El fin del Milenio 2ª parte

EL FIN DEL MILENIO

ERIC HOBSBAWM
En el libro HISTORIA DEL SIGLO XX 1914-1991

IV

Considerándolos aisladamente, los problemas de la economía mundial resultan, con una excepción, menos graves. Aun dejándola a su suerte, la economía seguiría creciendo. De haber algo de cierto en la periodicidad de Kondratiev (véase la p. 94), debería entrar en otra era de próspera expansión antes del final del milenio, aunque esto podría retrasarse por un tiempo por los efectos de la desintegración del socialismo soviético, porque diversas zonas del mundo se ven inmersas en la anarquía y la guerra y, quizás, por una excesiva dedicación al libre comercio mundial, por el cual los economistas suelen sentir mayor entusiasmo que los historiadores de la economía. Sin embargo, las perspectivas de la expansión son enromes. La edad de oro, como hemos visto, representó fundamentalmente el gran salto hacia adelante de las “economías de mercado desarrolladas”, quizás unos veinte países habitados por unos 600 millones de personas (1960). La globalización y la redistribución internacional de la producción seguiría integrando a la mayor parte del resto de los 6.000 millones de personas del mundo en la economía global. Hasta los pesimistas congénitos tenían que admitir que esta era una perspectiva alentadora para los negocios.

La principal excepción era el ensanchamiento aparentemente irreversible del abismo entre los países ricos y pobres del mundo, proceso que se aceleró hasta cierto punto con el desastroso impacto de los años ochenta en gran parte del tercer mundo, y con el empobrecimiento de muchos países antiguamente socialistas. A menos que se produzca una caída espectacular del índice de crecimiento de la población del tercer mundo, la brecha parece que continuará ensanchándose. La creencia, de acuerdo con la economía neoclásica, de que el comercio internacional sin limitaciones permitiría que los países pobres se acercaran a los ricos va contra la experiencia histórica y contra el sentido común. (4) Una economía mundial que se desarrolla gracias a la generación de crecientes desigualdades está acumulando inevitablemente problemas para el futuro.

Sin embargo, en ningún caso las actividades económicas existen, ni pueden existir, desvinculadas de su contexto y sus consecuencias. Como hemos visto, tres aspectos de la economía mundial de fines del siglo XX han dado motivo para la alarma. El primero era que la tecnología continuaba expulsando el trabajo humano de la producción de bienes y servicios, sin proporcionar suficientes empleos del mismo tipo para aquellos a los que había desplazado, o garantizar un índice de crecimiento económico suficiente para absorberlos. Muy pocos observadores esperan un retorno, siquiera temporal, al pleno empleo de la edad de oro en Occidente. El segundo es que mientras el trabajo seguía siendo un factor principal de la producción, la globalización de la economía hizo que la industria se desplazase de sus antiguos centros, con elevados costes laborales, a países cuya principal ventaja —siendo las otras condiciones iguales— era que disponían de cabezas y manos a buen precio. De esto pueden seguirse una o dos consecuencias: la transferencia de puestos de trabajo de regiones con salarios altos a regiones con salarios bajos y (según los principios del libre mercado) la consiguiente caída de los salarios en las zonas donde son altos ante la presión de los flujos de una competencia global. Por tanto, los viejos países industrializados, como el Reino Unido, pueden optar por convertirse en economías de trabajo barato, aunque con unos resultados socialmente explosivos y con pocas probabilidades de competir, pese a todo, con los países de industrialización reciente. Históricamente estas presiones se contrarrestaban mediante la acción estatal, es decir, mediante el proteccionismo. Sin embargo, y este es el tercer aspecto preocupante de la economía mundial de fin de siglo, su triunfo y el de una ideología de mercado libre debilitó, o incluso eliminó, la mayor parte de los instrumentos para gestionar los efectos sociales de los cataclismos económicos. La economía mundial era cada vez más una máquina poderosa e incontrolable. ¿Podría controlarse? y, en ese caso, ¿quién la controlaría?

Todo esto produce problemas económicos y sociales, aunque en algunos países (como en el Reino Unido) son más inmediatamente preocupantes que en otros (como en Corea del Sur).

Los milagros económicos de la edad de oro se basaban en el aumento de las rentas reales en las “economías de mercado desarrolladas”, porque las economías basadas en el consumo de masas necesitaban masas de consumidores con ingresos suficientes para adquirir bienes duraderos de alta tecnología. (5) La mayoría de estos ingresos se habían obtenido como remuneración del trabajo en mercados de trabajo con salarios elevados, que empezaron a peligrar en el mismo momento en que el mercado de masas era más esencial que nunca para la economía. En los países ricos este mercado se estabilizó gracias al desplazamiento de fuerza de trabajo de la industria al sector terciario, que en general ofrecía unos empleos estables, y gracias también al crecimiento de las transferencias de rentas (en su mayor parte derivadas de la seguridad social y de las políticas de bienestar), que a fines de los años ochenta representaban aproximadamente un 30 por 100 del PNB conjunto de los países occidentales desarrollados. En cambio, en los años veinte esta cifra apenas alcanzaba un 4 por 100 del PNB (Bairoch, 1993, p. 174). Esto puede explicar por qué la crisis de la bolsa de Wall Street en 1987, la mayor desde 1929, no provocó una depresión del capitalismo similar a la de los años treinta.

