aunque tal hecho estaba en contradicción con todas las tradiciones del derecho público romano, sin embargo, encajaría perfectamente con la teoría helenística, según la cual Egipto era propiedad personal de sus reyes. En todo caso, no es probable que la situación de Egipto estuviera definida con precisión desde el punto de vista del derecho público romano. Teóricamente, Egipto era una de las provincias romanas que se asignaron a Augusto para que las gobernara. Había legiones romanas destinadas allí, pero, de hecho, las tropas de Egipto no estaban mandadas por un senador, según la norma constitucional y la práctica en otras provincias, sino por un caballero, que gozaba de todos los derechos imperiales en su condición de lugarteniente personal del Emperador.

La posesión de esta inmensa riqueza permitió a Augusto encontrar un nuevo medio para hacerse indispensable al Estado. Más de una vez, acudió en socorro de la tesorería, a petición reiterada del Senado. Augusto sufragó los gastos de nuevas construcciones en Roma, pagó el grano que se debía distribuir entre los habitantes, contribuyó con su dinero para asegurar la pensión de los soldados, proveyó a la paga de sus guardias, compró tierras para sus veteranos, hizo donativos a los soldados y al populacho, y celebró espléndidos juegos. No es probable que el Estado tuviera que hacer gasto alguno en el mantenimiento de las provincias imperiales, provincias que gobernaba Augusto y en las que había dotaciones del ejército romano. Se suponía que los ingresos de esas provincias cubrirían los gastos de las tropas. Pero es probable que esos ingresos fueran insuficientes y Augusto pagara la diferencia de su propia bolsa.

De ahí que el Senado se abstuviera de inmiscuirse en las finanzas de las provincias imperiales. Las tesorerías de esas provincias se convirtieron en secciones de la tesorería privada del Emperador y las oficinas combinadas recibieron más tarde, bajo los sucesores de Augusto, el nombre de fiscus (fiscus es la palabra latina para talega). El fiscus y la propiedad personal del Emperador (patrimonium) solían ser administrados por los esclavos de confianza del Emperador y por sus libertos. En nombre del Emperador, recaudaban los impuestos en sus provincias y administraban los bienes que poseía en las provincias senatoriales, es decir, las gobernadas por magistrados romanos en nombre del Senado. El superintendente de sus cuentas, el administrador de su propiedad personal y sus agentes en las provincias, todos llevaban títulos especiales, el primero se llamaba a rationibus (encargado de las cuentas)- el segundo, a patrimonio y los agentes, procuratores. También tenía cierto número de secretarios confidenciales, conocidos como ab epistulis, que se ocupaban de su correspondencia oficial y privada.

En tales condiciones, el papel que desempeñó Augusto en las finanzas del Estado fue de suma importancia. Sin su ayuda, hubiera sido inevitable la bancarrota o el recurso a los métodos expoliatorios de los tiempos republicanos. Como un asunto de puro trámite, el Senado aceptó de buen grado que Augusto organizara la recaudación de los impuestos sucesorios, muy desagradables para los ciudadanos, que se encargara del control de la administración del tesoro público en el templo de Saturno y que sus procuradores vigilaran a los procónsules, propretores y cuestores que el Senado enviaba para gobernar las provincias senatoriales. En el "ocaso de su vida y de su gobierno, Augusto era realmente el admnistrador del Imperio Romano, el cuidadoso mayordomo de los bienes públicos y el propietario de una inmensa riqueza que invertía principalmente en el Estado. El presupuesto del Estado se confundía, en gran medida, con el presupuesto del gobernante.

El ejército y las finanzas eran los dos grandes pilares en que descansaba el poder de Augusto. Como importante adición a ellos, debemos agregar la satisfacción general que producía el orden que él había establecido. Las provincias estaban contentas; después de los trastornos de la guerra civil, el nuevo sistema de gobierno controlado por el Emperador, que contrarrestaba la conducta arbitraria de los recaudadores de impuestos y reglamentaba la recaudación de los impuestos directos, les dio un respiro y una posibilidad de recuperación. No es, pues, extraño que, en Oriente los hombres comenzaran, ya en el año 29 a. C, a rendir honores divinos a Augusto. La situación en Italia era más complicada. Italia estaba satisfecha por haber logrado una pausa después de la guerra civil; pero no le bastaba. Cada sector de la población tenía sus propias aspiraciones y sus propias esperanzas. Pero Augusto consiguió satisfacer a todos esos sectores, con más o menos fortuna. En primer lugar, Italia continuó siendo el país dominante; no había la menor intención de sumergir su personalidad entre las provincias y el pueblo romano era todavía el señor del Imperio Romano. Tampoco existía el propósito de abolir la distinción entre las diferentes clases de ciudadanos: la antigua división en clases continuaba y aún más radicalmente definida que lo había sido antes. Un ciudadano ordinario no podía ascender a caballero ni éste a senador, salvo concesión especial del Emperador. El aspirante a la promoción debía poseer cierta fortuna y una conducta irreprochable. También debía lograr el consentimiento del Emperador para que se incluyera su nombre en la lista de candidatos.

