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Comienzo de la guerra civil en Roma. Los aliados. Mario y Sila
M. Rostovtzeff

En el libro ROMA De los orígenes a la última crisis. Eudeba

Los acontecimientos que siguieron a la muerte del menor de los Gracos muestran hasta qué punto habían sacudido la vida del Estado esas primeras manifestaciones de agudas disputas partidistas. Inmediatamente después de su victoria, en Roma, el Senado emprendió una serie de guerras en el exterior, confiando sin duda en desviar de este modo la atención popular de las críticas suscitadas por los Gracos. Esas guerras se asemejaban a la campaña final contra Cartago. Su objeto era favorecer los intereses finan­cieros de los grandes propietarios rurales, que constituían la clase dominante, y aumentar el territorio del Estado romano en Galia y África, así como también apartar la atención del pueblo de los asuntos internos. Se planeaba enviar a esos países, en calidad de colonos, al sector ingobernable del proletariado. Los senadores esperaban, al mismo tiempo, hacer una buena inversión para sus capitales comprando la tierra arrebatada a los nativos.

El primer ataque tuvo lugar, sin ningún pretexto razonable, contra las tribus independientes de Galia, en la vecindad de Masilla. Entre 125 y 121 a. C, los ejércitos romanos ocuparon una buena parte del valle del Ródano y la convirtieron en provincia romana. En el año 118, se fundó Narbón (Narbona), la primera colonia romana fuera de Italia, y la provincia se llamó después Gallia Narbonensis. Por esa misma fecha, aproximadamente, se comenzaron operaciones en África contra los herederos de Masi-nisa. Yugurta, uno de los nietos de Masinisa, trataba de arre­batar a sus primos la parte que les correspondía en el reino de Numidia. Los romanos intervinieron y cuando Yugurta se negó a someterse a sus peticiones, la guerra estalló. Salustio, un par­tidario de César, hizo el relato de esa guerra con el objeto de pintar con negros colores la mala política extranjera del Senado, y de poner en evidencia la corrupción y la venalidad de los senadores en tanto clase. La guerra en sí misma no tenía gran im­portancia, pero procuró un buen arma a los enemigos del Senado y ellos la utilizaron para acusar a los generales del Senado de muchos crímenes odiosos. No conocemos la verdad exacta de esas acusaciones, porque solo nos podemos guiar por la narración de Salustio. Pero es indiscutible que muchos de los generales que el Senado envió a África eran culpables de fraude e incapacidad y que Yugurta logró diferir la guerra por algún tiempo mediante el soborno. Asimismo, es cierto que la guerra era totalmente in­necesaria y que el aniquilamiento de muchos millares de soldados romanos se debía no solo al partido senatorial, sino también a sus opositores, quienes insistían en que, una vez iniciada la guerra, se debía continuar sin vacilaciones. Tal situación llevó al mando a Cayo Mario, jefe capaz, nativo de Arpiño, en el país sabino, y miembro de la clase ecuestre. El partido popular lo apoyó como persona que contrastaba con los generales designados por el Se­nado. Con la ayuda de ese partido, Mario fue elegido cónsul por el año 107 a. C. y enviado a Numidia en donde, en dos años, puso término a una guerra que había ido dilatándose el doble de ese tiempo antes de su nombramiento. Sin embargo, hay que notar que su antecesor, Metelio había preparado el camino para el logro de ese éxito.

En esos momentos también se hacía la guerra en Macedonia y España. Para todas esas luchas incesantes se precisaba el alis­tamiento de reclutas; pero los combatientes no veían con claridad el significado y la finalidad de todo eso. Los pequeños propietarios y los aliados estaban cada vez menos dispuestos a responder a las convocatorias de los cónsules; las deserciones se hallaban a la orden del día y era difícil obligar a los soldados a combatir. Re­sultaba todavía más trabajoso mantener la disciplina interna en el ejército.

