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Roma en la primera mitad del siglo IV y comienzos
M. Rostovtzeff

En el libro ROMA De los orígenes a la última crisis

Después de la invasión gala, Roma estuvo en condiciones de contener cualquier movimiento de los galos hacia el sur, gracias a la vigorosa cooperación de las comunidades latinas. Poco a poco, Roma fue extendiendo sus posesiones en Etruria y se enfrentó, como ya hemos visto, con los volscos y los ecuos, sus peligrosos vecinos de las colinas latinas. Finalmente, Roma se anexó el país volsco, en donde se fundaron una serie de colonias militares, así como también en Etruria. Después de esas victorias, el territorio de Roma y de la liga latina era de unos 7. 500 km2 de tierras, cultivadas en su mayor parte. Dentro de esos límites, Roma era el poder supremo y predominante. Desde el siglo IV a. C, sus magistrados superiores eran los presidentes de la liga latina. Al mismo tiempo, Roma entró en contacto político directo con los samnitas y los griegos, las dos potencias principales en el sur de la península. En esa época, los samnitas eran dueños de la Campania y for­maban la clase superior de la población en las ciudades de ese territorio. Aprovechándose de la debilidad de los griegos, que se habían negado a apoyar al imperio de Siracusa fundado por Dio­nisio, los samnitas se esforzaban en apoderarse de los puertos del sur, tales como Ñapóles y Tarento, los cuales todavía desempeñaban un papel importante. También reforzaron su posición en Apu­lia. Dados los objetivos que perseguían, sus intereses coincidieron por algún tiempo con los de Roma, para la cual, a su vez, tenía gran importancia el mantenimiento de la paz en la frontera sur mientras estaba luchando con galos, etruscos y volscos en la primera mitad del siglo TV. Esto explica la alianza entre Roma y una confederación de pueblos samnitas; pero, desgraciadamente, no sabemos exactamente cuando se hizo esa alianza ni cuánto tiempo duró.

La alianza demostró su importancia en un momento crítico de la historia de Roma, cuando ésta se vio obligada a luchar con sus vecinas y aliadas, las ciudades latinas. Como ya se ha señalado, desde el siglo IV, los otros miembros de la liga latina habían dependido por completo de Roma, tanto en los asuntos militares como en los políticos. Mientras sintieron la amenaza de los galos en el norte y de los volscos en el sur, esas ciudades se sometieron con docilidad a la hegemonía militar de Roma, pero, cuando se desva­neció el peligro, intentaron asegurarse" más derechos y mayor independencia. Esto condujo a una grave contienda en que los latinos fueron ayudados por los volscos y los de Campania; la guerra terminó con la derrota completa de los latinos el año 338 a. C. La mayoría de las ciudades latinas fueron incorporadas al territorio romano y la liga latina dejó de existir. A partir de ese momento, las principales ciudades latinas y sabinas, en especial Preneste y Tibur, estaban ligadas a Roma solamente por acuerdos separados. Sin embargo, Roma mostró una gran generosidad al fijar sus relaciones con los aliados vencidos. Los latinos gozaron en Roma de los mismos derechos sociales y económicos que los ciudadanos romanos; incluso podían obtener la ciudadanía en el caso de que emigraran y adquiriesen domicilio dentro del terri­torio romano.