Los senadores estaban mucho menos satisfechos que las otras clases con las disposiciones establecidas, si bien Augusto les hizo concesiones que resultaban muy generosas comparadas con el trato que César dio a esa clase. El Senado continuaba existiendo como consejo supremo de los magistrados y, en particular, del Emperador. Augusto los trataba con gran deferencia. Todos los asuntos públicos más importantes se debatían en el Senado y éste todavía administraba ciertas provincias. Los gobernadores de esas provincias y los de la mayoría de las provincias imperiales eran senadores. Augusto solía nombrar senadores para representarle dentro y fuera del Imperio en comisiones que le confiaban el Senado y el pueblo. Solo los senadores podían mandar las legiones. Los hijos de los senadores comenzaban su servicio militar como oficiales y no como simples soldados. Únicamente los miembros de las familias senatoriales eran elegibles para las magistraturas romanas; la mayoría de las curules vacantes en el Senado eran ocupadas por esos magistrados, cuando expiraba el período de su cargo.

Con todo, los senadores sabían muy bien que, aunque podían debatir los asuntos en calidad de consejo del Emperador, la decisión final dependía de éste y no de los senadores; también sabían que el futuro de cada uno de ellos dependía totalmente del Emperador. El pueblo solo elegía a los candidatos que él aprobaba de antemano. De vez en cuando, por mandato del pueblo, revisaba la lista de los senadores y expulsaba a los indignos. Podía nombrar a uno u otro senador, según quisiera, para mandar una parte de] ejército o para gobernar una provincia imperial. Ni siquiera se podía obtener una provincia senatorial, si el Emperador ponía objeciones. En su propia provincia, el gobernador ya no se sentía libre; sabía que lejos, en Roma, había siempre una mirada que vigilaba todo lo que él hacía. También sabía que debía contentarse con el generoso salario que se había fijado para todos los gobernadores provinciales, para no correr el riesgo de volver a la patria y ser juzgado por un tribunal realmente imparcial, en el cual, una vez más, el Emperador era el verdadero juez. Por último, Augusto estaba siempre dispuesto a dar ayuda pecuniaria a los senadores empobrecidos que le fueran fieles. Era necesario poseer bienes estimados en no menos de un millón de sextercios para abrigar la esperanza de ser elegido senador y continuar en el cargo. Así, pues, el Senado y la clase senatorial dependían por completo de Augusto. Se sometieron a esa penosa necesidad, pero no se habrían sometido, si el Emperador no los hubiera dejado en plena posesión de sus privilegios sociales.

La segunda clase del Imperio era la de los caballeros, quienes no solo aceptaron la situación creada por Augusto, sino que lo apoyaron por todos los medios y demostraron ser sus partidarios de mayor confianza. Esta clase poderosa de hombres de negocios, que había salido fortalecida de las guerras civiles y, además, mucho más numerosa, a pesar de las víctimas que la guerra causó, no podía menos que estar satisfecha por el trato que le daba Augusto. El deshonroso pasado de muchos de ellos quedó olvidado; la clase fue declarada oficialmente segunda clase del Estado y rama hereditaria de la aristocracia. Los caballeros recibieron derechos definidos en la vida pública, como miembros de los tribunales, oficiales del ejército, agentes financieros del Emperador y gobernadores de ciertas provincias, tales como Egipto y las nuevas provincias de los Alpes. Había algunas desventajas: la esfera de su actividad se fue restringiendo poco a poco y, en particular, perdieron por completo el contralor absoluto sobre las transacciones relativas a la recaudación de impuestos, que antes ejercían; Augusto podía conferir los privilegios de la clase a ciertos individuos o bien quitárselos, según lo considerara oportuno; además descubrieron que el servicio militar en calidad de oficial no era un simple derecho sino un deber. Pero, en conjunto, esta clase ganó mucho más de lo que había perdido.