Sin embargo, estos dos estabilizadores estaban ahora siendo erosionados. Al final del siglo XX corto los gobiernos occidentales y la economía ortodoxa coincidían en que el coste de la seguridad social y de las políticas de bienestar público era demasiado elevado y debía reducirse, mientras la constate disminución del empleo en el hasta entonces estable sector terciario —empleo público, banca y finanzas, trabajo de oficina desplazado por la tecnología— estaba a la orden del día. Nada de esto implicaba un peligro inmediato para la economía mundial, en la medida en que el relativo declive de los viejos mercados quedaba compensado por la expansión en el resto del mundo o bien porque la cifra global de personas que aumentaban sus rentas crecía a mayor velocidad que el resto. Para decirlo brutalmente, si la economía global podía descartar una minoría de países pobres, económicamente poco interesantes, podía también desentenderse de las personas muy pobres que vivían en cualquier país, siempre que el número de consumidores potencialmente interesantes fuera suficientemente elevado. Visto desde las impersonales alturas desde las que los economistas y los contables de las grandes empresas contemplaban el panorama, ¿quién necesitaba al 10 por 100 de la población cuyos ingresos reales por hora habían caído un 16 por 100 desde 1979?

Si una vez más nos situamos en la perspectiva global implícita en el modelo del liberalismo económico, las desigualdades del desarrollo son poco importantes a menos que se observe que los resultados globales que tales desigualdades producen son más negativos que positivos. (6) Desde este punto de vista no existe razón económica alguna por la cual, si los costes comparativos lo aconsejan, Francia no deba cerrar toda su agricultura e importar todos sus alimentos; ni para que, si fuera técnicamente posible y económicamente rentable, todos los programas de televisión del mundo no se hicieran en México D.F. Pese a todo, este no es un punto de vista que puedan mantener sin reservas quienes están instalados en la economía nacional, así como en la global, es decir, todos los gobiernos nacionales y la mayor parte de los habitantes de sus países. Y no se puede mantener sin reservas porque no se pueden obviar las consecuencias sociales y políticas de los cataclismos económicos mundiales.

Sea cual fuere la naturaleza de estos problemas, una economía de libre mercado sin límites ni controles no podría solucionarlos. En realidad empeoraría problemas como el del crecimiento del desempleo y del empleo precario, ya que la elección racional de las empresas que sólo buscan su propio beneficio consiste en: a) reducir al máximo el número de sus empleados, ya que las personas resultan más caras que los ordenadores, y b) recortar los impuestos de la seguridad social (o cualquier otro tipo de impuestos) tanto como sea posible. Y no hay ninguna buena razón para suponer que la economía de mercado libre a escala global pueda solucionarlos. Hasta la década de los años setenta el capitalismo nacional y el mundial no habían operado nunca en tales condiciones o, si lo habían hecho, no se habían beneficiado necesariamente de ello. Con respecto al siglo XIX se puede argumentar que “al contrario de lo que postula el modelo clásico, el libre comercio coincide con —y probablemente es la causa principal de— la depresión, y el proteccionismo es probablemente la causa principal de desarrollo para la mayor parte de los países actualmente desarrollados” (Bairoch, 1993, p. 164). Y en cuanto a los milagros económicos del siglo XX, éstos no se alcanzaron con el laissez-faire, sino contra él.

Es probable, por tanto, que la moda de la liberalización económica y de la “mercadización” que dominó la década de los ochenta y que alcanzó la cumbre de la complacencia ideológica tras el colapso del sistema soviético no dure mucho tiempo. La combinación de la crisis mundial de comienzos de los años noventa y del espectacular fracaso de las políticas liberales cuando se aplicaron como “terapia de choque” en los países antes socialistas hicieron que sus partidarios revisasen su antiguo entusiasmo. ¿Quién hubiera podido pensar que en 1993 algunos asesores económicos exclamarían “después de todo, quizá Marx tenía razón”? Sin embargo, el retorno al realismo tiene que superar dos obstáculos. El primero, que el sistema no tiene ninguna amenaza política creíble, como en su momento parecían ser el comunismo y la existencia de la Unión Soviética o, de un modo distinto, la conquista nazi de Alemania. Estas amenazas, como este libro ha intentado demostrar, proporcionaron al capitalismo el incentivo para reformarse. El hundimiento de la Unión Soviética, el declive y la fragmentación de la clase obrera y de sus movimientos, la insignificancia militar del tercer mundo en el terreno de la guerra convencional, así como la reducción en los países desarrollados de los verdaderamente pobres a una “subclase” minoritaria, fueron en su conjunto causa de que disminuyese el incentivo para la reforma. Con todo, el auge de los movimientos ultraderechistas y el inesperado aumento del apoyo a los herederos del antiguo régimen en los países antiguamente comunistas fueron señales de advertencia, y a principios de los años noventa eran vistas como tales. El segundo obstáculo era el mismo proceso de globalización, reforzado por el desmantelamiento de los mecanismos nacionales para proteger a las víctimas de la economía de libre mercado global frente a los costes sociales de lo que orgullosamente se describía como “el sistema de creación de riqueza... que todo el mundo considera como el más efectivo que la humanidad ha imaginado”.