Después de la guerra latina, Roma fue la mayor potencia militar en Italia, más fuerte y más sólida que la moribunda liga de las ciudades etruscas o que la alianza de las tribus samnitas, que eran bastante fuertes pero que no tenían una verdadera unidad política, sin hablar de combinaciones más débiles tales como las de Umbría y las tribus sabinas, con sus alianzas esporádicas. El territorio romano llegaba a 12. 000 km1, con una población de medio millón de habitantes por lo menos. Roma y el Lacio habían tenido siempre relaciones con las ciudades griegas y semigriegas de Campania, en particular con Capua y Ñapóles. Tarento, pre­sionada por los samnitas, había pedido la ayuda de Alejandro, rey de Epiro, y éste casi logró unificar el sur de Italia bajo su bandera; pero en un crítico momento, Tarento lo traicionó y Ale­jandro fue derrotado por los samnitas. Este acontecimiento y la conquista de Campania por los samnitas hicieron muy difícil la situación de Ñapóles: ésta también se hallaba amenazada por la garra samnita y no vio otro medio de liberarse de ella que buscar la alianza con Roma. Esa alianza implicaba una guerra de Roma contra los samnitas, pero, por otra parte, ofrecía una perspectiva de predominio en la rica Campania y el establecimiento de unos lazos sólidos y permanentes con el mundo griego. Roma contaba también con las ciudades samnitas helenizadas de Cam­pania; como una ayuda considerable en la lucha venidera, de hecho, la mayoría de ellas, encabezadas por la rica y poderosa Capua, con­certaron una alianza con Roma en 334 a. C. La aristocracia de esas ciudades, aunque era samnita, estaba helenizada y vio en la alianza con Roma un apoyo para su propia posición privilegiada, que probablemente perdería si las ciudades de Campania fuesen ocupadas por nuevos inmigrantes de Samnio. Los nuevos ocupantes usurparían probablemente la posición que ahora disfrutaban sus compatriotas, los primeros conquistadores de Campania. Finalmente, Roma se aseguró la neutralidad de Cartago, renovando, en 348 a. C, el tratado comercial y militar que se había celebrado anteriormente entre ambos Estados.

La primera guerra samnita comenzó en 325 a. C. y, al prin­cipio, tomó la forma de una contienda por el predominio político de Campania. Fue una guerra larga y tenaz. Aprovechando la difícil situación de Roma, los etruscos procuraron recobrar su posición política en el norte de Italia. Esta guerra en dos frentes duró más de veinte años (hasta el 304 a. C. ). Aunque los samnitas derrotaban una y otra vez a fuertes ejércitos romanos, sin embargo, al final, gracias a la tenacidad de Roma y a la solidez de su liga con las ciudades latinas, aquéllos se vieron obligados a concluir una paz en condiciones muy favorables para Roma. Los samnitas tuvieron que renunciar a sus pretensiones sobre Campa­nia y los etruscos debieron entregar algunas ciudades más de su frontera sur. Pero la paz de 304 no podía durar. La fuerza de los samnitas estaba todavía intacta; además, las tribus y ciudades independientes latinas advirtieron entonces que la alianza con Roma representaba, en última instancia, su absorción gradual por esa potencia y todas ellas estaban dispuestas a defender, con la espada en la mano, su libertad. Roma, claramente había puesto al descubierto su política respecto a sus vecinos que todavía' seguían libres cuando se anexó el territorio de los ecuos y una considerable parte del Tíber superior. En 298 a. C, se formó una gran coalición contra Roma, en la que se incluían no solo los etruscos y los samnitas, sino también los galos del norte de Italia. Roma dio la batalla a esta coalición y derrotó de una manera aplastante a los galos en Sentino, Umbría, el año. 295 a. C. Luego se enfrentó metódicamente con los miembros de la coalición por separado. En el año 280 a. C estaba en condiciones de obligar a casi todas las tribus samnitas y a todas las ciudades etruscas a entrar en alianza con ella y confiscó considerables porciones de su territorio, declarándolas propiedad del pueblo romano. Los sabinos fueron incorporados finalmente al Estado romano y se les hizo ciudadanos, pero sin derecho al voto en la asamblea popular. Los galos fueron rechazados, al valle del Po tras una serie de sangrien­tas batallas.