Tampoco el resto de la población itálica tenía razón alguna para estar descontento. Su número se había reducido enormemente durante las guerras civiles y su composición había cambiado casi por completo. A muchos, que antes habían sido personas acomodadas, les habían robado las tierras y los soldados licenciados habían ocupado su sitio. Pero esto ocurrió mucho antes de terminar la guerra civil y quienes habían perdido tierras se fueron adaptando como mejor pudieron a las nuevas condiciones. Las parcelas de tierra que se concedieron después de la batalla de Accio fueron entregadas con menos apremio y en forma más sistemática; las tierras para los veteranos no se tomaron por la fuerza, sino que se pagó por ellas. La transacción se hizo sin la menor sombra de odio y, por encima de todo, el tiempo de la incertidumbre por el mañana había pasado y los hombres podían respirar libremente, una vez más. La constante leva de soldados había acabado y ahora las filas estaban abiertas para todos los que desearan servir en el ejército. Las fuerzas armadas ya no merodeaban por el país ni estaban a cargo del pueblo; había garantías contra los saqueos y la amenaza de requisas compulsorias. La vida había vuelto a su cauce ordinario. Había excelentes perspectivas para los ciudadanos romanos que vivían en Italia. Por voluntad del Emperador o por los servicios prestados en el ejército o en la administración municipal, los miembros de la aristocracia local y de la burguesía podían adquirir la ciudadanía romana e incluso ascender a la clase ecuestre. El florecimiento de la industria y el comercio enriquecía a la clase de los libertos, una clase animosa y activa. Si los miembros de esa clase preferían servir al Estado, tenían excelentes oportunidades en la marina, en las brigadas contra incendios o en las actividades financieras.

Tenemos que mencionar, aunque sea brevemente, al proletariado romano. Esta clase pronto se conformó con la pérdida de su importancia política. El Estado mantenía a unos 200. 000, los cuales recibían una ración de cereal. Augusto sostenía la buena disposición de ánimo de los demás con empleos, diversiones y, en ocasiones, dinero.

La autoridad de Augusto se basaba, en parte, en su posición militar y, en su control de los ingresos del Estado y, también en parte, en la popularidad de que gozaba la nueva constitución entre las masas. La forma precisa con que revistió su posición directora del Estado era una cuestión de importancia secundaria. Al determinar sus relaciones con los instrumentos de gobierno —los magistrados, el Senado y la asamblea popular— Augusto evitó toda apariencia de acción anticonstitucional. No quiso oír hablar de una dictadura, sea por un período limitado o con carácter vitalicio. Tampoco aceptó el título de "guardián de las leyes y de la moral". En el año 28 y el 27 a. C, renunció a todos los poderes extraordinarios que tenía y, al obrar de este modo, restauró la constitución volviendo a la forma que tenía antes de la dictadura de César. En teoría, Roma estaba gobernada, una vez más, por los magistrados, el Senado y la asamblea popular.

Si Augusto, uno de los magistrados romanos, era también el verdadero gobernante de Roma, tal hecho se debía a su encanto personal, a su autoridad moral y al deseo expresado claramente por el Senado y el pueblo. Desde ese punto de vista, Augusto era un segundo Pompeyo; era lo que Pompeyo hubiera deseado ser. Un decreto del Senado le confirió, como procónsul, el mando del ejército. Del pueblo recibió, como César, el poder tribunicio. Fue elegido cónsul año tras año hasta el 23 a. C; después, solo ejerció ese cargo en forma ocasional y en circunstancias excepcionales, a pesar de que los electores lo presionaban para que lo ejerciera sin interrupciones. Legalmente, el Estado estaba gobernado, como en tiempos pasados, por el Senado, salvo las provincias imperiales, que el propio Senado había transferido a Augusto, y salvo en los asuntos de gobierno que el Senado y el pueblo le habían pedido que tomara en sus manos, tales como el abastecimiento y distribución de grano extranjerq, el mantenimiento de los caminos y el orden y seguridad de la capital. Si, de hecho, era Augusto, y no el Senado ni la asamblea popular, el que gobernaba el Estado, ambas instituciones estaban satisfechas de que así fuera y eso sin presión alguna por parte de Augusto.