Porque, como el mismo editorial del Financial Times (24-XII-1993) llegó a admitir:
Sigue siendo, sin embargo, una fuerza imperfecta... Casi dos tercios de la población mundial han obtenido muy poco o ningún beneficio de este rápido crecimiento económico. En el mundo desarrollado el cuartil más bajo de los asalariados ha experimentado más bien un aumento que un descenso.

A medida que se aproximaba el milenio, se vio cada vez más claro que la tarea principal de la época no era la de recrearse contemplando el cadáver del comunismo soviético, sino más bien la de reconsiderar los defectos intrínsecos del capitalismo. ¿Qué cambios en el sistema mundial serían necesarios para eliminar estos defectos? ¿Seguiría siendo el mismo sistema después de haberlos eliminado? Ya que, como había observado Joseph Schumpeter a propósito de las fluctuaciones cíclicas de la economía capitalista, estas fluctuaciones “no son, como las amígdalas, órganos aislados que puedan tratarse por separado, sino, como los latidos del corazón, parte de la esencia del organismo que los pone de manifiesto” (Schumpeter, 1939, I, V).

V

La reacción inmediata de los comentaristas occidentales ante el hundimiento del sistema soviético fue que ratificaba el triunfo permanente del capitalismo y de la democracia liberal, dos conceptos que los observadores estadounidenses menos refinados acostumbran a confundir. Aunque a fines del siglo XX corto no podía decirse que el capitalismo estuviera en su mejor momento, el comunismo al estilo soviético estaba definitivamente muerto y con muy pocas probabilidades de revivir. Por otra parte, a principios de los noventa ningún observador serio podía sentirse tan optimista respecto de la democracia liberal como del capitalismo. Lo máximo que podía predecirse con alguna confianza (exceptuando tal vez los regímenes fundamentalistas más inspirados por la divinidad) era que prácticamente todos los estados continuarían declarando su profundo compromiso con la democracia, organizando algún tipo de elecciones, manifestando cierta tolerancia hacia la oposición nacional y dando un matiz de significado propio a este término. (7)

La característica más destacada de la situación política de los estados era la inestabilidad. En la mayoría de ellos las posibilidades de supervivencia del régimen existente en los próximos diez o quince años no eran, según los cálculos más optimistas, demasiado buenas. E incluso en países con sistemas de gobierno relativamente estables —como Canadá o Bélgica— su existencia como estados unificados podía ser insegura en el futuro, como lo era la naturaleza de los regímenes que pudieran suceder a los actuales. En definitiva, la política no es un buen campo para la futurología.

Sin embargo, algunas características del panorama político global permanecieron inalterables. Como ya hemos señalado, la primera de estas características era el debilitamiento del estado-nación, la institución política central desde la era de las revoluciones, tanto en virtud de su monopolio del poder público y de la ley, como porque constituía el campo de acción política más adecuado para muchos fines. El estado-nación fue erosionado en dos sentidos, desde arriba y desde abajo. Por una parte, perdió poder y atributos al transferirlos a diversas entidades supranacionales, y también los perdió, absolutamente, en la medida en que la desintegración de grandes estados e imperios produjo una multiplicidad de pequeños estados, demasiado débiles para defenderse en una era de anarquía internacional. También, como hemos visto, estaba perdiendo el monopolio de la fuerza y de sus privilegios históricos dentro del marco de sus fronteras, como lo muestran el auge de los servicios de seguridad y protección privados y el de las empresas privadas de mensajería que compiten con los servicios postales del país, que hasta el momento eran controlados en todas partes por un ministerio.

Estos cambios no hicieron al estado innecesario ni ineficaz. En algunos aspectos su capacidad de supervisar y controlar los asuntos de sus ciudadanos se vio reforzada por la tecnología, ya que prácticamente todas las transacciones financieras y administrativas (exceptuando los pequeños pagos al contado) quedaban registradas en la memoria de algún ordenador; y todas las comunicaciones (excepto las conversaciones cara a cara en un espacio abierto) podían ser intervenidas y grabadas. Sin embargo, su situación había cambiado. Desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX, el estado-nación había extendido su alcance, sus poderes y funciones casi ininterrumpidamente. Este era un aspecto esencial de la “modernización”. Tanto si los gobiernos eran liberales, como conservadores, socialdemócratas, fascistas o comunistas, en el momento de su apogeo, los parámetros de las vidas de los ciudadanos en los estados “modernos” estaban casi exclusivamente determinados (excepto en las épocas de conflictos interestatales) por las acciones o inacciones de este estado. Incluso el impacto de fuerzas globales, como los booms o las depresiones de la economía mundial, llegaban al ciudadano filtradas por la política y las instituciones de su estado. (8) A finales de siglo el estado-nación estaba a la defensiva contra una economía mundial que no podía controlar; contra las instituciones que construyó para remediar su propia debilidad internacional, como la Unión Europea; contra su aparente incapacidad financiera para mantener los servicios a sus ciudadanos que había puesto en marcha confiadamente algunas décadas atrás; contra su incapacidad real para mantener la que, según su propio criterio, era su función principal: la conservación de la ley y el orden públicos. El propio hecho de que, durante la época de su apogeo, el estado asumiese y centralizase tantas funciones, y se fijase unas metas tan ambiciosas en materia de control y orden público, hacía su incapacidad para sostenerlas doblemente dolorosa.