Con un ejército en esas condiciones y, además, con una buena parte de él en África, los romanos se vieron forzados a enfrentarse con un enemigo temible y poderoso. En 113 a. C, los cimbrios y los teutones, un buen número de tribus germanas y celtas, se acercaron a la frontera romana y, dos años más tarde, invadieron la nueva provincia de la Galia Narbonense. Uno tras otro, los ejércitos romanos eran derrotados; dos ejércitos combinados su­frieron un terrible revés en Arausio (hoy Orange) al sur de Galia. Italia se encontraba en un peligro inminente. Por fortuna para Roma, los teutones se quedaron en Galia y los cimbrios fueron a conquistar España en lugar de invadir Italia. Sin embargo, Roma previo la posibilidad de que germanos y celtas reaparecieran en Italia y los ciudadanos, que nunca habían podido olvidar cómo los galos tomaron y quemaron Roma hacia 390 a. C, estaban em­bargados de terribles presentimientos.

Tan inminente era el peligro que el Senado no levantó nin­guna protesta cuando Mario, el vencedor de Yugurta y. jefe del partido popular, fue elegido cónsul; también aceptó que fuera reelegido por tres años consecutivos, del 104 al 102 a. C, aunque eso fuera contrario a todas las tradiciones políticas romanas. La primera empresa de Mario fue reformar el ejército. Debido a la fuerza de las circunstancias, aquel ejército había dejado de ser prácticamente una milicia de propietarios rurales y dispuestos a acudir a las convocatorias anuales. La milicia se había ido trans­formando poco a poco en un ejército permanente, porque las provincias necesitaban la presencia de esa fuerza. La costumbre de recluitar soldados únicamente entre los ciudadanos romanos poseedores de tierra hacía casi imposible el alistamiento de hom­bres con la necesaria rapidez. Ya se ha dicho anteriormente que los hombres estaban mal dispuestos a servir durante muchos años en el ejército, porque sabían que mientras estuvieran fuera, su tierra se iba a arruinar. Además, como el número ele propietarios disminuía, los reclutas salían siempre de las mismas familias, mientras que la población de ciudades y pueblos, que carecía de tierras y cuyo número aumentaba continuamente, se libraba casi por completo de esas levas. Mario llevó a cabo sus reformas en los sombríos días de la guerra cimbria y acabó para siempre con la concepción de una milicia compuesta exclusivamente de pro­pietarios rurales. Llamó a las filas a los proletarios ofreciéndoles una soldada y, además, parcelas de tierra al expirar su período de servicio. Así, lo que había sido una milicia se convirtió en un ejército profesional de voluntarios con largos años de servicio. Con esta nueva fuerza, Mario pudo defender a Italia contra la invasión de cimbrios y teutones en el año 102 a. C. Una parte de ellos fue derrotada y destruida en Aquae Sextiae (hoy Aquisgrán) en el sur de Galia, y el resto, en Vercelas en el norte de Italia.

Las dificultades de Roma durante esos años penosos aumen­taron debido a la nueva revuelta de esclavos en Sicilia, que duró tres años, del 104 al 101 a. C. Por añadidura, en el mar, la actividad de los piratas hacía imposible el comercio y fue necesario enviar una poderosa flota contra ellos en 102 a. C, mandada por el pretor Antonio. Pero el alivio que se consiguió con esa ex­pedición fue únicamente temporal. Todas estas adversidades, que humillaban el orgullo de los ciudadanos y afectaba su bienestar material, hizo que el Senado perdiera mucho de su prestigio ante la opinión de la población y colocó en primera línea a los jefes del partido popular, que nunca habían renunciado a sus violentos ataques contra el Senado. Mario era uno de sus líderes y Apuleyo Saturnino, el otro.

En el año 100 a. C, Mario fue elegido cónsul por sexta vez y entonces trató de promulgar, con ayuda de Saturnino, una ley agraria por la que se concedía tierra en la parte recientemente conquistada del sur de Galia a sus veteranos y miembros del pro­letariado; también pedía que cierto número de colonias de ciuda­danos romanos y aliados se enviase a las provincias occidentales. El plan de romanización del Occidente buscando tierras para parcelarlas en las provincias y no en Italia continuaba la obra iniciada por Cayo Graco; la novedad consistía en la concesión de ese privilegio a los miembros del proletariado que hubiesen servido en el ejército. Pero la ley de Saturnino perjudicaba los intereses de los grandes capitalistas que poseían tierras en las provincias y que esperaban conseguir más en la Galia. Por consiguiente, esta proposición condujo a otra lucha armada entre el Senado y el partido popular, una contienda tan seria que el propio Mario, autor de la proposición, se vio obligado a apoyar al Senado aplas­tando la rebelión y la lucha en las calles comenzada por Apuleyo y sus partidarios.