Las condiciones bajo las cuales los samnitas y etruscos fueron incluidos en la alianza romana eran aproximadamente las mismas que se habían aplicado a los latinos; Roma hacía un tratado por separado con cada tribu o ciudad, pero a ninguna le permitía concluir otros acuerdos. Esas ciudades y tribus de Samnio y Etruria conservaban su propio gobierno, pero debían someterse al control político de Roma. Vivían y se gobernaban con sus propias cos­tumbres y leyes; tenían sus propios magistrados y sacerdotes, y su propio territorio, pero sus tropas debían ser puestas entera­mente a las órdenes de los magistrados romanos y, en caso de guerra, formaban parte del ejército de Roma, bajo el mando su­premo de los cónsules romanos o de sus sustitutos, los pretores. Esos nuevos aliados resultaban menos favorecidos que los latinos. Aunque tenían el derecho de realizar transacciones comerciales (commercium) en territorio romano y esas transacciones estaban protegidas por la ley, difícilmente tenían derecho a adquirir pro­piedades en territorio romano; no todos ellos gozaban del derecho de connubium, es decir, de contraer nupcias con romanos; incluso estableciéndose en Roma, no adquirían la ciudadanía sin permiso especial de la asamblea popular.

Para asegurar su predominio en Italia, Roma hizo uso de las tierras cedidas por sus rivales, que se habían convertido en pro­piedad del pueblo romano (ager publicas o ager Romanus). Los ciudadanos romanos cultivaban esas tierras sobre las cuales ejer­cían plena posesión. Al formar parte del territorio de la ciudad, esos ciudadanos se incorporaron a las tribus en que se dividía el primitivo territorio romano. Se adoptaron diferentes métodos de colonización en los diferentes lugares. En los puntos más impor­tantes, donde había buenos puertos en las costas y a lo largo de las vías militares que cruzaban el país, se construyeron fortalezas guarnecidas con ciudadanos romanos, a los que les asignó una con­siderable extensión de tierra pública para su cultivo. Esas plazas fortificadas recibieron el nombre de colonias romanas. Había también muchos establecimientos fortificados conocidos como co­lonias latinas, en donde los colonos eran en parte ciudadanos y en parte latinos. Finalmente, grandes porciones de tierras de reciente adquisición se arrendaban o, simplemente, se daban a los ciudadanos que se establecían allí con granjas particulares. Los inmigrantes de Roma se unían en grupos para honrar a los dioses romanos o para intercambiar los productos que cultivaban. Pronto se crearon centros de reunión llamados conciliábulo, o jora —mer­cados—; los artesanos y comerciantes se establecieron en ellos y lo que al principio solo había sido un mercado se convirtió en un conglomerado de tipo urbano.

Cuando la supremacía de Roma se extendió al sur de Italia, las ciudades griegas se enfrentaban con el dilema de someterse o resistir. Algunas de ellas, Ñapóles, por ejemplo, no vio otra solu­ción que la de someterse y entrar en alianza con Roma. Los griegos de Sicilia eran impotentes para ayudarla. Cierto es que, en un momento dado, pareció que Sicilia había logrado de nuevo la unión y la fuerza de tiempos de Dionisio. Agátocles, ciudadano de Sira-cusa, hombre de gran habilidad, se autodesignó tirano de la ciudad y comenzó una campaña afortunada contra los cartagineses, en el curso de la cual, casi conquistó Cartago y, finalmente, estableció su propio poder en el este de Sicilia. Como ya lo había hecho Dio­nisio, se dirigió inmediatamente al sur de Italia y procuró extender su influencia allí. Anexionó Brutio y parte de Apulia a su imperio siciliano; pero, en 289 a. C, la muerte puso un límite a sus hazañas y dejó libres las manos a los romanos. Tarento era la potencia predominante en el sureste de Italia. Esta rica comunidad mercan­til poseía un extenso territorio y mantenía constantes relaciones comerciales con Grecia, a la que suministraba granos y otros pro­ductos necesarios para su población. En su lucha contra las tribus samnitas de sus fronteras y los mesapios de Apulia, Tarento había recibido repetidamente la ayuda del reino de Epiro, de Sicilia y de Esparta, cuyos reyes y tiranos habían venido muchas veces a Italia para combatir en favor de Tarento contra su enemigo prin­cipal, las tribus samnitas de Lucania. Sabemos que Arquidamo, rey de Esparta, estuvo por allí el año 338 a. C, Alejandro, rey de Epiro (como ya dijimos anteriormente), en 331, Cleónimo de Esparta, en 303, Agátocles, en 300 a. C.