Y sin embargo el estado, o cualquier otra forma de autoridad pública que representase el interés público, resultaba ahora más indispensable que nunca, si habían de remediarse las injusticias sociales y ambientales causadas por la economía de mercado, o incluso —como mostró la reforma del capitalismo en los años cuarenta— si el sistema económico tenía que operar a plena satisfacción. Si el estado no realiza cierta asignación y redistribución de la renta nacional, ¿qué sucederá, por ejemplo, con las poblaciones de los viejos países industrializados, cuya economía se fundamenta en una base relativamente menguante de asalariados, atrapada entre el creciente número de personas marginadas por la economía de alta tecnología, y el creciente porcentaje de viejos sin ningún ingreso? Era absurdo argumentar que los ciudadanos de la Comunidad Europea, cuya renta nacional per cápita conjunta había aumentado un 80 por 100 de 1970 a 1990, no podían “permitirse” en los años noventa el nivel de rentas y de bienestar que se daba por supuesto en 1970 (World Tables, 1991, pp. 8-9). Pero éstos no podían existir sin el estado. Supongamos —sin que este sea un ejemplo fantástico— que persisten las actuales tendencias, y que se llega a unas economías en que un cuarto de la población tiene un trabajo remunerado y los tres cuartos restantes no, pero que al cabo de veinte años esta economía produce una renta nacional per cápita dos veces mayor que antes. ¿Quién, de no ser la autoridad pública, podría y querría asegurar un mínimo de renta y de bienestar para todo el mundo, contrarrestando la tendencia hacia la desigualdad tan visible en las décadas de crisis? A juzgar por la experiencia de los años setenta y ochenta, ese alguien no sería el mercado. Si estas décadas demostraron algo, fue que el principal problema del mundo, y por supuesto del mundo desarrollado, no era cómo multiplicar la riqueza de las naciones, sino cómo distribuirla en beneficio de sus habitantes. Esto fue así incluso en los países pobres “en desarrollo” que necesitaban un mayor crecimiento económico. En Brasil, un monumento de desidia social, el PNB per cápita de 1939 era casi dos veces y medio superior al de Sri Lanka, y más de seis veces mayor a fines de los ochenta. En Sri Lanka, país que hasta fines de los setenta subvencionó los alimentos y proporcionó educación y asistencia sanitaria gratuita, el recién nacido medio tenía una esperanza de vida varios años mayor que la de un recién nacido brasileño, y la tasa de mortalidad infantil era la mitad de la tasa brasileña en 1969, un tercio de ella en 1989 (World Tables, 1991, pp. 144-147 y 524-527). En 1989 el porcentaje de analfabetismo era casi dos veces superior en Brasil que en la isla asiática.

La distribución social y no el crecimiento es lo que dominará las políticas del nuevo milenio. Para detener la inminente crisis ecológica es imprescindible que el mercado no se ocupe de asignar los recursos o, al menos, que se limiten tajantemente las asignaciones del mercado. De una manera o de otra, el destino de la humanidad en el nuevo milenio dependerá de la restauración de las autoridades públicas.

[pagebreak]
VI

Esto nos plantea un doble problema. ¿Cuáles serían la naturaleza y las competencias de las autoridades que tomen las decisiones —supranacionales, nacionales, subnacionales y globales, solas o conjuntamente? ¿Cuál sería su relación con la gente a que estas decisiones se refieren?

El primero es, en cierto sentido, una cuestión técnica, puesto que las autoridades ya existen y, en principio —aunque no en la práctica—, existen también modelos de la relación entre ellas. La Unión Europea ofrece mucho material digno de tenerse en cuenta, aun cuando cada propuesta específica para dividir el trabajo entre las autoridades globales, supranacionales, nacionales y subnacionales pude provocar amargos resentimientos en alguna de ellas. Sin duda las autoridades globales existentes estaban muy especializadas en sus funciones, aunque intentaban extender su ámbito mediante la imposición de directrices políticas y económicas a los países que necesitaban pedir créditos. La Unión Europea era un caso único y, dado que era el resultado de una coyuntura histórica específica y probablemente irrepetible, es probable que siga sola en su género, a menos que se construya algo similar a partir de los fragmentos de la antigua Unión Soviética. No se puede predecir la velocidad a que avanzará la toma de decisiones de ámbito internacional: sin embargo, es seguro que avanzará y se puede ver cómo operará. De hecho ya funciona a través de los gestores bancarios globales de las grandes agencias internacionales de crédito, las cuales representan el conjunto de los recursos de la oligarquía de los países ricos, que también incluyen a los más poderosos. A medida que aumentaba el abismo entre los países ricos y los pobres, parecía aumentar a su vez el campo sobre el que ejercer este poder global. El problema era que, desde principios de los setenta, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el respaldo político de los Estados Unidos, siguieron una política que favorecía sistemáticamente la ortodoxia del libre mercado, de la empresa privada y del comercio libre mundial, lo cual convenía a la economía estadounidense de fines del siglo XX como había convenido a la británica de mediados del XIX, pero no necesariamente al mundo en general. Si la toma de decisiones globales debe realizar todo su potencial, estas políticas deberían modificarse, pero no parece que esta sea una perspectiva inmediata.
El segundo problema no era técnico en absoluto. Surgió del dilema de un mundo comprometido, al final del siglo, con un tipo concreto de democracia política, pero que también tenía que hacer frente a problemas de gestión pública, para cuya solución no tenía importancia alguna la elección de presidentes y de asambleas pluripartidistas, aun cuando tampoco complicase las soluciones. Más en general, era el dilema acerca del papel de la gente corriente en un siglo que, acertadamente (al menos para los estándares prefeministas) se llamó “el siglo del hombre corriente”. Era el dilema de una época en la que el gobierno podía (debía, dirían algunos) ser gobierno “del pueblo” y “para el pueblo”, pero que en ningún sentido operativo podía ser un gobierno “por el pueblo”, ni siquiera por asambleas representativas elegidas entre quienes competían por el voto. El dilema no era nuevo. Las dificultades de las políticas democráticas (que hemos abordado en un capítulo anterior a propósito de los años de entreguerras) eran familiares a los científicos sociales y a los escritores satíricos desde que el sufragio universal dejó de ser una peculiaridad de los Estados Unidos.