Todavía más graves fueron las consecuencias que siguieron al intento de Livio Druso, el año 91 a. C, de hacer votar una serie de medidas, tomadas en parte del programa de Cayo Graco e inaceptables, en general, para el Senado. La principal de esas medidas concedía la ciudadanía romana a todos los itálicos en compensación por las tierras que se confiscarían para establecer en ellas doce colonias que se poblarían con proletarios de Roma y, tal vez, de Italia. Con el deseo ferviente de promulgar esa ley, Druso concluyó un tratado secreto con los jefes itálicos y ellos le juraron fidelidad. La extensión de la ciudadanía encontró una dura opo­sición. Sin embargo, Druso se empeñó en ello y decidió ponerlo a votación, pero fue asesinado misteriosamente la víspera del día en que debía tener lugar la decisión popular. Su muerte no detuvo a los itálicos. Ellos estaban dispuestos a apoyar sus peticiones con la espada en la mano e inmediatamente comenzó una guerra dura y sangrienta contra Roma. Al principio, solo pedían admi­sión a la ciudadanía romana, pero en el calor de la contienda declararon como objetivo propio la destrucción total de la supre­macía romana y la formación de una nueva confederación itálica, en la que Roma ocuparía un lugar de igual importancia que los otros aliados.

La guerra itálica o social se prolongó por más de tres años, desde el 91 al 88 a. C. Los contendientes estaban igualmente pre­parados y armados, y todos tenían el mismo valor. No hacía mu­cho que habían marchado juntos, hombro con hombro, por todo el mundo civilizado. Su disputa actual era extraordinariamente feroz y destructora. Ambas partes estaban convencidas de que defendían una buena causa. De ahí que el número de víctimas que se sacrificaran en ambos lados solo se pudiera comparar con las producidas en las guerras púnicas. Solo terminó la lucha cuando los dos antagonistas reconocieron que no tenía sentido continuar por ese camino. Los itálicos se dieron cuenta de que no se hallaban al nivel de Roma, la cual podía obtener hombres y dinero no solo de todos sus ciudadanos, sino también de todas sus provincias; la ayuda de los destacamentos reclutados en España tuvo una im­portancia especial. Por otro lado, Roma estaba predispuesta a llegar a un entendimiento, porque la guerra estaba minando su supremacía mundial.

Los desórdenes de Italia habían debilitado la creencia de Oriente en la invencibilidad de Roma. Oriente miraba con espe­ranza la creciente influencia y el poder militar de Mitridates VI, rey del Ponto, quien, a partir del 125 a. C, había logrado anexarse las colonias griegas del norte y de las orillas caucásicas del Mar Negro y también había extendido hábilmente los límites de sus dominios en Asia Menor. Al mismo tiempo, preparaba una flota y un ejército fuertes, previendo la posibilidad de un conflicto armado con Roma. Ante el hecho de la guerra social, Mitridates se resolvió a encender la hoguera. En 89 a. C, Roma tuvo que reconocer el hecho de que una gran parte del Oriente helenizado se había puesto del lado del rey del Ponto, que toda la población de habla latina, todos los funcionarios y comerciantes romanos habían sido asesinados y que Délos, el principal centro mercantil en el Egeo y mercado romano de esclavos, había sido tomado y saqueado por Mitridates y sus habitantes itálicos habían sido exterminados.

Los griegos que se habían unido a Mitridates y le habían ayudado a extirpar a los ciudadanos romanos y a los nativos de Italia estaban condenados a sufrir un duro despertar; el rey del Ponto era semicivilizado, cruel y arbitrario, y su dominio era mucho más amargo que la ingerencia de los magistrados romanos. Pero, entretanto, era grave el peligro que amenazaba a Roma. Era terrible la contingencia de la pérdida de prestigio en Oriente de­bida a la crisis de una furiosa guerra civil en Italia, pero era más peligrosa aún la pérdida de los ingresos de sus más ricas pro­vincias, precisamente en el momento en que era mayor su necesi­dad y la seguridad de la victoria en la guerra social, dependía del dinero. Por eso, era preciso que se presentara un ejército romano en Oriente. Pero, para ello, se necesitaba hacer algunas conce­siones en Italia; los aliados tenían que detener o, al menos, dis­minuir sus esfuerzos contra Roma.