Al terminar la segunda guerra samnita, el ámbito de la alianza romana llegó hasta el país de los mesapios en Apulia y el territorio de las tribus samnitas en Brutio y Lucania, hasta el último refugio de la libertad en Italia y hasta los vecinos inmediatos de las ciuda­des griegas. Esas tribus vieron con tanta claridad como los griegos que ahora les había llegado el turno a ellos y que debían someterse a Roma o luchar contra ella. Turios tomó la primera solución, Tarento, la segunda. En 281 a. C, en alianza con lucanos, brutios y mesapios, Tarento comenzó la guerra contra Roma. Pero los aliados, conscientes de su debilidad militar, pidieron ayuda, en 280 a. C., a Pirro, rey de Epiro, comandante hábil y político ambi­cioso, que desempeñó un papel importante en la historia del mundo griego después de la muerte de Alejandro. Como muchos de sus contemporáneos, sucesores de Alejandro Magno, ese rey soñaba con restaurar la poderosa monarquía de Alejandro y, pora llevar a cabo ese proyecto, su primera tarea fue apoderarse de Mace-donia, que había pasado de mano en mano después de la muerte del conquistador. Pero la fuerza de Pirro resultó insuficiente para sus ambiciosos planes y Pirro sufrió fracaso tras fracaso en su polí­tica griega.


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De allí que Pirro aceptara sin vacilación la oferta de Tarento de tomar el mando supremo en la contienda con los romanos. Esperaba reunir bajo sus banderas a los griegos de Italia y Sicilia y, de este modo, hacer en el Occidente lo que Alejandro había logrado en Oriente: crear un poderoso imperio griego que pudiera dominar a Roma y Cartago y, luego, llevar a todas las fuerzas armadas de Occidente a la conquista de Oriente. Pero era su sino que ese sueño no se realizara. Tarento y los griegos de Italia no fueron lo bastante fuertes como para infligir a Roma un golpe decisivo. A pesar de dos batallas afortunadas, que tuvieron lugar en los años 280 y 279 a C, Pirro no pudo mantenerse en Italia. Tam­bién fracasó en su intento de asegurarse una base en Sicilia; obtuvo victorias contra los cartagineses, pero el separatismo de las ciuda­des griegas resultó fatal para sus planes. Al final, después de una tercera batalla contra los romanos en 275 a. C, se vio obligado a abandonar Italia y dejar que Tarento siguiera su propio destino. De este modo, Roma había terminado su tarea de unificación en Italia. Solo los lucanos y los brutios conservaron su libertad por algún tiempo; el resto de Samnio se sometió finalmente a Roma y quedó privado de lo mejor de su territorio. La sumisión de los galos en el norte de Italia era ahora mera cuestión de tiempo, aunque exigiría grandes gastos y esfuerzos.

Roma se había convertido en el Estado más extenso y sólido del mundo occidental. La alianza romana ocupaba unos 25. 000 km2 de Italia,, desde el Rubicón en el norte hasta el estrecho de Mesina en el sur, con una población de no menos de cuatro millones de habitantes. Solo una quinta o, tal vez, cuarta parte de su territorio estaba habitada por ciudadanos romanos; pero en los problemas de la política o de la guerra, toda la alianza formaba una sola unidad, controlada por el pueblo, el Senado y los magistrados de Roma,