Ahora los apuros por los que pasaba la democracia eran más acusados porque, por una parte, ya no era posible prescindir de la opinión pública, pulsada mediante encuestas y magnificada por los medios de comunicación; mientras que, por otra, las autoridades tenían que tomar muchas decisiones para las que la opinión pública no servía de guía. Muchas veces podía tratarse de decisiones que la mayoría del electorado habría rechazado, puesto que a cada votante le desagradaban los efectos que podían tener para sus asuntos personales, aun cuando creyese que eran deseables en términos del interés general. Así, a fines de siglo los políticos de algunos países democráticos llegaron a la conclusión de que cualquier propuesta para aumentar los impuestos equivalía a un suicidio electoral. Las elecciones se convirtieron entonces en concursos de perjurio fiscal. Al mismo tiempo los votantes y los parlamentos se encontraban constantemente ante la disyuntiva de tomar decisiones, como el futuro de la energía nuclear, sobre las cuales los no expertos (es decir, la amplia mayoría de los electores y elegidos) no tenían una opinión clara porque carecían de la formación suficiente para ello.

Hubo momentos, incluso en los estados democráticos, como sucedió en el Reino Unido durante la segunda guerra mundial, en que la ciudadanía estaba tan identificada con los objetivos de un gobierno que gozaba de legitimidad y de confianza pública, que el interés común prevaleció. Hubo también otras situaciones que hicieron posible un consenso básico entre los principales rivales políticos, dejando a los gobiernos las manos libres para seguir objetivos políticos sobre los cuales no había ningún desacuerdo importante. Como ya hemos visto, esto fue lo que ocurrió en muchos países durante la edad de oro. En muchas ocasiones los gobiernos fueron capaces de confiar en el buen juicio consensuado de sus asesores técnicos y científicos, indispensable para unos administradores que no eran expertos. Cuando hablaban al unísono, o cuando el consenso sobrepasaba la disidencia, la controversia política disminuía. Cuando esto no sucedía, quienes debían tomar decisiones navegaban en la oscuridad, como jurados ante dos psicólogos rivales, que apoyan respectivamente a la acusación y a la defensa, y ninguno de los cuales les merecen confianza.

Pero, como hemos visto, las décadas de crisis erosionaron el consenso político y las verdades generalmente aceptadas en cuestiones intelectuales, especialmente en aquellos campos que tenían que ver con la política. En los años noventa eran raros los países que no estaban divididos y que se sentían firmemente identificados con sus gobiernos (o al revés). Había aún, ciertamente, países cuyos ciudadanos aceptaban la idea de un estado fuerte, activo y socialmente responsable que merecía cierta libertad de acción, porque ésta se utilizaba para el bienestar común. Pero, lamentablemente, los gobiernos de fin de siglo respondían pocas veces a este ideal. Entre los países en que el gobierno como tal estaba bajo sospecha se encontraban aquellos modelados a imagen y semejanza del anarquismo individualista de los Estados Unidos —mitigado por los pleitos y la política de subsidios locales— y los mucho más numerosos en que el estado era tan débil o tan corrompido que sus ciudadanos no esperaban que produjese ningún bien público. Este era el caso de muchos estados del tercer mundo, pero, como se pudo ver en la Italia de los años ochenta, no era un fenómeno desconocido en el primero.

Así, quienes menos problemas tenían a la hora de tomar decisiones eran los que podían eludir la política democrática: las corporaciones privadas, las autoridades supranacionales y, naturalmente, los regímenes antidemocráticos. En los sistemas democráticos la toma de decisiones difícilmente podía sustraerse a los políticos, aunque en algunos países los bancos centrales estaban fuera del alcance de éstos y la opinión convencional deseaba que este ejemplo se siguiese en todas partes. Sin embargo, cada vez más los gobiernos hacían lo posible por eludir al electorado y a sus asambleas de representantes o, cuando menos, tomaban primero las decisiones y ponían después a aquéllos ante la perspectiva de revocar un fait accompli, confiando en la volatilidad, las divisiones y la incapacidad de reacción de la opinión pública. La política se convirtió cada vez más en un ejercicio de evasión, ya que los políticos se cuidaban mucho de decir aquello que los votantes no querían oír. Después de la guerra fría no resultó tan fácil ocultar las acciones inconfesables tras el telón de acero de la “seguridad nacional”. Pero es casi seguro que esta estrategia de evasión seguirá ganando terreno. Incluso en los países democráticos cada vez más y más organismos de toma de decisiones se van sustrayendo del control electoral, excepto en el sentido indirecto de que los gobiernos que nombran esos organismos fueron elegidos en algún momento. Los gobiernos centralistas, como el del Reino Unido en los años ochenta y principios de los noventa, se sentían particularmente inclinados a multiplicar estas autoridades ad hoc —a las que se conocía con el sobrenombre de quangos— que no tenían que responder ante ningún electorado. Incluso los países que no tenían una división de poderes efectiva consideraban que esta degradación tácita de la democracia era conveniente. En países como los Estados Unidos resultaba indispensable, ya que el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo hacía a veces poco menos que imposible tomar decisiones en circunstancias normales, por lo menos en público.