En esas condiciones, se hicieron ofertas de arreglo a los itá­licos. Se prometía la ciudadanía romana a todos los que depusie­ran las armas y a los nuevos ciudadanos se los agrupaba en un pequeño número de tribus. Nuestros especialistas no están de acuerdo en determinar si esas tribus eran de nueva creación o no.

Esta solución del problema satisfacía en cierto modo a los itálicos y era aceptable también para los ciudadanos que ya gozaban de ese derecho. Debemos recordar él sistema de votación en la asam­blea popular: cada tribu votaba por separado y las decisiones se tomaban por una mayoría de los votantes de cada tribu y no por la de la totalidad de los votantes. Por consiguiente, si los aliados se agrupaban en ocho tribus, fuesen o no de nueva for­mación, recibían únicamente ocho votos, cualquiera que fuera el número de sus miembros, y los primeros ciudadanos romanos po­dían resolver sus asuntos exactamente como lo hacían anterior­mente. Agotada por la guerra, la mayoría de los itálicos aceptó esas condiciones. Además, también interesaba a los itálicos la expulsión de Mitridates de Grecia y Asia Menor, porque la mayo­ría de los comerciantes de Oriente eran itálicos y no ciudadanos romanos. Solo los samnitas rechazaron las proposiciones de Roma. Pero la guerra itálica, reducida ahora a un conflicto con los sam­nitas, comenzó a decaer, permitiendo que Roma iniciara sus ope­raciones sistemáticas contra Mitridates.

Tal era la situación de Roma cuando surgió una cuestión que no tenía gran importancia en sí misma, pero que se discutió tan acaloradamente que acabó en una furiosa guerra civil. La cuestión en disputa era qué general y qué ejército debía mandarse al Orien­te. La respuesta constitucional era bastante simple; se debía nom­brar, echándolo a suertes, uno de los dos cónsules designados para el 88 a. C. La suerte recayó sobre Lucio Cornelio Sila, el héroe de la última fase de la guerra itálica, cuyo ejército victorioso es­taba acampado en Campania. Se trataba de un nombramiento afortunado porque Sila era un hábil general y, además, muy es­timado por sus soldados. Por otra parte, era un enemigo del partido demócrata y se oponía al otorgamiento de más concesiones a los itálicos. Esto era suficiente para prender la llama de la dis­cordia. Contrariando todas las tradiciones, el partido demócrata presentó un candidato propio: ese candidato era Mario, el gran héroe popular, el que salvó a Roma de los cimbrios y los teutones. Basándose en la doctrina de Graco, de que la soberanía del pueblo se extendía a los asuntos exteriores, los demócratas, apoyados por Sulpicio Rufo, un hábil político, presentaron ante la asamblea popular una proposición pidiendo que el mando se diera a Mario; también trataron de conseguir el pleno apoyo de los itálicos, que odiaban a Sila, mediante la concesión de plenos derechos de ciuda­danía romana.


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Amenazado dé muerte, Sila se vio obligado a ceder; huyó de Roma y se refugió en Campania, en donde acampaba su ejército.. Su causa parecía totalmente perdida. Pero las legiones de Cam­pania lo apoyaban; estaban seguras de que Sila las habría conducido a una campaña provechosa y fácil en Oriente y después po­drían volver a Italia para establecerse en las ricas tierras tomadas a los itálicos. Pero ahora se desvanecían todas esas esperanzas. Si Mario iba al Oriente no los llevaría consigo. Solo quedaba una única solución: podían obligar a Roma a someterse a las decisiones de las legiones, iniciar la primera revolución militar. Era necesario apresurarse, porque cada día de demora hacía más dudoso el éxito. Las preocupaciones del deber fueron echadas a un lado; en la guerra itálica, los soldados romanos se habían acostumbrado a luchar contra sus hermanos. El general y el ejército decidieron dirigirse rápidamente hacia Roma. Solo los oficiales quedaron atrás. La ciudad fue tomada por asalto; aun­que Mario consiguió escapar, los jefes del partido de la oposición fueron aniquilados y se anularon las nuevas leyes democráticas.