Su éxito en la lucha por el dominio político de Italia se debió, sin duda, al hecho de que la dirección de los asuntos políticos es­taba completamente organizada sobre una sólida base. El cuerpo de ciudadanos, que aumentaba constantemente y se hacía cada vez más compacto, constituía el fundamento de su sistema. Dentro del territorio de la ciudad, la tierra pertenecía a los pequeños propie­tarios; las grandes propiedades eran excepcionales. Esos labrado­res cultivaban ellos mismos sus tierras, juntamente con su familia y unos pocos esclavos. La misma forma de propiedad rural se introdujo en los territorios tomados a los aliados. Las colonias romanas y latinas consistían en grupos de pequeños propietarios, y las parcelas que se concedieron a los nuevos y viejos ciudadanos en las diversas partes de Italia eran de extensión reducida. Y. así, una vasta mayoría de los ciudadanos romanos eran campesinos que cultivaban sus tierras con sus propias manos.

Sin embargo, la forma de gobierno en el Estado romano no era democrática. Lo mismo que ocurría en el siglo V y comienzos del IV, la dirección de los asuntos públicos estaba limitada a un grupo de antiguas y ricas familias que pertenecían casi exclusivamente a la vieja nobleza patricia. A partir de las leyes de Licinio, de 367 a. C, Cualquier ciudadano era elegible para el consulado y otra serie de leyes posteriores abrió los otros cargos a patricios y plebeyos por igual, pero el pueblo persistía en elegir sus dirigentes entre un pequeño grupo de familias. Cuando expiraba el período de su cargo, los ex magistrados pasaban a ser miembros del Senado.

Esta tendencia de los electores se debía principalmente a la fuerza de la costumbre y, también, al sentimiento general de que el gobierno requería un conocimiento y una experiencia especiales, que el ciudadano corriente no poseía y que habían ido formándose durante siglos en las grandes familias. Además, los servicios públi­cos, como en Grecia, no eran remunerados, de manera que solo los ciudadanos más ricos podían ejercerlos. Por último, tenía gran importancia el hecho de que cada familia influyente estuviera ro­deada tradicionalmente por un grupo de personas relacionadas con ella. Los clientes, cuando se convertían en ciudadanos libres y propietarios de tierra, conservaban la relación legal y religiosa con su antiguo señor. Desde el punto de vista de la religión ro­mana estos lazos eran inviolables, cualesquiera que fueran las relaciones económicas entre el cliente y el patrono. Éste estaba obligado a presentarse ante los tribunales y defender a su cliente; el cliente ayudaba al patrono cuando éste tenía que dar a su hija en matrimonio, salir en campaña ó en otras ocasiones. La relación. era valiosa para ambas partes y, en la asamblea popular, el cliente votaba, naturalmente, por su patrono o por los amigos o candi­datos de aquél. A medida que aumentaba la influencia de las gran­des familias, se incrementó también el número de sus clientes. Los ciudadanos pobres luchaban por obtener el honor de ser incluidos entre los clientes de una casa noble o influyente, porque tal posi­ción les aseguraba apoyo y asistencia en las pruebas y contratiem­pos de la vida.

La misma relación existía entre los plebeyos; también ellos tenían su propia aristocracia y sus propios patronos y clientes. Los plebeyos influyentes que eran elegidos tribunos guardaban su rela­ción con los electores y continuaban defendiendo sus intereses incluso después de terminado el período de su cargo. Cuando los plebeyos consiguieron la igualdad ciudadana, esa aristocracia ple­beya ejercía tanta influencia en la comunidad como los mismos pa­tricios y, juntamente con estos últimos, formaba la aristocracia romana que gobernaba el Estado. Pero las familias que poseían gran cantidad de clientes y cuya relación con otras familias influ­yentes era más amplia se hallaban por encima de los demás. Cuan­to mayor era el número de cónsules, sacerdotes y senadores que salían de una familia, tanto más aumentaban sus clientes ¡y su influencia política. Por eso, podemos ver en la lista de los magistrados romanos que la aristocracia, en general, está fuertemente representada y los nombres de algunas familias se repiten muy a menudo.