Al final del siglo un gran número de ciudadanos abandonó la preocupación por la política, dejando los asuntos de estado en manos de los miembros de la “clase política” (una expresión que al parecer tuvo su origen en Italia), que se leían los discursos y los editoriales los unos a los otros; un grupo de interés particular compuesto por políticos profesionales, periodistas, miembros de grupos de presión y otros, cuyas actividades ocupaban el último lugar de fiabilidad en las encuestas sociológicas. Para mucha gente el proceso político era algo irrelevante, o que, sencillamente, podía afectar favorable o desfavorablemente a sus vidas personales. Por una parte, la riqueza, la privatización de la vida y de los espectáculos y el egoísmo consumista hizo que la política fuese menos importante y atractiva. Por otra, muchos que pensaban que iban a sacar poco de las elecciones les volvieron la espalda. Entre 1960 y 19888 la proporción de trabajadores industriales que votaba en las elecciones presidenciales norteamericanas disminuyó en una tercera parte (Leighly y Naylor, 1992, p. 731). La decadencia de los partidos de masas organizados, de clase o ideológicos —o ambas cosas—, eliminó el principal mecanismo social para convertir a hombres y mujeres en ciudadanos políticamente activos. Para la mayoría de la gente resultaba más fácil experimentar un sentido de identificación colectiva con su país a través de los deportes, sus equipos nacionales y otros símbolos no políticos, que a través de las instituciones del estado.

Se podría suponer que la despolitización dejaría a las autoridades más libres para tomar decisiones. Sin embargo, tuvo el efecto contrario. Las minorías que hacían campaña, en ocasiones por cuestiones específicas de interés público, pero con mas frecuencia por intereses sectoriales, podían interferir en la plácida acción del gobierno con la misma eficacia —o incluso más— que los partidos políticos, ya que, a diferencia de ellos, cada grupo podía concentrar su energía en la consecución de un único objetivo. Además, la tendencia sistemática de los gobiernos a esquivar el proceso electoral exageró la función política de los medios de comunicación de masas, que cada día llegaban a todos los hogares y que demostraron ser, con mucho, el principal vehículo de comunicación de la esfera pública a la privada. Su capacidad de descubrir y publicar lo que las autoridades hubiesen preferido oculta, y de expresar sentimientos públicos que ya no se articulaban —o no se podían articular— a través de los mecanismos formales de la democracia, hizo que los medios de comunicación se convirtieran en actores principales de la escena pública. Los políticos los usaban y los temían a la vez. El progreso técnico hizo que cada vez fuera más difícil controlarlos, incluso en los países más autoritarios, y la decadencia del poder del estado hizo difícil monopolizarlos en los no autoritarios. A medida que acababa el siglo resultó cada vez más evidente que la importancia de los medios de comunicación en el proceso electoral era superior incluso a la de los partidos y a la del sistema electoral, y es probable que lo siga siendo, a menos que la política deje de ser democrática. Sin embargo, aunque los medios de comunicación tengan un enorme poder para contrarrestar el secretismo del gobierno, ello no implica que sean, en modo alguno, un medio de gobierno democrático.

Ni los medios de comunicación, ni las asambleas elegidas por sufragio universal, ni “el pueblo” mismo pueden actuar como un gobierno en ningún sentido realista del término. Por otra parte, el gobierno, o cualquier forma análoga de toma de decisiones públicas, no podría seguir gobernando contra el pueblo o sin el pueblo, de la misma manera que “el pueblo” no podría vivir contra el gobierno o sin él. Para bien o para mal, en el siglo XX la gente corriente entró en la historia por su propio derecho colectivo. Todos los regímenes, excepto las teocracias, derivan ahora su autoridad del pueblo, incluso aquellos que aterrorizan y matan a sus ciudadanos. El mismo concepto de lo que una vez se dio en llamar “totalitarismo” implicaba populismo, pues aunque no importaba lo que “el pueblo” pensase de quienes gobernaban en su nombre, ¿por qué se preocupaban para hacerle pensar lo que sus gobernantes creían conveniente? Los gobiernos que derivaban su autoridad de la incuestionable obediencia a alguna divinidad, a la tradición, o a la deferencia de los que estaban en el segmento bajo de la jerarquía social hacia los que estaban en su segmento alto, estaban en vías de desaparecer. Incluso el “fundamentalismo” islámico, el retoño más floreciente de la teocracia, avanzó no por la voluntad de Alá, sino porque la gente corriente se movilizó contra unos gobiernos impopulares. Tanto si “el pueblo” tenía derecho a elegir su gobierno como si no, sus intervenciones activas o pasivas, en los asuntos públicos fueron decisivas.