Después de esta fácil victoria sobre su rival, Sila tenía ante sí dos caminos. Podía quedarse en Italia y prepararse para la guerra civil que era inevitable, o bien dejar a Italia librada a su propia suerte y dirigirse a Oriente para volver victorioso, con mayores recursos y un ejército fiel dispuesto a ejecutar todas sus órdenes. Se decidió por la segunda solución. Si se hubiera que­dado en Italia es problemático que sus tropas continuaran apoyán­dole. Antes de salir hacia Grecia y Asia, tomó rápidamente algunas medidas de reforma, una anticipación del programa completo que debía restablecer y confirmar el predominio del Senado.

Inmediatamente después de su marcha, el poder pasó a manos de sus rivales. La dirección de los asuntos se concentró en las manos de los demócratas, conducidos por Mario y Ciña. El pri­mero aplastó la resistencia del Senado con el apoyo de las fuerzas que quedaron en Italia y los habitantes de las ciudades itálicas. Entonces comenzó el largo período de terror que tan a menudo se había de repetir en tiempos posteriores. Por centenares eran ase­sinados los enemigos de la democracia, por una simple delación o sospecha, sin juicio y sin investigación. Todas las víctimas eran senadores o caballeros. La masacre fue ejecutada en parte por bandas de esclavos, a quienes Ciña, el segundo jefe del partido demócrata, había libertado. El propio Ciña se vio obligado a dar muerte con el tiempo a esos ejecutores, utilizando destacamentos de soldados galos. Los años 88 y 87 a. C. se dedicaron a esta masa­cre de enemigos. Mario y Ciña fueron elegidos cónsules para el año siguiente. Mario murió al primer mes de su consulado.

Entretanto, Sila había arrojado a Mitridates de Grecia y también tenía que defenderse contra L. Valerio Flaco, el sucesor de Mario en el consulado, que había sido enviado al Oriente al frente de un ejército para que luchara, al mismo tiempo, contra Mitridates y Sila. Aunque la guerra con el rey no había terminado, los asuntos de Italia obligaron a Sila, después de restaurar el dominio romano en Grecia y Asia Menor, a negociar una paz con condiciones que eran aceptables para el rey del Ponto, pero muy poco halagadoras para Roma. Hecho esto, Sila obligó a ren­dirse al ejército romano rival; éste se había amotinado contra Flaco y lo había muerto; ahora estaba mandado por Fimbria, el cuestor que había promovido el motín. Sila había realizado la misión que le llevó al Oriente. Mitridates quedaba paralizado, al menos por algún tiempo, y el ejército, dueño de un rico botín, pensaba en los donativos de tierras en Italia que solo Sila le podía dar. El saqueo había puesto en sus manos inmensas can­tidades de dinero y el dominio de Oriente le aseguraba un su­ministro seguro de nuevos recursos. A pesar de ciertas proposi­ciones del Senado, era inevitable la reanudación de la guerra civil. Y Sila estaba preparado para ello.

Los demócratas también estaban preparados. Confiaban prin­cipalmente en el apoyo de los itálicos y, en especial, de los sam­nitas. El choque comenzó el 85 a. C. Durante todo el año si­guiente se intentó evitar que Sila desembarcara en Italia. Las tentativas fallaron e Italia se convirtió, una vez más, en escenario de una despiadada guerra civil que duró don años. Al final, los demócratas fueron totalmente vencidos; no habían sabido poner sus fuerzas bajo un mando único ni tampoco conservar la lealtad del ejército ciudadano. Si bien los itálicos permanecieron fieles, en cambio las legiones formadas de ciudadanos desertaban conti­nuamente, poniéndose bajo la bandera de Sila. La guerra terminó con dos batallas feroces, una, en Preneste, en el Lacio, y la otra, al pie de las murallas de Roma, en la que los ciudadanos romanos y aliados, en especial, los samnitas, fueron muertos por decenas de millares. Citaré una sola anécdota para mostrar la fría crueldad con la que Sila disponía de sus enemigos. Después de tomar Roma, se celebró una reunión en el Senado, el 3 de noviembre del 83 a. C. Viendo que los senadores se horrorizaban ante los gritos que ve­nían de un edificio vecino, Sila interrumpió su discurso para decir: "Continuemos con nuestros asuntos, senadores; solo se trata de un reducido número de rebeldes a quienes se está matando por orden mía". La verdad era que en ese edificio se estaba asesinando a 8. 000 samnitas a quienes Sila había prometido el perdón.