El número de esas familias fue aumentando poco a poco. La vieja nobleza no era exclusiva. Al admitir en sus filas a personas que no eran de ascendencia noble, los patricios, para conservar su influencia, no solo concluyeron alianzas familiares y políticas con los plebeyos más ricos y distinguidos, sino que también las hicieron con ciudadanos ilustres de las comunidades latinas e itá­licas que antes habían sido independientes, y eran descendientes de antiguos reyes y magistrados de alta categoría. Túsculo envió a Roma las famosas familias de los Fulvios, Mamilios, Coruncanios y más tarde, los Porcios; los Plautios procedían de Tíbur y Preneste; los Atilios, de Campania; los Ogulnios de Etruria y los Otacilios de Samnio. Junto con las viejas y principescas casas de Roma —Fabios, Emilios, Cornelios y Julio— y los más eminentes plebeyos, a cuyas filas se unían a menudo, integraron la aristo­cracia gobernante.

Tampoco se puede considerar a la asamblea popular como una institución puramente democrática. El poder supremo del Estado correspondía a este cuerpo; elegía a los magistrados y apro­baba las leyes; votaba la paz o la guerra, disponía de la renta y anulaba o confirmaba la sentencia de muerte contra los ciudada­nos. Después de la reforma que se atribuye a Servio, era diferentes al sistema ateniense, en el que cada ciudadano emitía su voto individualmente y. al final, se sumaban los votos emitidos. Como ya hemos visto anteriormente, los ciudadanos romanos se dividían en cinco clases de acuerdo con la propiedad que poseían. Luego, cada clase se dividía en un número fijo de centurias. En la vota­ción, la mayoría de los votos emitidos en una centuria se compu­taba como voto de la centuria y la mayoría de votos de las centurias era decisiva, a diferencia de Atenas, en donde se consideraba deci­siva la pluralidad de votos individuales. Pero también el cuerpo de ciudadanos se distribuía desigualmente entre las centurias. Los ciudadanos más ricos, que formaban la primera clase y eran gene­ralmente patricios, se dividían en ochenta centurias y con ellos votaban también las dieciocho centurias de caballeros, que también pertenecían a la primera clase. Como todas las clases restantes estaban divididas en noventa y cinco centurias, resultaba que una mayoría de votos en la asamblea popular correspondía a los ciuda­danos de la primera clase, independientemente de su número. Ade­más, las centurias de la primera clase votaban en primer lugar y, en caso de unanimidad, no continuaba la votación. Finalmente, la asamblea popular solo podía reunirse cuando la convocaba el magistrado. En la reunión no había debates y los ciudadanos no podían poner a votación una proposición que no estuviera previa­mente sancionada por los magistrados y el Senado.

Por otra parte, la constitución romana tampoco se puede con­siderar como puramente aristocrática. He dicho ya que el conjunto de los ciudadanos estaba dividido entonces en treinta y cinco tribus de acuerdo con el lugar de su domicilio; que habían conquistado, en los siglos V y IV, el derecho de elegir tribunos como representantes suyos y de celebrar sus propias asambleas, de las que quedaban excluidos los patricios. Los tribunos eran los defensores del pueblo, gozaban del derecho de inviolabilidad y podían usar de su derecho de veto para anular el decreto de un magistrado. También tenían atribuciones para convocar asambleas de plebeyos, presentar a debate y tomar medidas concernientes al Estado en su totalidad y no solo sobre asuntos plebeyos, y comunicar esas decisiones (ple­biscita) a los magistrados. En el año 287 a. C, los plebeyos gana­ron mediante una "huelga" política otra nueva concesión, que sus decisiones como las de la asamblea popular, en la que se votaba por centurias, tuvieran fuerza de ley. Algunas cuestiones, tales como declaraciones de guerra o de paz y la elección de otros magis­trados que no fueran tribunos, estaban fuera de su competencia, pero, salvo esas excepciones, su poder legislativo era ilimitado.