Por el hecho mismo de haber presentado multitud de ejemplos de regímenes despiadados y de otros que intentaron imponer por la fuerza el poder de las minorías sobre la mayoría —como el apartheid en Suráfrica—, el siglo XX demostró los límites del poder meramente coercitivo. Incluso los gobernantes mas inmisericordes y brutales eran conscientes de que el poder ilimitado no podía suplantar por sí solo los activos y los requisitos de la autoridad; un sentimiento público de la legitimidad del régimen, un cierto grado de apoyo popular activo, la capacidad de dividir y gobernar y, especialmente en épocas de crisis, la obediencia voluntaria de los ciudadanos. Cuando, como en 1989, esta obediencia les fue retirada a los regímenes del este de Europa, éstos tuvieron que abdicar, aunque contasen con el pleno apoyo de sus funcionarios civiles, de sus fuerzas armadas y de sus servicios de seguridad. En resumen, y contra lo que pudiera parecer, el siglo XX mostró que se puede gobernar contra todo el pueblo por algún tiempo, y contra una parte del pueblo todo el tiempo, pero no contra todo el pueblo todo el tiempo. Es verdad que esto no puede servir de consuelo para las minorías permanentemente oprimidas o para los pueblos que han sufrido, durante una generación o más, una opresión prácticamente universal.

Sin embargo todo esto no responde a la pregunta de cómo debería ser la relación entre quienes toman las decisiones y sus pueblos. Pone simplemente de manifiesto la dificultad de la respuesta. Las políticas de las autoridades deberían tomar en cuenta lo que el pueblo, o al menos la mayoría de los ciudadanos, quiere o rechaza, aun en el caso de que su propósito no sea el de reflejar los deseos del pueblo. Al mismo tiempo, no pueden gobernar basándose simplemente en las consultas populares. Por otra parte, las decisiones impopulares se pueden imponer con mayor facilidad a los grupos de poder que a las masas. Es bastante más fácil imponer normas obligatorias sobre las emisiones de gases a unos cuantos fabricantes de automóviles que persuadir a millones de motoristas para que reduzcan a la mitad su consumo de carburante. Todos los gobiernos europeos descubrieron que el resultado de dejar el futuro de la Unión Europea al arbitrio del voto popular era desfavorable o, en el mejor de los casos, impredecible. Todo observador serio sabe que muchas de las decisiones políticas que deberán tomarse a principios del siglo XXI serán probablemente impopulares. Quizá otra época relajante de prosperidad y mejora, similar a la edad de oro, suavizaría la actitud de los ciudadanos, pero no es previsible que se produzcan un retorno a los años sesenta ni la relajación de las inseguridades y tensiones sociales y culturales propias de las décadas de crisis.

Si, como es probable, el sufragio universal sigue siendo la regla general, parecen existir dos opciones principales. En los casos donde la toma de decisiones sigue siendo competencia política, se soslayará cada vez más el proceso electoral o, mejor dicho, el control constante del gobierno inseparable de él. Las autoridades que habían de ser elegidas tenderán cada vez más, como los pulpos, a ocultarse tras nubes de ofuscación para confundir a sus electores. La otra opción sería recrear el tipo de consenso que permite a las autoridades mantener una sustancial libertad de acción, al menos mientras el grueso de los ciudadanos no tenga demasiados motivos de descontento. Este modelo político, la “democracia plebiscitaria” mediante la cual se elige a un salvador del pueblo o a un régimen que salve la nación, se implantó ya a mediados del siglo XIX con Napoleón III. Un régimen semejante puede llegar al poder constitucional o inconstitucionalmente pero, si es ratificado por una elección razonablemente honesta, con la posibilidad de elegir candidatos rivales y algún margen para la oposición, satisface los criterios de legitimidad democrática del fin de siglo. Pero, sin embargo, no ofrece ninguna perspectiva alentadora para el futuro de la democracia parlamentaria de tipo liberal.

VII

Cuanto he escrito hasta aquí no puede decirnos si la humanidad puede resolver los problemas a los que se enfrenta al final del milenio, ni tampoco cómo puede hacerlo. Pero quizás nos ayude a comprender en qué consisten estos problemas y qué condiciones deben darse para solucionarlos, aunque no en qué medida estas condiciones se dan ya o están en vías de darse. Puede decirnos también cuán poco sabemos, y qué pobre ha sido la capacidad de comprensión de los hombres y las mujeres que tomaron las principales decisiones públicas del siglo, y cuán escasa ha sido su capacidad de anticipar —y aún menos de prever— lo que iba a suceder, especialmente en la segunda mitad del siglo. Por último, quizá este texto confirme lo que muchas personas han sospechado siempre: que la historia —entre otras muchas y más importantes cosas— es el registro de los crímenes y de las locuras de la humanidad. Pero no ayuda a hacer profecías.

Sería, por tanto, un despropósito terminar este libro con predicciones sobre qué aspecto tendrá un paisaje que ahora ha quedado irreconocible con los movimientos tectónicos que se han producido en el siglo XX corto, y que quedará más irreconocible aún con los que se están produciendo actualmente. Tenemos ahora menos razones para sentirnos esperanzados por el futuro que a mediados de los ochenta, cuando este autor terminaba su trilogía sobre la historia del siglo XIX largo (1789-1914) con estas palabras:
Los indicios de que el mundo del siglo XXI será mejor no son desdeñables. Si el mundo consigue no destruirse con, por ejemplo, una guerra nuclear, las probabilidades de ello son bastante elevadas.