El conquistador siguió el reciente ejemplo de los demócratas, exterminando de un modo salvaje a sus opositores políticos y utilizando los mismos procedimientos que aquéllos habían em­pleado. Pero todavía se añadió a esa ciega destrucción una deno­minación que pretendía hacer pasar esos hechos como actos legales. Se la llamó "proscripción". Sin previo juicio o investigación, sin ninguna prueba de culpabilidad, se exhibía públicamente lista tras lista de víctimas; se ofrecían recompensas a sus asesinos, fuesen éstos esclavos o libertos. El ejemplo que dio Sila fue seguido por no pocos imitadores posteriormente.

Sin embargo, los motivos que inspiraban a Sila no eran pura­mente sentimientos de crueldad o medios para consolidar su au­toridad personal. Al exterminar a los samnitas, su intención era acabar con la guerra itálica. Él creía que el terror era inevitable, si se quería que Italia fuese unificada y latinizada. Sus medidas eran eficaces; es indudable que el exterminio casi completo de los samnitas apresuró el proceso de latinización en el sur de Italia. Pero ¿no había la posibilidad de seguir otro método? No era una tarea difícil latinizar el desierto en que se había convertido gran parte del territorio samnita.

Además, Sila tenía otro motivo para realizar sus atrocidades: deseaba quitar todos los obstáculos que se opusieran a la introduc­ción de sus planeadas reformas. La parte esencial de su programa consistía en restaurar y aumentar el poder del Senado, y también mejorar el sistema de gobierno de las provincias. Como los tribu­nos eran los únicos opositores del Senado, los golpes de Sila se dirigieron principalmente contra ellos y contra su instrumento, las asambleas del proletariado, que pretendían ser asambleas del pue­blo romano. Sila se enfrentó con el proletariado privándolo del derecho a adquirir cereal barato; de este modo, confiaba en dete­ner su venida en masa a Roma. Aunque se consideraba que toda­vía los decretos de la plebe conservaban fuerza de ley, todas las medidas propuestas debían pasar previamente por el Senado para que éste las sancionara y después se sometían a la asamblea po­pular. Se limitó asimismo el derecho de veto que tenían los tribunos. De esta forma, el cargo perdió casi toda su importancia en asuntos políticos y solo conservó el derecho de ayudar indivi­dualmente a los plebeyos. Incluso, las asambleas de plebeyos perdieron virtualmente el derecho a reunirse para juzgar; la ma­yoría de los juicios criminales y políticos pasaban a tribunales permanentes especiales, compuestos por un pretor como presidente y senadores como jurados. El título de tribuno no solo era indesea­ble, sino realmente injurioso, ya que a los ex tribunos se les prohibía presentarse como candidatos a las máximas magistra­turas, de forma que no podían entrar en el Senado, ni mandar un ejército o gobernar una provincia.