Pero el pueblo no quiso aprovecharse de las facilidades que se le presentaban para democratizar la constitución. Satisfecho con la victoria de 287 a. C, que le garantizaba iguales derechos que a los patricios, renunció a ser una fuerza agresiva en política y dejó el gobierno del Estado a la nueva aristocracia de patricios y ple­beyos. El pueblo hizo esto porque la lucha entre los órdenes no era una lucha para democratizar la constitución, sino para conseguir derechos económicos y sociales definidos. Dos grupos de familias influyentes, apoyados cada uno de ellos por sus clientes, llevaron el peso de la lucha. Cuando los plebeyos resultaron victoriosos, sus caudillos no tuvieron ningún deseo de continuar la contienda. Después de lograr un estatuto social y económico tolerable, no tra­taron de obtener cambios radicales en la constitución, aumentando las atribuciones de la asamblea popular a expensas de los magis­trados y del Senado. Tales ideas no habían entrado en su cabeza; habían combatido únicamente para obtener iguales derechos que los patricios en los asuntos políticos, económicos y sociales.

Los verdaderos gobernantes del Estado eran los magistrados: comandantes del ejército, presidentes de la asamblea popular y del Senado, jueces, tesoreros e intermediarios entre el Estado y los dioses. El ejército de ciudadanos los elegía por un año mediante votación por centurias. Los dos cónsules eran los magistrados supremos. El pueblo daba a cada uno de ellos el imperium, es de­cir, el pleno mando civil y militar. En caso de desacuerdo entre los dos, no se podía ejecutar el decreto de un cónsul; el poder negativo de un colega anulaba el mando del otro. A medida que los asuntos públicos se complicaban, el pueblo elegía magistrados menores, con un rango inferior a los cónsules. Esos magistra­dos eran los pretores, que mandaban el ejército y actuaban como jueces; los cuestores, encargados de las finanzas, y los ediles, que velaban por el cuidado de las calles y edificios de la ciudad. En la vida pública, tenían gran importancia unos magistrados especiales que se elegían en intervalos irregulares, generalmente una vez cada cinco años y que debían desempeñar su cargo durante dieciocho meses: se llamaban censores y tenían como obligación hacer el censo de los ciudadanos y distribuirlos en centurias y clases, según su domicilio. Poco a poco, se les fueron acumulando otras obliga­ciones: llenaban las vacantes que se producían en el Senado; con­trolaban los ingresos y fijaban los gastos para los cinco años siguientes; y actuaban como supervisores de la moral privada, con el derecho a expulsar del Senado y del cuerpo de caballeros a todas las personas que de algún modo se hubieran expuesto a esa medida. Cada grupo de magistrados, incluso los cónsules, constaba de dos o más personas y formaba un collegium.

El Senado era el cuerpo que asesoraba a los cónsules. Como ya he dicho anteriormente, en los primeros tiempos de la historia romana, el Senado representaba a un grupo de familias gobernan­tes y conservaba ese carácter en el siglo IV a. C. El número normal de los miembros era de trescientos. Los cónsules y, más tarde, los censores formaban parte de sus filas. El cargo era vitalicio. Los magistrados no tenían reglamentos o leyes que les guiasen en el nombramiento de senadores, pero, poco a poco, se introdujo la costumbre de que todos los ex magistrados, a menos que hubiera alguna razón para su exclusión, debían tener asiento en el Senado. De este modo, el Senado vino a representar a la totalidad do los ciudadanos. Sin embargo, ya hemos visto que el pueblo prefería escoger como magistrados y, por consiguiente como senadores, a los miembros de las familias nobles romanas.