Sin embargo, ni siquiera un historiador cuya edad le impide esperar que en lo que queda de vida se produzcan grandes cambios a mejor puede, razonablemente, negar la posibilidad de que dentro de un cuarto de siglo, o de medio siglo, la situación sea más prometedora. En cualquier caso, es muy probable que la fase actual de interrupción de la guerra fría sea temporal, aun cuando parezca ser más larga que las épocas de crisis y desorganización que siguieron a las dos grandes guerras mundiales “calientes”. Pero debemos tener en cuenta que esperanzas o temores no son predicciones. Sabemos que, más allá de la opaca nube de nuestra ignorancia y de la incertidumbre de los resultados, las fuerzas históricas que han configurado el siglo siguen actuando. Vivimos en un mundo cautivo, desarraigado y transformado por el colosal proceso económico y técnico-científico del desarrollo del capitalismo que ha dominado los dos o tres siglos precedentes. Sabemos, o cuando menos resulta razonable suponer, que este proceso no se prolongará ad infinitum. El futuro no sólo no puede ser una prolongación del pasado, sino que hay síntomas externos e internos de que hemos alcanzado un punto de crisis histórica. Las fuerzas generadas por la economía técnico-científica son lo bastante poderosas como para destruir el medio ambiente, esto es, el fundamento material de la vida humana. Las propias estructuras de las sociedades humanas, incluyendo algunos de los fundamentos sociales de la economía capitalista, están en situación de ser destruidas por la erosión de nuestra herencia del pasado. Nuestro mundo corre riesgo a la vez de explosión y de implosión, y debe cambiar.

No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este punto y —si los lectores comparten el planteamiento de este libro— por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad.

1 Podría tal vez sugerirse una correlación inversa. Antes de 1938 Austria nunca destacó por su éxito económico, aunque en aquella época poseía una de las escuelas de teoría económica más prestigiosas del mundo. Sin embargo, tras la segunda guerra mundial su éxito económico fue considerable, pese a que entonces ya no disponía de ningún economista de reputación internacional. Alemania, que rehusó reconocer en sus universidades el tipo de teoría económica que se enseñaba en el mundo entero, no pareció resentirse por ello. ¿Cuántos economistas coreanos y japoneses aparecen citados regularmente en la American Economic Review? Sin embargo, el reverso de este argumento quizá sea Escandinavia, socialdemócrata, próspera y llena de economistas teóricos respetados internacionalmente desde finales del siglo XIX.
2 Entre éstos he contado a quienes se definían como pentecostalistas, miembros de la Iglesia de Dios, testigos de Jehová, adventistas del Séptimo Día, de las Asambleas de Dios, de las Iglesias de la Santidad, “renacidos” y “carismáticos”.
3 En 1949 Ivan Ilyin (1882-1954), ruso exiliado y anticomunista, predijo las consecuencias de intentar una imposible “subdivisión territorial rigurosamente étnica” de la Rusia posbolchevique. “Partiendo de los presupuestos más modestos, tendríamos una gama de “estados” separados, ninguno de los cuales tendría un ámbito territorial incontestado, ni gobierno con autoridad, ni leyes, ni tribunales, ni ejército, ni una población étnicamente definida. Una gama de etiquetas vacías. Y poco a poco, en el transcurso de las décadas siguientes, se irían formando mediante la separación o la desintegración nuevos estados. Cada uno de ellos debería librar una larga lucha con sus vecinos por su territorio y su población, en lo que acabaría siendo una interminable serie de guerras civiles dentro de Rusia” (citado en Chiesa, 1993, pp. 34 y 36-37).
4 El ejemplo de las exportaciones de algunos países industrializados del tercer mundo (Hong-Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur) que siempre sale a relucir afecta a menos del 2 por 100 de la población del tercer mundo.
5 Muchos no se han dado cuenta de que todas las economías desarrolladas, excepto los Estados Unidos, enviaron una parte menor de sus exportaciones al tercer mundo en 1990 que en 1938. En 1990 los países occidentales (incluyendo los Estados Unidos) enviaron menos de una quinta parte de sus exportaciones al tercer mundo (Bairoch, 1993, cuadro 6.1, p. 75).
6 Lo cual puede observarse, de hecho, con frecuencia.
7 Así, un diplomático de Singapur argumentaba que los países en vías de desarrollo harían bien en “posponer” la democracia pero que, cuando ésta llegase, sería menos permisiva que las democracias de tipo occidental, y más autoritaria, poniendo más énfasis en el bien común que en los derechos individuales, que tendrían un solo partido dominante y, casi siempre, una burocracia centralizada y un “estado fuerte” (Mortimer, 1994, p. 11).
8 Así, Bairoch sugiere que la razón por la cual el PNB suizo per cápita cayó en los años treinta mientras que el de los suecos creció —pese a que la Gran Depresión fue mucho menos grave en Suiza— se explica por el amplio abanico de medidas socioeconómicas adoptadas por el gobierno sueco, frente a la falta de intervención de las autoridades federales suizas (Bairoch, 1993, p. 9).