La firme y sensata política extranjera de Augusto también sirvió para fortalecer su principado. Resultó muy ventajoso el sistema de distribuir los ejércitos permanentes en las fronteras en donde hubiera amenaza de peligro; ese sistema aseguraba la paz y la posibilidad de desarrollo económico tanto en las provincias como en Italia. Aún seguían las guerras fronterizas; pero su objetivo actual era el de reforzar y rectificar las fronteras. Donde se consideraba necesario, se conquistaban nuevos territorios y se los anexaba a las provincias existentes. De ese modo, después de una guerra larga y agotadora, se conquistó la parte que aún se mantenía independiente en España y todo el país se dividió en tres provincias: Bética, gobernada por el Senado; Tarraconense y Lusitania, gobernadas por Augusto.

La situación era más complicada en la frontera oriental de la Galia, es decir, en el Rin, y también en el Danubio, en el territorio limítrofe de Macedonia y en la provincia romana de Iliria. Galia no había sido sometida y pacificada en forma total; se dividía en cuatro provincias: Narbonense, gobernada por el Senado; Aquitania, Lugdunense y Bélgica, gobernadas por el Emperador. De este modo, el Emperador podía prestar una atención especial a la frontera norte o, dicho de otra manera, a las relaciones entre Roma y las tribus germánicas. No es probable que entrara dentro de sus planes incluir a todos los germanos en el Imperio romano. La mayoría de ellos vivían de un modo tan primitivo y bárbaro, sin contacto alguno con la civilización grecorromana, que no podía imaginarse siquiera que esas selvas se convirtieran en provincia romana. Su plan fue más modesto. Augusto deseaba incorporar al Imperio a todas las tribus celtas y tracias del sur del Danubio, y a todas las tribus germanas del oeste del Elba, que ya habían entrado bajo la influencia romana, y de esta suerte, crear una frontera natural, que pudiera defenderse con facilidad y lo más ágilmente que fuese posible, que se extendería desde el Mar Negro al Mar del Norte pasando por el Danubio y el Elba.

Augusto inició la conquista de los países del sur del Danubio y del este del Rin al comenzar su principado y la llevó a buen término sistemáticamente. En los años 35 y 34 a. C, mientras era triunviro, emprendió una guerra larga y tenaz contra las tribus ilíricas de iápodes y dálmatas, y de ese modo ganó para Roma una franja de la orilla oriental del Adriático, con todas sus ciudades griegas y semigriegas, en donde se comenzaba a establecer contacto con las nuevas colonias y puestos romanos del Danubio superior. Hubo otro nuevo avance cuando Tiberio y Druso, hijastros de Augusto, sometieron y pacificaron los distritos alpinos. Augusto había luchado allí anteriormente, en los años 35 y 34 a. C, y había sometido y exterminado a los sálasos en el año 25 a. C. Entre el 15 y el 13, sus hijastros continuaron su obra y las regiones alpinas pasaron a poder de Roma, dividiéndose en distritos militares y, más tarde, en pequeñas provincias gobernadas por los procuratores o agentes personales del Emperador. Antes aún, en el 29 y el 27 a. C, M. Licinio Craso, el gobernador de Macedonia, había llevado la frontera hasta el Danubio inferior, y obligó a someterse a Roma a las tribus nativas ilíricas y tracias.

Marco Lolio y C. Calpurnio Pisón continuaron la empresa, con importantes resultados; se fortificó el remo tributario de los odrisas en Tracia. Roma se convirtió en la protectora de las ciudades griegas de la orilla occidental del Mar Negro y estableció contactos con las colonias griegas de la orilla norte. En Mesia, situada en el bajo Danubio, se estableció también una guarnición militar.