Toda la inmensa importancia que el Senado adquirió en la vida pública de Roma se basaba más en la costumbre que en los derechos constitucionales. La constitución no escrita únicamente garantizaba la existencia del Senado como la fuente y el guardián del poder que ejercían los magistrados. En el caso de que ambos cónsules muriesen o fuesen hechos prisioneros, su imperium "vol­vía a los padres", es decir, al Senado, según reza una antigua norma política romana. Entonces, el Senado nombraba entre sus miembros un interrex, para convocar a una asamblea que eligiera nuevos cónsules. El Senado no podía reunirse a menos que fuese convocado por un cónsul; la discusión y el voto estaban limitados a las medidas propuestas por el cónsul y sus decisiones, llamadas senatus consulta, o "consejos del Senado" no obligaban al presi­dente. Pero la importancia e influencia del Senado eran tales qué los cónsules constantemente lo consultaban; casi siempre seguían sus "consejos" y raramente llevaban ante la asamblea una pro­puesta que el Senado no hubiera aprobado previamente. Así, el Senado era el verdadero gobernante de Roma, mientras que los cónsules y los otros magistrados eran sus órganos ejecutivos. Esto se debía, en parte, al profundo respeto que el pueblo tenía por el Senado y, en parte también, a la continuada existencia de esa ins­titución mientras que los cónsules solo permanecían en sus cargos doce meses. Además, cónsules y senadores pertenecían a la misma clase. Para un cónsul no resultaba fácil ni provechoso oponerse al Senado.

Los colegios sacerdotales también desempeñaron una impor­tante función en los asuntos públicos. El ingreso a esos cuerpos estaba abierto a todos los ciudadanos, en virtud de la misma con­cesión que los patricios habían hecho en el caso de las magistraturas civiles. El Estado iba concentrando en sus propias manos, a un ritmo creciente, la vida religiosa de la comunidad así como sus asuntos políticos y económicos. La relación de los ciudadanos con los dioses estaba fijada con precisión y se establecieron reglas bien claras para comunicarse con el cielo por medio de los colegios sacerdotales especiales, que guardaban la ley divina (ius divinum) y asistían y aconsejaban a los magistrados en asuntos religiosos. Ya he hablado de los diversos colegios. El principal de ellos era todavía el que lo había sido en los primitivos días de Roma, el Colegio de los Pontífices, un cuerpo de personas que conocían exac­tamente todos los pormenores de la ley religiosa y del código secular, estrechamente ligado a aquélla. Ellos determinaban el tiempo y modo de los principales actos del culto religioso; eran los guardianes de la antigua tradición histórica. La vida pública de Roma era inseparable de la religión: cada acto del Estado comen­zaba y acababa con una ceremonia religiosa, y la parte religiosa de los procedimientos era tan importante como la parte secular. El imperium o poder ejecutivo de los magistrados estaba estrecha­mente relacionado con su derecho exclusivo a averiguar la volun­tad de los dioses mediante los auspicios; a solicitar, en nombre de la comunidad, su protección; y finalmente, a aplacarlos cuando su descontento o su cólera se hubiesen manifestado por señales o prodigios. En esas condiciones, tenía mucha importancia para el Estado conocer la historia de sus relaciones con los dioses. Los pontífices tenían como misión registrar las memorias y éstas, eran, en la medida que se han conservado, los anales más antiguos de la vida religiosa... y política de Roma.

Ya hemos hablado del papel que desempeñaron los ciudadanos en conjunto. Cada ciudadano tenía sus derechos políticos, pero también sus deberes políticos. Los ciudadanos estaban obligados a defender al Estado sirviendo en el ejército, a entregar una parte de sus ingresos para satisfacer las necesidades del Estado y a dar su trabajo al Estado cuando así lo exigía la seguridad pública como, por ejemplo, en la construcción de murallas.

De este modo, a fines del siglo V y comienzos del IV a. C, Roma se convierte en un Estado poderoso y entra en el concierto de la política internacional del mundo civilizado. Ahora ya no era pura y exclusivamente una fuerte ciudad-Estado con una pobla­ción nutrida y rica; era también el centro de una gran confedera­ción de tribus itálicas y ciudades. Desde ese momento, Roma habla no rolo en nombre de sus propios ciudadanos, sino también en el de una poderosa confederación cuyos miembros habían asimilado, en mayor o menor escala, los resultados de la cultura generalmente difundida en aquel tiempo.

 





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