La autoridad y las atribuciones del Senado aumentaron a costa de los tribunos y de la asamblea popular. Todos los derechos de que gozaba antes de la legislación de los Gracos se le devol­vieron. Para Sila, era evidente que el Senado podía gobernar un Estado universal, cosa que no estaba en condiciones de hacer el populacho romano. Mediante una serie de leyes, en las que se basó posteriormente la actividad de esa institución, el Senado se convirtió en la cabeza real del Estado y los magistrados eran sus servidores. Esas leyes definían rigurosamente el carácter ofi­cial de los magistrados y limitaban sus atribuciones. Se puso de nuevo en vigor una vieja ley del año 342 a. C, la cual exigía que debían pasar diez años antes de que se pudiera ejercer un cargo por segunda vez; se presentó una ley, inspirada en otra del 180 a. C, que fijaba la edad de los candidatos y el orden en que debían desempeñar sus funciones. Nadie podía ser cuestor antes de los treinta años de edad, ni pretor antes de los cuarenta. Se deter­minaba que debían transcurrir dos años antes de poder pasar de una magistratura a otra. De mayor importancia todavía era la disposición por la que se exigía que los magistrados debían per­manecer en Roma durante todo su mandato. Solo en casos excep­cionales y por expresa designación del Senado, los cónsules podían hacer la guerra en las provincias que le señalara la misma autori­dad. Todo cónsul o pretor era designado durante el año en que desempeñaba sus funciones para ejercer otro puesto más tarde, el cual solía ser el del gobierno de una provincia. Cuando cesaban en sus funciones de cónsules o pretores, pasaban a sus provincias en calidad de procónsules o propretores y allí permanecían hasta que fuera otro sucesor nombrado por el Senado. Como vemos, el control supremo de todo el Estado pertenecía al Senado. Cónsules y pretores eran sus fieles servidores, ya que solo esa institución podía designarlos para las provincias y ningún magistrado tenía atribuciones militares hasta que era gobernador de una de ellas. E incluso en la provincia, el gobernador continuaba en la misma situación de subordinación, ya que el Senado podía conceder o negar la continuación de su magistratura. También tenía atribu­ciones para otorgar o negar un triunfo, así como para convocarlo y pedirle cuentas por su conducta cuando expiraba el período de su mandato.

Además, las leyes de Sila devolvieron a los senadores sus poderes judiciales. Los jurados de los altos tribunales se escogían exclusivamente entre los senadores, quedando excluidos de esas funciones los caballeros. El peligro de que los procónsules o pro­pretores pudieran imponerse al Senado, como lo hizo el propio Sila, mediante una fuerza armada, quedó suprimido por una ley según la cual no podía haber ningún ejército en Italia y que los soldados al volver de las -provincias, debían deponer las armas y convertirse en civiles. A su vez, los propios procónsules que cruzaban los límites de la capital, perdían su poder militar y se convertían en simples ciudadanos como sus soldados. Así, la po­lítica de Sila no estribaba solamente en restablecer el poder del Senado; era, sobre todo, la primera tentativa de poner ese poder bajo la protección de la ley, legalizar la autoridad de la oligarquía de Roma, y poner una fuerte valla contra cualquier tentativa de colocar el poder de los tribunos y de la asamblea popular en oposición con el Senado.

Sila llevó a cabo todas estas reformas con el título de dictador "para la regulación de la comunidad" (rei publicae constituendae), escogido por el pueblo por -un tiempo ilimitado. En este sentido, Sila ejerció un poder autocrático. Como apoyo, contaba con 120. 000 soldados veteranos que había distribuido por toda Italia, en aquellas ciudades cuya población había sido casi aniquilada durante la guerra social y en tierras confiscadas a las personas sospechosas de ser simpatizantes demócratas. Esos veteranos re­cibieron grandes parcelas de tierra y formaron la capa superior y gobernante de las ciudades itálicas. Desde este punto de vista, Sila estaba realizando, en cierta medida, la obra de los Gracos. Pero su finalidad no era restablecer el viejo campesinado itálico sino la de crear o, más bien, fortalecer una clase de pequeños propietarios. En Roma lo apoyaban 40. 000 esclavos liberados que tomaron todos su nombre gentilicio y se los llamaba Cornelii; probablemente esos esclavos habían pertenecido a los demócratas que él había condenado a muerte. Su número es una muestra de la inmensa riqueza que acumuló Sila; también sus partidarios hicieron enormes fortunas. Todas esas riquezas, producto del robo legalizado, se dilapidaron tan rápidamente como se habían adqui­rido. Por supuesto sus poseedores, así como los veteranos y los nuevos libertos, eran los más celosos defensores del dictador.

Sin embargo, el propio Sila consideraba su poder autocrático como un recurso temporal y nunca alimentó la idea de conservarlo toda su vida. No era ambicioso y además creía que la constitución oligárquica a la que él había dado forma legal duraría mucho tiempo. Por eso, cuando completó sus reformas, renunció a su magistratura y abandonó Roma, estableciéndose en el sur de Italia (año 78 a. C). Allí vivió, sin dedicarse a la actividad pública, pero no por mucho tiempo; murió antes de que transcurriera un año desde su retiro.

 





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