Al mismo tiempo, la sumisión de Germania, al sur del Elba, y su conversión en provincia romana, fue realizándose de un modo sistemático. Esta misión fue confiada a Druso, hijastro de Augusto, gobernador de Galia y del territorio del Rin. Las operaciones comenzaron el año 12 a. C. y tuvieron éxito. No hubo una oposición seria por parte de los germanos. Pero, en el año 9 a. C, antes de completar su empresa, Druso se hirió mortalmente al caer de su caballo, cuando regresaba al Rin. Su hermano mayor, Tiberio, continuó la obra por dos años más; su mayor hazaña en el Rin fue la destrucción de los sigambros, hecho que causó sensación en Roma. En el año 6 a. C, hubo ciertas desavenencias entre Augusto y Tiberio, y éste tuvo que renunciar por algún tiempo a sus funciones públicas; los gobernadores de la frontera del Danubio dirigieron la política exterior de Roma en el norte del Danubio y el Rin. Siguieron otras campañas en el Rin. L. Domicio Ahenobarbo, un hábil general, que durante mucho tiempo mandó las tropas romanas, estuvo a punto de conquistar la Germania al sur del Elba y llevar la frontera hasta el Elba y el Danubio; todo lo que quedaba por hacer era destruir el poderoso reino de Maroboduo, en el territorio que hoy se llama Bohemia. En el año 6 d. C, se habían completado los preparativos para realizar una gran campaña dirigida por Tiberio, que había vuelto al comando del Rin dos años antes, cuando los romanos fueron detenidos por sucesivos desastres que terminaron por destruir la paciente obra de Druso y sus sucesores en Germania.

Las tribus panonias del sur del Danubio, sometidas parcialmente por Augusto en el 35 v el 34 a. C, iniciaron una formidable rebelión en la retaguardia del ejército; pronto se sumaron a ellas los dálmatas. La guerra era tan alarmante y el éxito de los rebeldes tan grande, que Italia se preparaba para una nueva invasión bárbara. Augusto movilizó apresuradamente todas las fuerzas del Imperio e incluso recurrió, por primera vez, a la leva obligatoria. El peligro desapareció gracias a las eficaces y bien planeadas operaciones de Tiberio; el joven hijo de Druso, Germánico, que luego sería famoso, sirvió a las órdenes de su tío. Apenas se había aplastado la rebelión y se había establecido el control romano sobre el Danubio, cuando ocurrió un nuevo desastre en el Rin. En el año 9 d. C, las legiones que mandaba L. Quintilio Varo hacían su acostumbrada marcha militar anual en Germania para construir vías y fortificar nuevos campamentos. Algunas tribus germanas, encabezadas por Arminio, un príncipe que había recibido su instrucción militar en Roma, lograron que Varo y sus hombres cayeran en una trampa en la selva de Teutoburgo y a continuación, los cercaron. Varo cayó; tres legiones y cierto número de cohortes auxiliares fueron aniquiladas casi hasta el último hombre. Toda la obra de Augusto en Alemania se había derrumbado, al menos por el momento. Aunque se mantuvieron firmes en la frontera del Danubio, los romanos se vieron forzados a retirarse del Elba y a concentrar sus esfuerzos en fortificar el Rin. Como veremos más adelante, lo que en el reinado de Augusto parecía una retirada temporal se convirtió en una situación permanente.

En el Oriente, Augusto se abstuvo de ejercer una política de expansión. Egipto, como hemos dicho, había sido anexado a la muerte de Cleopatra. Las expediciones que desde Egipto hicieron Cayo Petronio, a Nubia, y Elio Galo, a Arabia, sirvieron para promover el comercio con África Central, Arabia Feliz e India. En el ano 20 a. C, se llegó a un acuerdo con los partos, por el cual estos últimos devolvían los prisioneros romanos y los estandartes tomados a Craso y Antonio. En Armenia, Augusto se contentó con ejercer una influencia indirecta, a través de Tos reyes nativos que subían al trono con la ayuda romana y favorecían a sus protectores. Cayo, el nieto y heredero de Augusto, perdió la vida mientras instalaba en el trono de Armenia a uno de esos protegidos. En Asia Menor, Augusto siguió la política iniciada por sus predecesores, Pompeyo y César. Algunos distritos continuaban siendo reinos tributarios, mientras otros, como Galacia, se convertían en provincias romanas. Augusto nunca se vio obligado a hacer una guerra regular en Asia, porque en realidad no se puede denominar así a la pacificación de las tribus de merodeadores de las montañas de Pisidia.

La población del Imperio Romano fue perdiendo interés en los asuntos exteriores, a medida que esos asuntos y el control militar se iba concentrando en manos de Augusto. El peligro de una invasión extranjera había desaparecido; solo se emprendían guerras Para reforzar las fronteras; incluso las provincias fronterizas no temían ya la irrupción de tribus vecinas. Y así, el prestigio de Augusto, como defensor y guardián del Estado, subió a una inaccesible altura.